- Pero el 24.6 por ciento de los encuestados preferiría que vuelvan apagones
Nohelia González yMirna Velá[email protected]
El 38.3 por ciento de los nicaragüenses está de acuerdo con el incremento en la tarifa de energía eléctrica para los clientes que consumen más de 150 kilowatts-hora, según revela la encuesta realizada por la firma consultora M&R, cuyo trabajo de campo fue realizado los días 3 y 4 de junio.
Los encuestadores consultaron a nicaragüenses mayores de 16 años, sobre si estaban de acuerdo con el alza en la tarifa eléctrica o si preferían los apagones generalizados antes que pagar más, a lo que el 38.3 por ciento de las 778 personas consultadas dijo estar de acuerdo con el alza, y el 24.6 por ciento optó por los apagones.
Los resultados de la muestra, con un 95 por ciento de confiabilidad, refieren que el 28.9 por ciento no eligió ninguna de las opciones, y el 8.3 por ciento respondió que “no sabe”.
El Presidente de la República, Enrique Bolaños, decretó el pasado 30 de mayo, luego de continuos apagones, un estado de emergencia económica que agudizó la batalla política entre los poderes Legislativo y Ejecutivo.
Paralelo al decreto de emergencia, Bolaños autorizó un incremento del 11.83 por ciento en la tarifa de la energía para todos los hogares que consumen más de 150 kilowatts/hora por mes.
SOBRE EL DECRETO
Al preguntarles sobre la declaración de estado de emergencia económica, el 25.6 por ciento de los consultados por M&R respondió que la medida, anunciada por Bolaños el Día de la Madre, fue “buena”.
El 6.2 por ciento considera que fue “excelente”, pero el 26 por ciento no se atrevió a calificar el decreto presidencial ni como bueno ni como malo.
El 25.5 por ciento cree que decretar el estado de emergencia económica fue “malo”, el 14.1 por ciento lo valoró como medida “pésima” y el 2.7 por ciento dijo “no saber”.
EFECTOS GENERALES
La decisión del Ejecutivo de minimizar la resolución del Tribunal de Apelaciones de Managua, que mandó a suspender el incremento en la tarifa de energía aprobado por el presidente Enrique Bolaños, fue objetada ayer por el magistrado Gerardo Rodríguez, uno de los firmantes de la sentencia.
El pasado fin de semana, el Ejecutivo anunció que, según un análisis hecho por el Gobierno, la resolución de Apelaciones sólo cubre a las cuatro personas que introdujeron el recurso de amparo en contra de la medida del Presidente.
Sin embargo, para los magistrados de la Sala Civil Dos de Apelaciones, esta postura es equivocada porque en este caso se trata de un decreto presidencial que tiene efectos generales sobre todos los usuarios del servicio eléctrico.
“Para el Tribunal, los efectos del recurso están determinados precisamente por esa naturaleza de ese decreto”, dijo Rodríguez, quien insistió en que la sentencia es válida para todas las personas.
Refirió que no existe ninguna excepción en cuanto al cumplimiento de las sentencias, porque éstas no pueden quedar al arbitrio de las personas, las instituciones, de las partes o de los funcionarios.
NO PUEDE HABER AUMENTO
Para el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Martínez, la lógica jurídica indica que la suspensión del acto ordenado por Apelaciones, implica que no puede haber aumentos a las tarifas, y continúa suspensa el alza.
La discusión al respecto se trasladó a la Sala Constitucional de la Corte Suprema, la que en un plazo de 60 días determinará si acepta o no el recurso de amparo contra la medida del presidente Bolaños.
Aunque el magistrado Rodríguez reconoció que, según la Ley de Amparo, este tipo de recursos tiene su efecto únicamente sobre los recurrentes, expuso que existen sentencias anteriores dictadas por la misma Corte Suprema en las que cuando se trata de un hecho que perjudica a la población, los efectos son generales.
Los diputados que introdujeron el amparo contra el incremento de la tarifa energética fueron el jefe de la bancada liberal Enrique Quiñónez y los también liberales María Haydée Osuna, Roberto Sánchez Torres y José Castillo Osejo.
El alza del 11.83 por ciento en la factura de la luz fue aprobada por el presidente Bolaños en el contexto del estado de emergencia económica decretado el lunes 30 de mayo, y que el mismo Presidente derogó antes del mediodía del jueves dos de abril, la semana pasada.
