Su cadáver quedó tendido en las vías del ferrocarril. Fue fotografiado por sus mismos asesinos y cuatro días después la imagen fue publicada en El Nuevo Diario, de tendencia sandinista en aquel entonces. El joven Julián Alejandro Espinoza quedó inconsciente por la golpiza.

Las Fuerzas Punitivas de Izquierda (FPI) se adjudicaron el asesinato de Sequiera y la Policía acuso a Frank Ibarra Silva como el hombre que había jalado el gatillo.

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Las Fuerzas Punitivas de Izquierda fue uno de los primeros grupos de rearmados que surgieron en Nicaragua tras el triunfo de doña Violeta Barrios de Chamorro en las elecciones de 1990, explica el ex jefe de médicos de la Contrarrevolución, Enrique Zelaya Cruz, mejor conocido como Doctor Henry.

Él recuerda que la FPI nacieron primero como un grupo de retirados del Ejército Sandinista y de la Seguridad del Estado, que se armaron para asesinar a los mismos sandinistas que se habían enriquecido con la Revolución.

Las FPI realizaron destrucción de caminos, torturas, asesinatos y secuestros. Según el doctor Henry, su tío Esaú Úbeda murió en Pantasma a manos de las FPI.

Este grupo también reclamaba tierras que les había sido donadas a algunos de sus miembros tras el triunfo de la Revolución y por esa razón fue que se dio el asesinato del doctor Arges Sequeira, según explicó el mismo Frank Ibarra en una entrevista que concedió al periódico francés Le Monde.

Arges Sequeira Mangas tenía 58 años cuando fue asesinado. Era abogado, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC), miembro de la junta directiva del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y vicepresidente del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

Durante la década los ochenta, el abogado fue considerado como un activo adversario de los sandinistas en Nicaragua, y para los noventa, el doctor Sequeira era presidente de la Asociación de Confiscados de Nicaragua que aglutinaba a miles de personas que habían sido expropiadas por los sandinistas en los ochenta y que ahora reclamaban al gobierno de doña Violeta Barrios la devolución de sus bienes.

Tras el triunfo de la revolución sandinista en 1979, el nuevo gobierno confiscó las propiedades del dictador Anastasio Somoza Debayle, las de sus allegados y de muchos empresarios y adversarios que criticaban al Frente Sandinista.

Esas propiedades nunca pasaron a nombre del Estado, sino que fueron asignadas a funcionarios gubernamentales. Entre los bienes confiscados había casas, vehículos, terrenos, fincas y otra serie de artículos, según la CIDH.

Fueron miles los confiscados, incluido el doctor Sequeira, y por ello estaba impulsando gestiones de aproximadamente 26,000 personas a las que el gobierno sandinista les había confiscado sus propiedades.

A lo interno del partido liberal, Sequeira gozaba de mucha simpatía y por ello escalaba rápido a lo interno de esa estructura partidaria de la cual era el primer vicepresidente. De acuerdo a un editorial del periódico La Estrella de Nicaragua, fundado y publicado en Miami Dade, “si Arges Sequeira hubiese vivido, difícilmente Arnoldo Alemán hubiese llegado a la presidencia de Nicaragua”.

El asesinato de Sequeira causó la reacción del expresidente del COSEP Ramiro Gurdián, quien acusó públicamente al Frente Sandinista de estar detrás del crimen, y esa misma noche, la sede del COSEP fue dinamitada causando una explosión al edificio que se ubicaba en la antigua calle de El Triunfo, en Managua.

“Durante mi presidencia pusieron una bomba dinamita C-4 en mi oficina, destruyéndola. Gracias a Dios había salido unos minutos antes” relató Ramiro Gurdián en una edición especial de la revista empresarial del COSEP en su 40 aniversario.

Ibarra Silva contó a Le Monde que la intención no era matar a Sequeira, sino más bien secuestrarlo para obligarlo a decir que trabajaba con la embajada de los Estados Unidos. “Contrario a lo que dice la Policía, no fui yo quien mató a Sequeira”, dijo Ibarra, pero si confesó haber ordenado su secuestro.

