Marcela Sánchezwashingtonpost.com
Bien guardado en el portafolio abultado de Tom Ridge, el secretario de Gabinete encargado de asegurar que el territorio estadounidense no sea blanco de futuros ataques terroristas se encuentra la ambiciosa, aunque tácita meta de legitimar a millones de inmigrantes ilegales que ya están en este país.
Ni Ridge ni nadie en la Casa Blanca lo dirán públicamente, pero la lógica lo deja claro. Después de todo, los terroristas son personas y es entre personas –particularmente los 8 a 9 millones que viven acá sin un estatus legal– donde esos terroristas pueden camuflarse fácilmente.
Existen aquellos que aseguran que la legitimación no debiera ser opción para quienes no han mostrado respeto por las leyes de inmigración. Deportarlos, a todos y cada uno, o encarcelarlos y botar la llave. Eso le enviaría al mundo la advertencia debida.
Política y logísticamente, sin embargo, dichas soluciones son prácticamente imposibles. Agentes de Inmigración actualmente deportan un promedio de 407 criminales u otros extranjeros ilegales cada día. A ese ritmo, tomaría más de 50 años salir de todos los transgresores, la mayoría de ellos mexicanos. Así que, quiéranlo o no, de alguna forma millones deberán ser traídos al redil.
De hecho eso ya está pasando fuera del ámbito federal. Funcionarios consulares mexicanos en este país han estado emitiendo tarjetas de identificación –conocidas como matrículas consulares – a miles de mexicanos que viven acá ilegalmente. Las tarjetas en efecto documentan a los indocumentados. No proporcionan un cambio oficial de su situación migratoria pero ofrecen un asidero en la sociedad y abren puertas a algunos pocos servicios tales como cuentas bancarias.
Hoy en día ya 14 Estados y más de 900 departamentos de Policía y de alguaciles alrededor del país aceptan las matrículas como identificación legítima. A falta de alternativas, estos documentos han sido bien recibidos como herramientas para saber más exactamente quiénes recorren las calles de sus comunidades.
Este proceso local y estatal no ha pasado inadvertido ante el gobierno federal, el FBI y el propio Ridge. Apenas la semana pasada el FBI hizo la advertencia de que las matrículas son vulnerables al fraude y el abuso por parte de criminales y terroristas. No es para sorprenderse. Los terroristas del 11 de septiembre demostraron la vulnerabilidad incluso de los documentos estadounidenses.
Ridge, por su parte, dice que su principal preocupación es preservar la integridad de la matrícula. Públicamente, ha sido en general solidario con la idea de regularizar la situación de inmigrantes ilegales y esta semana le contó a un grupo de reporteros hispanos que como miembro del Congreso votó en 1986 a favor de la amnistía.
Así que la pregunta ahora es quién a nivel federal va a darle forma a ese proceso ya en marcha y que forma tomará a la larga. Washington podría deportar y arrestar a más inmigrantes pero eso perjudicaría a la seguridad nacional al provocar que millones de ilegales se oculten más en la sombra donde, los pocos entre ellos que tienen malas intenciones, resulten más difíciles de encontrar. O bien Washington podría actuar de acuerdo con los matices de la seguridad nacional de hoy en día al distinguir, como pareció hacerlo Ridge, entre aquellos que quieren destruir un modo de vida y aquellos que quieren hacerse parte de él.
El republicano Richard Lugar, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, pidió esta semana acabar con la renuencia a adoptar reformas positivas en inmigración. Algunos de sus colegas, republicanos y demócratas, ya están impulsando nuevos proyectos de ley para crear, por ejemplo, un programa de trabajadores huéspedes que uniría a muchos, ya aquí ilegales con empleadores interesados en contratarlos.
Otros, como Demetrios Papademetriou del Migration Policy Institute, un instituto de análisis en Washington, sugieren un proceso de matriculación estadounidense similar al que existe ahora para personas procedentes de países árabes. Aquellos que cooperen podrían recibir “con el tiempo la regularización de su estatus”, dijo.
Hasta ahora no hay un indicio claro de cómo, cuándo y si el Presidente Bush tomará la batuta en este asunto. Como todos los políticos y sus encuestadores lo saben, Bush y el Partido Republicano tendrían mucho que ganar si el mandatario diera pasos contundentes y concretos para regularizar la situación de inmigrantes ilegales hispanos. Tal gesto podría significarle al partido lo que le significó hace 140 años cuando Lincoln lo convirtió en el partido de los emancipados.
Pero en este momento y en esta Casa Blanca, donde las voces que prefieren las medidas punitivas en este asunto enmudecen a las voces conciliatorias con frecuencia, la legitimación podría ser ocultada más bajo el tapete. La renuencia a tomar tal riesgo político llevará más que todo a que se adopten medidas a medias. Y así, irónicamente, la falta de resolución política sobre inmigración pondrá en jaque a la seguridad y le hará el juego a los terroristas.
