Janelys Carrillo Barrios y Juan Rodríguez [email protected]
La amenaza de expulsión que pende sobre la enfermera norteamericana Dorothy Virginia Granada, ha movilizado a las instituciones de derechos humanos del país y ha originado la repulsa de connotados expertos en jurisprudencia.
Mientras el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Benjamín Pérez Fonseca, declaró que el fin de semana viajará a Mulukukú e intentará reunirse con Granada, el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mariano Barahona, aseguró que el Ministro de Gobernación no puede expulsarla a menos que tenga una orden judicial.
El doctor Barahona manifestó que si el ingeniero Marenco tiene pruebas de que Granada practica actos ilícitos lo que debe hacer es abrirle proceso con las debidas garantías y no ordenar su expulsión, pues los únicos autorizados son los jueces y la Policía, y esta última, sólo si la sorprendiera cometiendo delitos de manera in fraganti.
A su juicio, lo actuado por Marenco es una muestra de la instrumentalización de las instituciones para satisfacer los deseos del presidente Arnoldo Alemán.
En tanto, el Procurador aseguró que realizarán la investigación pertinente y espera que a la brevedad, los ministros de Salud y Gobernación, así como los altos mandos de la Policía rindan el informe que él les solicitó, pues de no hacerlo sería “desacertado” y caerían en desacato.
El presidente de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), doctor Ignacio Díaz Brenes, coincidió con el doctor Alvaro Ramírez, juez ejecutor en el caso de la norteamericana Dorothy Virginia Granada, que hubo “a priori una violación a la garantía del debido proceso al no habérsele escuchado como persona aludida.”
Ramírez dijo que varios funcionarios de la ANPDH fueron enviados a Mulukukú para investigar las denuncias hechas por el ministro de Gobernación, José Marenco Cardenal contra la enfermera norteamericana.