“Desgraciadamente él (Sequeira) reaccionó violentamente en el momento de ser interceptado y fue asesinado” confesó Ibarra Silva y argumentó que el crimen era una acción de las Fuerzas Punitivas de Izquierda, de la cual se identificó como su máximo líder.

El periodista de Le Monde que lo entrevistó relata en su escrito que “una veintena de hombres en uniforme, equipados con Kalashnikovs, ametralladoras y un lanzacohetes RPG-7 ruso, garantizan su seguridad en la colina boscosa, entre campos de maíz y frijoles negros. Todos llevan un pañuelo negro que cubre el rostro. Solo Frank Ibarra se destapa, pero mantiene su gorra negra decorada con un retrato del cantante jamaicano Bob Marley”. El encuentro se habría dado en la carretera que va de Matagalpa hacia Jinotega.

En la conversación, Ibarra Silva además de adjudicarle a su organización el asesinato del doctor Sequeira, dijo que el fin de las FPI era no permitir que se devolviera las propiedades a los confiscados porque consideraba que esos eran logros que la Revolución Sandinista le había dejado a muchos ciudadanos pobres.

“No somos terroristas, pero queremos acabar con los torturadores del pueblo que buscan arrebatarles las tierras, fábricas y casas que les ha dado la Revolución. El pueblo ha elegido un gobierno burgués, pero no permitiremos que se cuestionen los logros de la Revolución (…) No somos asesinos, sino los justicieros del pueblo”, detalló.

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Además de las Fuerzas Punitivas de Izquierda, en Nicaragua también existieron otros grupos rearmados de tendencia sandinista y antisandinista, que buscaban proteger sus propios intereses o que simplemente nunca se adaptaron a la vida civil y por ello optaron por tomar las armas nuevamente.

Con la llegada de doña Violeta Barrios al poder, también llegaba el final de la guerra y su gobierno tenía la tarea de reintegrar a todos los desmovilizados, tanto de un bando como del otro, a la vida civil, sin embargo, hubo muchos que no quisieron entregar las armas y decían que la guerra iba a continuar.

El doctor Henry recuerda que en junio de 1991 hubo una reunión entre el gobierno, el Frente Sandinista y la Contrarrevolución para revisar cómo avanzaba el desarme. Él fue el representante por la Contra en esa reunión, y por el Frente Sandinista, estuvo Daniel Ortega, cuenta.

“Él (Ortega) pidió que se compraran las armas, a pesar de que esos grupos andaban secuestrando, matando, todavía que los premiaran comprándoles las armas”, recuerda el doctor Henry, a lo cual él se opuso porque decía que el Frente Sandinista era quien había armado a esos grupos como parte de su estrategia de “gobernar desde abajo”.

En su lugar, el doctor Henry cuenta que propuso que a los rearmados se les dieran tractores y materiales para la producción, sobre todo en los pueblos que quedaron arrasados por la guerra como Río Blanco, Wiwilí, Pantasma y otros.

El gobierno de doña Violeta rechazó la propuesta de los contras y optó por la propuesta de Ortega. “Ese fue un gran error del gobierno de doña Violeta”, valora el doctor Henry.

La medida no tuvo el efecto esperado, y en su lugar, surgieron nuevos grupos de rearmados que buscaban revivir la guerra. El comandante contra Luis Fley comenta que uno de esos grupos de inadaptados fueron los Recompas, que eran sandinistas desmovilizados que estaban inconformes con el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro.

Realizaban secuestros y tomas de tierras en el campo y su principal demanda era que las tierras las legalizaran a nombre de sus miembros. Los Recompas operaban mayormente en las montañas de Matagalpa, Jinotega y parte del Caribe Norte.

Bajo la misma lógica, nacieron los Recontras, que eran desmovilizados de la contrarrevolución y que tenían dos objetivos, explica Fley. “El primero era combatir a los Recompas y el segundo era conseguir tierras a nombre de ellos también”, indica.

Por su parte, el doctor Henry no cree que los desmovilizados de la Contra se hayan armado por su cuenta. “Gente del Frente Sandinista convenció a algunos de la Resistencia para que se rearmaran”, considera

Fley señala que el grupo de Recontras más fuertes era uno que se hacía llamar “Frente Norte 380”, comandado por los hermanos Salvador, Alex y José Ángel Talavera, y que operaba en las zonas de Las Segovias.

