Oscar Espinosa Villarreal: La negra herencia de Zedillo

El caso del ex regente Oscar Espinosa Villarreal, quien es prófugo de la justicia mexicana ingresó a territorio nicaragüense cargando en efectivo un millón y medio de dólares y al parecer bajo la protección del gobierno de ese país centroamericano que regresaba así favores al presidente Ernesto Zedillo, se ha convertido en el primer escándalo que enfrenta el gobierno de Vicente Fox.

No obstante, la protección que siempre tuvo del gobierno de Zedillo, Espinosa Villarreal no logró escapar a las instancias judiciales y fue detenido, esposado y trasladado a un penal de máxima seguridad, con lo que se cierra un capítulo más de la historia que inició a mediados de la década anterior, pero que apenas en marzo pasado fue puesta al descubierto por el ex Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Samuel del Villar, al culpar al ex funcionario de peculado por 420 millones de pesos, ilícito en el que incurrió, según la demanda, durante su desempeño como regente capitalino.

Y lo que cobran fuerza son los señalamientos hacia el propio Zedillo, a quien se atribuye la impunidad que permitió a “su protegido” llegar hasta la Secretaría de Turismo, debido a una relación de presuntas complicidades que datan, según el testimonio del ex banquero Carlos Cabal Peniche (actualmente preso en Australia), de la época de la campaña presidencial de Zedillo, cuando mediante Espinosa se presionó a Cabal para que aportara recursos a la campaña del hoy ex presidente.

Pero las acusaciones hablan que de que “la protección” de Zedillo fue más allá de las fronteras del país, ya que una vez puesto al descubierto, Espinosa llegó hasta Nicaragua, de acuerdo con los medios de comunicación del país centroamericano, con un millón y medio de dólares en efectivo, un acto ilegal en el caso de un extranjero, por lo que esa acción sólo se pudo dar con la complicidad del presidente de ese país, Arnoldo Alemán, a petición, según fuentes extraoficiales, del propio Zedillo.

Ante esto, y mientras en México las bancadas del Partido de la Revolución Democrática en las cámaras de Senadores y Diputados han planteado sin reparo la necesidad de que se investigue al ex mandatario, el PRI, en voz de su dirigente nacional, Dulce María Sauri Riancho, ha rechazado las acusaciones contra Zedillo e incluso ha pedido “respeto” para su figura.

De este modo, en la víspera del inicio del proceso de extradición contra el ex funcionario, al que se había perdido de vista desde hace cuatro meses, todo parece indicar que Zedillo ha quedado vinculado al primer escándalo del sexenio foxista.

UN REY MIDAS AL REVES

Al menos desde que Pedro Aspe impulsó su carrera, al inicio del sexenio salinista, a Oscar Espinosa Villarreal lo persiguen las acusaciones… y la protección oficial.

Hábil para colocarse en la burocracia partidista y de gobierno, gracias a sus relaciones con Carlos Salinas, José Córdoba y Ernesto Zedillo, a Espinosa, se le venció el tiempo para protegerse de la acusación de peculado por 420 millones de pesos, formulada en su contra por la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal.

Pese a la inmediata defensa inicial de Ernesto Zedillo, que interpretó como una lanzada político-electoral la acusación de la Procuraduría capitalina, el futuro de Espinosa Villarreal no tiene garantizada necesariamente la impunidad, sobre todo porque el ex candidato presidencial priísta, Francisco Labastida, no lo defendió.

Labastida comentó: “México es un país de leyes y la ley es para todos”.

-¿Incluidos los priístas como Oscar Espinosa?

-Obviamente.

La fría respuesta de Labastida en abril pasado abonó la especie de que fue él quien impidió que Espinosa fuera inscrito como candidato plurinominal a la Cámara de Senadores, con lo que a partir del 31 de noviembre, al concluir el gobierno de Zedillo, su suerte sería otra.

Espinosa se dijo víctima de “calumnias” transcritas en miles de notas informativas, que no respondió porque –adujo- son el “costo de la transición”.

De lo que nunca ha sido acusado –proclamó- es de ser responsable de algún ilícito.

Sin embargo, en la Procuraduría General de la República (PGR) fue denunciado, el 27 de febrero de 1998, de ser el presunto responsable de haber proporcionado un sinnúmero de créditos que condujeron al quebranto de Nacional Financiera (Nafin): El Fobaproa de la banca de desarrollo.

En la propia PGR se investiga otra denuncia por el financiamiento presuntamente ilegal del PRI en las elecciones presidenciales de 1994, cuando era secretario de Finanzas del PRI.

