María José Zamora
La propuesta de los diputados de reducción salarial hubiera sido completa si de la misma manera que pretenden eliminar las pensiones y megasalarios en los otros poderes del Estado, eliminaran las suyas. Si el salario neto de los ministros —que no son tantos como los diputados— fuera de 3,900 dólares, el de los parlamentarios no debería pasar de 1,500 dólares. Si pretenden establecer una relación salarial justa entre los diferentes puestos públicos, los diputados no califican para ganar lo mismo que los ministros porque estos últimos tienen una responsabilidad individual mucho mayor, y requieren tener preparación académica y especializada.
Para creer que es sincera la intención de la Asamblea Nacional de hacer una distribución más justa del presupuesto nacional, la mitad de los diputados debería renunciar o reducirse el sueldo a menos de dos mil dólares cada uno. Si como dijo el diputado Donald Lacayo en un programa televisivo, Nicaragua es un país de muertos de hambre donde no podemos estar “regalando” sueldos de 9,000 dólares o más, asumo que entenderán que tampoco se puede seguir regalándole 7,800 dólares a cada uno de los 90 diputados, quienes, en su mayoría, los pocos días que trabajan los dedican más a concretar arreglos políticos acordados por sus respectivos caudillos que a legislar en favor de Nicaragua.
Los diputados y diputadas deben demostrar con cifras exactas y no con explicaciones “cantinflescas” cuánto recibe cada uno en salario, exoneraciones de vehículos y otros beneficios adyacentes.
