- Vendieron de forma ilegal
800 manzanas, en la carretera
nueva a León, afectando a 250
familias, a empresas y al Estado - Estafadores falsificaron
documentos de Catastro, del
Registro de la Propiedad, y además enjuiciaron a un muerto
Jorge Loáisiga Mayorga
Más de 800 manzanas de tierras, que incluyen propiedades del Estado y de particulares, ubicadas al oeste de la Cuesta del Plomo y a ambos lados de la carretera nueva a León, fueron vendidas a espaldas de sus propietarios por César Barahona Ruiz, a una sociedad denominada Urbanizadora Americana S.A. (Urbana S.A.), de la cual Barahona se hizo socio tras vender las propiedades que no le pertenecían.
Urbana S.A. es una sociedad de bienes raíces, constituida en enero del 2002 y los socios son Luis Adrián Pichardo Chávez, Edgar Khüll Leiva, Ersan García y Julio César Barahona Ruiz.
La abogada de Urbana S.A., Patricia Quintero, defendió a su representada alegando que “nosotros no hemos cometido fraude, fue por una gestión que nosotros hicimos ante el Bavinic que se descubrió esto; eso demuestra la buena fe de Urbana”.
LA PRENSA trató de entrevistar a César Barahona y en ninguna empresa telefónica aparecen registros de sus teléfonos. La abogada de Urbana, Patricia Quintero, prometió ponernos en contacto con él, pero hasta ayer no lo hizo.
Los inmuebles fueron vendidos a través de irregulares procedimientos en diferentes instituciones del Estado, como la Dirección de Catastro Físico del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), donde aumentaron las hectáreas; Catastro Fiscal del Ministerio de Hacienda, donde modificaron el monto de los impuestos; el Registro de la Propiedad, donde fueron inscritas sin corroborar la legalidad de los documentos; y el enjuiciamiento a un muerto, que supuestamente tenía una deuda con Barahona y se realizó la venta forzada de las propiedades, que inexplicablemente pasaron de 66 a más de 500 y posteriormente a más de 800.
Luis Gómez, de Catastro Físico del Ineter, reconoció a LA PRENSA que hubo violaciones a Ley de Catastro y su Reglamento por dos funcionarios del Ineter. Estos funcionarios son Nery Ramón Poveda, ex director de Mantenimiento de la Dirección de Catastro del Ineter, y Jorge Armando Ibarra Rivera, ex director de Actualización de la misma institución. Ninguno de ellos quiso brindar declaraciones a LA PRENSA sobre el caso.
Kamil Savanny, director de Catastro Fiscal del Ministerio de Hacienda, dijo el viernes que no podía hablar del caso, sino hasta hoy lunes.
Entre las personas e instituciones afectadas por la acción ilegal de venta de las propiedades, están unas 250 familias que habitan en el sector de Villa Soberana, cerca de Ciudad Sandino, pobladores de Bella Cruz, el ex alcalde de Managua, Roberto Cedeño, así como el Banco de la Vivienda (Bavinic), la Iglesia Católica, la Empresa de Transmisión Eléctrica (Entresa), la Empresa Metal Mecánica, S.A., el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Industrias Dacal, S.A. y la Fábrica de Escobas, entre otras.
El caso está siendo conocido por la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), la Policía Nacional, la Presidencia de la República.
Se espera que mañana martes se realice una reunión con todos los afectados, en la Procuraduría General de la República, para tranquilizarlos y decirles que en este caso tendrán todo el apoyo del Estado.
CON DOS DUEÑOS
La Fiscalía, la Procuraduría y la Presidencia de la República tratan de saber qué pasó en la cadena de transmisión de propiedades, para que se llegara a un punto donde todas las tierras afectadas aparezcan ahora con doble registro de dueños, los originales y el nuevo adquiriente, la empresa Urbana S.A. LA PRENSA consultó a la Fiscalía y a la Procuraduría y en ninguna de las instituciones obtuvimos una explicación sobre este caso.
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