No obstante, recibió ascensos constantes: De Nafin pasó a la Secretaría de Finanzas del PRI; de ésta a la jefatura del entonces Departamento del Distrito Federal; de ahí a la Secretaría de Turismo…

Espinosa, sin embargo, consideró que se trata de usarlo para “desprestigiar a candidatos de gobiernos surgidos del PRI”, sin que les importe desprestigiar a las instituciones y la destrucción de un elemento que a él le parece fundamental: “La fama pública”.

COMO AL CAPONE…

“Esa es su fama pública: Es uno de los más grandes pillos del país y fue el encargado de recopilar, ilegalmente, los recursos para la campaña de Zedillo”, comentó el entonces diputado perredista Alfonso Ramírez Cuéllar, autor de la denuncia por el quebranto de Nafin contra el ex regente.

Coincidió el abogado César Fentanes, quien ha documentado las irregularidades en Nafin: “Era el pedigüeño y el enlace entre políticos y magnates durante el salinismo y la campaña de Zedillo”.

Abogado que ha investigado a fondo las operaciones relacionadas con la privatización bancaria -y publicado, entre otros textos, el volumen Los actos ilícitos de los bancos y los jueces, de mil 295 páginas-, Fentanes dice que si bien pareciera que Espinosa es acusado de un asunto en apariencia menor por el monto del peculado, “como el caso de Al Capone, puede ser el principio de otros procesos”.

“Ojalá esto sirva para que se pierda el temor a la protección presidencial de que ha disfrutado Espinosa y que no ha sido más que por intercambio de favores económicos que mantienen en la inmundicia financiera al país”.

PIÑATON CON RECURSOS FINANCIEROS

Su mentor Pedro Aspe, secretario de Hacienda, lo ubicó en la presidencia de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de 1988 a 1991, y de ahí saltó a la dirección general de Nacional Financiera (Nafin). Al frente de la institución, entre 1991 y 1993, instrumentó la política de “crédito para todos”, una especie de orgía de financiamiento mediante uniones de crédito creadas para, supuestamente, apoyar proyectos productivos de la pequeña y mediana empresas.

Pero a tal punto fue desordenada su administración de dos años, que provocó un quebranto a la institución por 20 mil millones de pesos: autopréstamos, créditos a empresas fantasmas y a clientes apócrifos, contratos ilegales, operaciones irregulares, créditos sin garantía, préstamos para proyectos inviables, además de una total inexperiencia financiera e ineficiencia administrativa de las uniones de crédito que obtenían los recursos.

Estas irregularidades fueron documentadas no por la oposición. Fue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la que contrató despachos externos para evaluar integralmente la operación de las uniones de crédito a las que Nafin financiaba.

Los resultados de la revisión -que se realizó días antes de que Espinosa dejara la dirección de Nafin, en 1993, para irse como secretario de Finanzas del PRI- fueron tan negativos, que con base en ellos los diputados perredistas Alfonso Ramírez Cuéllar y Elba Capuchino promovieron una denuncia ante la PGR.

“Se trata de un desfalco de 20 mil millones de pesos. Han provocado la creación de otro Fobaproa: el de la banca de desarrollo”, afirmó Ramírez Cuéllar, quien aludió al fideicomiso para la recuperación de cartera de Nafin (Fidarca).

La información de la SHCP relató cómo se fueron gestando los quebrantos en Nafin al permitir el crecimiento explosivo de las uniones de crédito sin que contaran con capacidad técnica ni experiencia en el manejo de asuntos financieros.

Conocedor de esas operaciones, el abogado Fentanes dijo desde su residencia de McAllen, Texas, que Espinosa convenció, “entre comillas”, a las autoridades hacendarias para fomentar las uniones de crédito. Y sí, de 63 que había en 1989, llegaron a 527 a finales de 1994.

“Era muy fácil hacer una: bastaba con reunir 30 personas, hacer acta constitutiva ante notario, decir que se aportó capital de 1 millón por cada uno de los 30 socios y el tesorero decía haber recibido 30 millones. Sólo con eso la CNBV les daba el permiso”.

Añadió: “Y aunque ese dinero nunca se había aportado, lo regresaban vía préstamos, con previa firma de pagaré o de contratos, a los mismos supuestos aportantes de capital. Con esos contratos iban a Nafin a descontar y le daban una Afore de 80%. Recibían 24 millones sin haber aportado nada. Así es como le hacían”.

PREBENDAS PARA AMIGOS Y CORRELIGIONARIOS

A finales de 1994, dichas operaciones se tradujeron en importantes quebrantos, en parte, por los efectos causados por la crisis económica, pero también por las profundas deficiencias instituciones y operativas de dichos intermediarios, particularmente las uniones de crédito.

