Ary Neil Pantoja [email protected]
Abogados penalistas coinciden en que la seguridad ciudadana en Nicaragua va camino a privatizarse, al igual que la administración del Sistema Penitenciario Nacional; sin embargo, las autoridades policiales discrepan de esta visión, y ven en las empresas de seguridad privadas una ayuda para esa institución.
El debate surgió durante la teleconferencia brindada la noche del jueves por varios expositores, entre ellos, Iñaqui Rivera Beiras, de la Universidad de Barcelona, España, quien concluyó que en un futuro, quienes puedan pagar, “tendrán barrios seguros y no serán molestados por el sistema penal”, en referencia a la posibilidad de que la justicia penal sea privatizada.
El abogado penalista Silvio Grijalva, participante en la tele conferencia, dijo que un reciente estudio demuestra que entre todas las empresas de seguridad privadas tienen apenas 200 efectivos menos del total de miembros de la Policía Nacional, lo que a juicio de Grijalva evidencia que pronto la seguridad ciudadana podría estar en manos de particulares y constituirse en un negocio.
Con esta premisa, también coincide el penalista Sergio Cuarezma, quien aseguró que aquellas personas adineradas nunca serán molestadas por la justicia penal.
En tanto, el ex procurador especial penal Alberto Novoa señaló que lo de la privatización de la seguridad ciudadana no es un tema nuevo, pues su auge proviene de 1990.
Novoa expresó que ante la incapacidad de las autoridades estatales para dotar a las instituciones de recursos para operar, se podría llegar a una privatización de la seguridad.
Novoa fue más allá y dijo que hay esfuerzos por privatizar el sistema carcelario, y agregó que en algunos países de América Latina, incluyendo Nicaragua, ha habido esfuerzos por poner en manos de particulares la administración de las prisiones.
A su juicio, las cárceles se convertirían en un negocio cuya principal fuente de ingreso serían los reos.
POLICÍA LO VE COMO COOPERACIÓN
El Subdirector General de la Policía Nacional, comisionado general Francisco Bautista, dijo no creer en la privatización de la seguridad ciudadana, al tiempo que señaló que las empresas privadas contribuyen a la labor de la Policía.
“En Nicaragua debe darse la apertura para que ciertas personas con posibilidades (económicas) puedan financiar ciertos niveles de seguridad, pero regulado por el Estado, así se puede mejorar la seguridad de otros ciudadanos que no pueden pagar”, expresó.
A juicio de Bautista, “no porque en un país haya más presos, ese país es más seguro, eso es una falsedad”. Agregó que con base en el nuevo Código de Procedimiento Penal (CPP), en el primer trimestre de 2003 la cantidad de personas detenidas disminuyó en 54 por ciento en relación con el mismo período del año pasado.
Según Bautista, en el primer trimestre de 2002 la Policía registró 10,900 detenidos, y en el primer trimestre de 2003, reportan 5,300. Sin embargo, dijo, el índice delictivo se mantuvo “por otras circunstancias como el desempleo, los bajos salarios y demás influencias externas”, señaló Bautista.
