- “No existe razón legal para detener, capturar o deportar a la ciudadana norteamericana”
Juan Rodríguez [email protected]
El doctor Alvaro Ramírez, juez ejecutor en el caso de la norteamericana Dorothy Virginia Granada (70), dijo que todo lo actuado por el ministro de Gobernación, José Marenco Cardenal “es nulo, porque no se le notificó ni citó en ningún momento a la norteamericana para que compareciera ante esa autoridad y se defendiera”.
El Ministro de Gobernación anunció ayer en conferencia de prensa que cancelaba la residencia a la norteamericana Granada, quien vive en Nicaragua desde 1985, y que sería expulsada al “inmiscuirse en asuntos políticos de Nicaragua”.
Ramírez dijo que a cualquier extranjero que reside en Nicaragua debe concedérsele un proceso justo, según las garantías que establece la Constitución de Nicaragua.
“No se puede hacer ningún proceso a espaldas del afectado, tiene que habérsele notificado, y como no se cumplió con eso, para mí es nulo lo actuado por el ministro Marenco”, reiteró Ramírez, quien fue nombrado por el Tribunal de Apelaciones de Managua, en virtud que ese tribunal admitió un Recurso de Exhibición Personal a favor de Granada en semanas pasadas.
El abogado notificó ayer miércoles al Ministro de Gobernación que “no existe razón legal para detener, capturar o deportar a la ciudadana norteamericana a quien se le debe garantizar su seguridad personal y su libertad individual”.
El juez ejecutor en el caso de Granada, ordenó al titular de Gobernación “se respete la libertad y seguridad de la señora Granada”.
Cardenal aseguró que la decisión se basa en declaraciones juradas de vecinos de Mulukukú que afirman que Granada realizaba proselitismo político en la zona, además que en la clínica que dirige presuntamente sólo atiende a personas afines al sandinismo.
Marenco sostuvo que en el centro médico se practicaban abortos y que miembros del desaparecido Frente Unido Andrés Castro (FUAC), también recibían atención médica y que el local servía como escondite de agrupación armada.
VIOLAN GARANTIAS DEL DEBIDO PROCESO
– La presidenta del CENIDH, Dra. Vilma Núñez de Escorcia dijo que todas las acusaciones que hizo el ministro de Gobernación, José Marenco Cardenal en contra de la norteamericana Dorothy Virginia Granada, debieron hacerse en un proceso justo.
– “Las acusaciones, precisamente es lo que debía haberse probado en el juicio a Dorothy, lo que estamos reclamando es la violación a las garantías del debido proceso”, indicó Núñez.
– “Si ellos sabían que la norteamericana residente en Nicaragua estaba violando la ley, metiéndose en política o estaba cometiendo delito, porque las imputaciones que hace el Ministro, son imputaciones delictivas”, explicó Núñez.
– Agregó que “lo mínimo que hubiera hecho era haberla citado para el trámite correspondiente en su momento; darle la oportunidad de ser oída como establecen las leyes de Nicaragua y los convenios internacionales de derechos humanos, ya que a nadie se le puede condenar sin ser oído, y que ella tuviera el derecho a defenderse”.
