- Falta apertura estatal para actividad forestal
Amalia Morales [email protected]
Las trabas del Instituto Nacional Forestal (INAFOR), fueron innumerables para la Central de Cooperativas Forestales (CECOFOR) de Las Segovias. Mientras los obstáculos, la situaron al borde de la quiebra por falta de madera, la comercialización ilegal en los aserríos vecinos seguía pujante.
Con este ejemplo que ocurrió a principios de año, pero que fue resuelto, Jaime Guillén, director de la organización Nicambiental, procura demostrar que para el comercio y manejo legal del bosque existen trabas mientras que la ilegalidad funciona a su albedrío.
Guillén hace enfoque del tráfico ilegal de madera a partir de la denuncia que hiciera la directora de INAFOR, Sandra Tijerino, sobre la falsificación de 4,000 guías de traslado forestal para extracción ilegal de madera.
En la cola de esa cadena que empieza arriba, en la institución, están las comunidades. Guillén explica que su organización conoce comunidades indígenas y campesinas interesadas en la actividad forestal por la vía legal.
Sin embargo, esa intención es bloqueada por dos razones fundamentales: primero por la cantidad de trámites burocráticos que impone el Estado, segundo a mucha gente pobre de las comunidades, le resulta rentable extraer madera y comercializarla con madereros de forma ilegal.
Para Guillén existe un “abigeato forestal” porque los traficantes no sólo compran barata la madera, sino que comercializan recursos forestales en detrimento de las comunidades, las que no reciben un centavo por la explotación de su bosque.
La problemática de la madera es una telaraña que involucra a más gente. Guillén dice a veces los inspectores del INAFOR, no sólo son seducidos por sobornos, también hay situaciones de presión. Nicambiental ha conocido de casos en que los inspectores son obligados por madereros poderosos “a marcar árboles que no deberían marcar”.
Guillén cree que la práctica de una política de incentivos a la actividad forestal fomentaría el manejo y la explotación racional del bosque entre las comunidades campesinas y disminuiría el pujante tráfico ilegal de madera.
ESTADO PROMUEVE ILEGALIDAD
El director de Nicambiental, Jaime Guillén, cree que el tráfico ilegal de madera es una práctica “histórica y desmedida”; cree que el Estado practica una política de castigo hacia lo malo, pero no se premia lo bueno. Hay un sentimiento de desincentivo a los productores interesados en la actividad forestal legal.
