José Luis Medal *
Desde hace ya algún tiempo se ha indicado claramente cuáles serían las ventajas para Nicaragua de una dolarización total estilo Panamá. Bajaría la tasa de inflación al no poder el Banco Central emitir moneda sin respaldo y se eliminaría el riesgo cambiario respecto al dólar ya que el córdoba desaparecería. Además, se fomentaría la inversión nacional y extranjera, disminuirían las tasas de interés, se obligaría al gobierno a una verdadera disciplina fiscal y se eliminaría el impuesto disfrazado del deslizamiento que afecta casi exclusivamente a los asalariados.
En términos económicos para Nicaragua no existe prácticamente ninguna importante desventaja de pasar a una dolarización total en el corto plazo. El supuesto inconveniente de que se perdería autonomía en la política monetaria es inexistente porque la misma es ilusoria. En nuestro medio no pueden aplicarse políticas monetarias expansivas para intentar reactivar la producción. Imprimir más billetes sólo conduciría a una mayor inflación y a un creciente déficit en la balanza de pagos. Independientemente del ESAF, el carácter de una economía altamente abierta al comercio exterior hace imposible el uso de una política monetaria expansiva, por lo que con una dolarización total no se perdería ningún instrumento clave de política económica. Por el contrario se apuntalaría la precaria estabilidad macroeconómica del país. Como en Panamá, la tasa de inflación, sería muy similar a la de los Estados Unidos y se eliminaría el riesgo cambiario respecto al dólar norteamericano.
El verdadero obstáculo para pasar a una dolarización total es de carácter político: la supuesta pérdida de soberanía nacional. Sobre este aspecto, los países europeos ya han dado una lección histórica al haber renunciado los miembros de la Unión Monetaria Europea a sus respectivas monedas nacionales al haber adoptado como moneda común el euro. Por su parte, Ecuador, en América Latina, acogió recientemente el dólar como moneda nacional, lo que ya ha contribuido a erradicar el grave proceso inflacionario que sufría ese país. Aunque naturalmente la dolarización en Ecuador no ha sido una panacea para todos sus problemas económicos -ni lo es para ningún país-, ha sido un importante paso hacia adelante para comenzar a poner la casa en orden. El Salvador, por su parte, acaba de legalizar plenamente el uso del dólar, sin llegar por el momento, a la dolarización total. Nicaragua debería dar un paso similar, reformando la ley monetaria vigente.
Dado que en Nicaragua por miopía política se rehúsa siquiera el discutir a fondo la alternativa de una dolarización total, habría que reformar al menos la actual Ley Monetaria, la cual es un verdadero adefesio económico. La Ley Monetaria de enero de 1992, señala en su artículo tres que: los precios, tasas, tarifas, sueldos, salarios, contratos y obligaciones de cualquier clase, se expresarán y liquidarán exclusivamente en córdobas. Cualquier cláusula en contrario se considera nula, aunque tal nulidad, no invalida los actos y contratos ejecutados, ni la obligación cuando ésta pueda interpretarse en términos de la unidad monetaria nacional, efectuándose la conversión sobre la base del tipo de cambio legal al momento del pago.
La mencionada disposición entraña un serio riesgo cambiario, ya que puede producirse, como ocurrió en los años ochenta, un fuerte diferencial entre el tipo de cambio oficial y el del mercado libre. En situaciones de crisis el diferencial cambiario, aunque no llegue a las proporciones de la década de los ochenta, puede llegar a ser muy significativo. Esa simple posibilidad afecta negativamente todas las relaciones contractuales y desestimula la inversión. Lo más conveniente por lo tanto, es reformar la Ley Monetaria vigente y permitir claramente la libre contratación en cualquier moneda, sea ésta el dólar norteamericano, el euro, el yen, la libra esterlina o cualquier otra que determinen libremente las partes contratantes. Debe desaparecer cualquier obligación de utilizar el tipo de cambio oficial del córdoba para ejecutar o cancelar las obligaciones contractuales. Ello vendría a terminar con la espada de Damocles que pesa sobre todos los contratos, cuyo valor real está sujeto al poder discrecional de las autoridades monetarias. De esa manera el córdoba tendría que competir con otras monedas en condiciones de igualdad jurídica y si el gobierno imprime dinero sin respaldo, el público simplemente utilizaría, aún más, monedas opcionales. Una reforma de tal naturaleza contribuiría también a apuntalar la precaria situación macroeconómica. Ya que no es posible políticamente en el corto plazo implementar la mejor opción de la dolarización total, habría al menos que reformar la obsoleta Ley Monetaria vigente.
*Doctor en Economía.