Los acreditados en muchas ocasiones eran apócrifos, bajo la figura de “asociación en participación”, así como los llamados “grupos vinculados”, establece el documento firmado por el ex subsecretario de Hacienda, Martín Werner, quien lo entregó a la Cámara de Diputados, en diciembre de 1997.

En un intento por recuperar algo de lo perdido, Espinosa solicitó la quiebra del Grupo Financiero Havre -propiedad de Julio Mariscal Domínguez y su hijo Eduardo Mariscal Barrios- y de la Arrendadora Pragma, de Mauricio y Pablo Madero O´Brien.

Pero esas empresas y otras que habían sido beneficiadas por él, estaban integradas por priístas allegados a Carlos Salinas. Unicreva, por ejemplo, tenía como accionistas a Adriana Salinas y su ex esposo, Luis Yáñez de la Barrera. La Unión de Crédito de la Industria de la Transformación, Comercial y de Servicios tenía como socios a prominentes industriales como Vicente Gutiérrez Camposeco, Jorge Kahwagi Gastine y Vicente Lláñez, todos ex presidentes de la Canacintra.

Por el mismo delito, que causó un quebranto por más de 10.5 millones de pesos, fueron acusados los socios de la Unión de Crédito Comercial e Industrial de Sonora. Uno de los vocales era Ricardo Bours Castelo, hermano de Eduardo Bours, quien fue responsable del financiamiento de la campaña de Francisco Labastida.

El antecedente de Gutiérrez Camposeco no impidió que Espinosa lo nombrara delegado en Azcapotzalco y luego subsecretario de Turismo. Otro denunciado, Manuel Merino, fue oficial mayor del DDF y lo era también de la Sectur, hasta que huyó.

“Trasladó a la Sectur prácticamente a toda la mafia que ha venido cooperando con él”, juzgó Ramírez Cuéllar, quien definió a Espinosa tras sus correrías en Nafin y en el gobierno del Distrito Federal: “Es una especie de Rey Midas al revés: a donde llega, lo que toca lo corrompe y lo quebranta”.

EL “PEDIGËEÑO” DEL PRI

Espinosa, contó uno de sus ex colaboradores, prefirió estrechar su relación con José Córdoba y Ernesto Zedillo, quien como coordinador general de la campaña de Luis Donaldo Colosio lo llamó a ocupar la Secretaría de Finanzas del PRI. Y en esa instancia cobró los favores que hizo a empresarios.

Se convirtió en el hombre clave para conseguir dinero para la campaña, pidiéndoselo a prominentes empresarios, como Gerardo de Prevoisin, Ángel Isidoro Rodríguez y Carlos Cabal Peniche.

De los 47.2 millones de pesos que Cabal Peniche aportó al PRI, entre otros a Roberto Madrazo, el equivalente a 5 millones de dólares fue para la campaña de Zedillo y lo hizo a través de Espinosa Villarreal.

“Con eso garantizó impunidad completa y está en una situación similar a la de Madrazo: Gozan de gran poder debido a que conocen absolutamente todos los secretos y tracalerías de los funcionarios de alto nivel, particularmente el presidente de la República”, interpretó Ramírez Cuéllar.

Eso explica que Espinosa pase de la Secretaría de Finanzas a un cargo que le otorga inmunidad constitucional, la jefatura del Departamento del Distrito Federal, y una vez que lo entregó a Cuauhtémoc Cárdenas, el 5 de diciembre de 1997, fue nombrado secretario de Turismo.

FAVORES SE PAGAN CON FAVORES

Y es que Espinosa es un hombre refinado que disfruta de las excentricidades del poder y las ventajas de tener amigos, como los hermanos Ballesteros -cuyo grupo empresarial fue rescatado por el Fobaproa con 6 mil millones de pesos-, dueños de un avión de lujo que le prestaban.

De manufactura francesa, el avión Falcon, con asientos de piel y puertas de caoba, era usado por Espinosa, según escribió Andrés Manuel López Obrador en su libro Fobaproa, expediente abierto.

“Según los relatos, los dueños de ese avión lo prestaban a Óscar Espinosa para ir de compras a Nueva York o para visitar a su hija, que estudiaba en Boston”.

De escándalo en escándalo durante los tres años de su gestión, Espinosa incurrió en numerosas irregularidades documentadas por la Asamblea Legislativa que, sin embargo, no derivaron en denuncias penales ni administrativas.

La perredista Dolores Padierna dio a conocer que Espinosa se premió, en diciembre de 1995, con un aguinaldo de 700 mil pesos. El funcionario se escudó en que ninguna ley lo obligaba a hacer público el monto de esa prestación.

-¿Nos podría decir cuánto gana?, se le interrogó.

-Desgraciadamente no se los podría decir. No existe disposición para que se haga público.

(Proceso 1222 / 3 de abril de 2000)