El Diario LA PRENSA, en su edición número 22799, de miércoles 24 de julio corriente, trae el titular “Botaron dinero de Salud”, en evidente referencia a la Administración del Sistema Local de Atención Integral Salud (Silais), cuando fungí como director de esa institución.
Esta supuesta imputación culmina con una campaña de conjeturas en donde se me hace aparecer como que derroché el erario.
El periodista José Adán Silva me manifestó que obran en su poder los resultados de una Auditoría Interna del Minsa donde existen hallazgos alarmantes sustentados en documentos, soportes, facturas y libros contables que fueron mutilados, quemados o sustraídos de la Administración Central del Silais. No me explico, estando mutilados, quemados o no obran en poder de esa Auditoría, como pueden aparecer resultados en contra mía.
La libertad de expresión es un objetivo constitucionalmente legitimado, pero no es irrestricto ni absoluto; tiene como límite la garantía del respeto a la honra, reputación e imagen, que es un derecho fundamental autónomo, superior a la libertad de expresión, y que bajo la figura del Hábeas Data (Artículo 46 Cn) me garantiza que sin mi consentimiento pueda conocerse cualquier resultado mientras no finalice la mencionada auditoría.
Estos documentos, hasta ahora privados y en resguardo supuestamente del auditor, han sido sustraídos ilegalmente, y como tal, ni siquiera pueden ser esgrimidos para fundamentar un hecho noticioso.
El mismo Diario LA PRENSA, en su edición del 5 de febrero del corriente año, en la gacetilla “Desfalco millonario al Minsa”, dijo que la señora Lucía Salvo, ministra de Salud (declaró): “la ministra omitió hace comentarios sobre la responsabilidad del ex director del Silais, Montenegro. Vamos a esperar los resultados de la auditoría a ver qué dice”.
Por su parte, Mauricio Lacayo, asesor legal del Minsa, según LA PRENSA dijo que lo que existe “es una presunción de desfalco”. No obstante, LA PRENSA me imputa directamente tal hecho ilícito por más que diga que fue una información a la que se tuvo acceso.
El irrespetar la honra, reputación e imagen de las personas con simples presunciones no es una labor informativa garantizada constitucional y legalmente, sino de denigración, habida consideración que en Acta No. 7 de las 2:35 p.m. del 26 de febrero del corriente año, la propia ministra al comparecer ante la Comisión de Salud, Seguridad Social y Bienestar de la Asamblea Nacional, manifestó que en ningún momento ella había dado tales informaciones a los medios, por lo que pedía disculpa de manera pública y expresa al diputado Montenegro.
Espero que LA PRENSA al referirse al tema lo haga cuando se hayan agotado todos los recursos administrativos posibles, pues de otra manera se estaría violentando la garantía fundamental de la presunción de inocencia, instituida constitucionalmente a mi favor.
Dr. Guillermo Montenegro
Diputado
