Comparando el artículo Bomberos nicas se pisan mangueras, de la página 11A titulado De la fiesta a la hoguera (ambos de la edición No. 23226 del 29 de septiembre del corriente), considero fuera de lugar las afirmaciones del señor Mario Montiel, de la Dirección General de Bomberos, donde dice lamentar que la madrugada del 6 de octubre de 1991, cuando se dio el incendio donde murió el matrimonio Mejía Cano, llamaron al Benemérito Cuerpo de Bomberos para que mandara una ambulancia, la cual nunca llegó. Si se lee detenidamente, el primer artículo en mención señala que hasta el año 1992 el Gobierno de doña Violeta Chamorro, ordenó devolver las propiedades a los voluntarios del Benemérito Cuerpo de Bomberos, lo que representa varios meses después de la fecha de dicho incendio.
Por otro lado, en referencia al proyecto de ley introducido a la Asamblea Nacional por parte de la DGB, donde quieren hacer desaparecer a los voluntarios con el argumento que los de Gobernación controlen a los del Benemérito, pasando a cubrir las zonas donde los primeros no tienen presencia, considero que no beneficia en nada a la población, ya que estos últimos a pesar de sus limitaciones económicas brindan un servicio, sin esperar nada a cambio y por el contrario se debería buscar cómo apoyarlos económicamente como institución de servicios.
En cambio, lo que ha sucedido es más bien una campaña de mala información a la población ya que al menos el 50 por ciento de reportajes sobre emergencias atendidas por los bomberos aparecen fotos y entrevistas de miembros que son del Benemérito y que los ponen como pertenecientes a la DGB, vendiendo una imagen errónea que sólo los de Gobernación son “profesionales” y que son los únicos que atienden dichas emergencias.
Juan Carlos Carrión M.