Según Fley, quien conoció a los hermanos Talavera de cerca, estos estaban molestos por la falta de cumplimiento de acuerdos y por no haber sido incluidos entre los desmovilizados que recibieron tierras a cambio de entregar las armas en 1990.

En su balance semestral de mediados de 1992, el Ejército estimó que, entre recontras y recompas, sumaban un total de 21,905 hombres y disponían de 13,980 fusiles automáticos, además de ametralladoras y minas, y hasta misiles antiaéreos y antiblindados.

Se suponía que todo este material bélico había quedado conservado en buzones durante el desarme vigilado por comisiones especiales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas (ONU) en 1990, pero según una edición de la revista Envío de 1998, los rearmados confirmaron que no entregaron todas las armas. “Les dimos los fusiles descachimbados, hicimos sólo la mueca”, dijo uno de ellos a Envío.

Entre los Recompas y los Recontras había algunos que tenían objetivos comunes, que era la titulación de tierras, así que decidieron unirse y formar un nuevo grupo armado llamado “Los Revueltos”. El doctor Henry señala que la Policía y el Ejército no podían controlar a estos grupos, y en muchas ocasiones hubo bajas en enfrentamientos en las montañas.

El doctor Henry, indica que Los Revueltos no fueron tan letales como los otros grupos, porque a pesar de que estaban armados, se enfocaron en realizar tranques en carreteras, tomas de tierras y no necesariamente en asesinatos y secuestros como los demás grupos.

Fley explica que, a Los Revueltos, el gobierno de Arnoldo Alemán les tuvo que condonar deudas, les otorgó tierras y les brindó una amnistía hasta que finalmente depusieron las armas. “Muchos de ellos no se las habían terminado de dar cuando ya las habían vendido”, cuenta Fley.

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A los miembros de las Fuerzas Punitivas de Izquierda también les otorgaron una amnistía para desarmarlos. A Frank Ibarra Silva también se le aplicó una amnistía por el asesinato de Arges Sequeira.

El 11 de noviembre 1993, casi un año después del asesinato del doctor Sequeira, el Juzgado Segundo del Distrito del Crimen de León encontró culpable al jefe de la FPI por el asesinato del empresario y por lesiones dolosas contra el joven Julián Alejandro.

Los otros dos acusados, Germán Lacayo Guerrero, y Diego Javier Espinoza, fueron encontrados inocentes.

13 días después, el 24 de noviembre de 1993, un día después del primer aniversario de la muerte del doctor Sequeira, Ibarra Silva fue sentenciado a 20 años de prisión, pero en la misma sentencia el juez lo sobreseyó por considerar que la Ley de Amnistía, la número 51 que se otorgó en la historia del país en ese año, cubría el crimen contra Arges Sequeira.

Sin embargo, la Ley de Amnistía no era aplicable para Ibarra Silva debido a que su artículo 1 establece que solamente se cubrían los hechos ocurridos en los departamentos de Matagalpa, Jinotega, Estelí, Madriz, Nueva Segovia, Boaco, Chontales y Regiones Autónomas Atlántico Norte y Sur. El asesinato del doctor Sequeira se efectuó en el departamento de León.

Por este motivo, la Procuraduría General de la República apeló la sentencia el 12 de diciembre de 1993, y el Tribunal de Apelaciones dictaminó el nueve de marzo de 1994 que se revocaba el sobreseimiento definitivo para Ibarra Silva.

Su abogado defensor presentó un recurso de casación tres días después, pero fue hasta el siete de marzo de 1997, tres años después que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió que no se casa la sentencia definitiva y se reafirmaban los 20 años de prisión para el asesino de Sequeira.

A pesar de que se giró orden de captura contra Ibarra Silva, la Policía no pudo dar con su paradero, quedando hasta el día de hoy, el crimen en la impunidad.

Las Fuerzas Punitivas de Izquierda, según Fley, también fueron desarmadas en negociaciones al igual que los Recompas y los Recontras. “Les dieron unas haciendas y unas extensiones de camarones en Potosí, en el Golfo de Fonseca, en los pantanos de ahí. Ahora son grandes productores de camarones”, dice el jefe contra.