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Hubo militantes del Frente Sandinista que inscribieron decenas de propiedades. Otros pagaron irrisorias sumas de dinero por las hipotecas de las casas. Por ejemplo, Tomás Borge, quien en ese entonces era el ministro del Interior, pagó el equivalente a 200 dólares por su casa en Bello Horizonte. Los precios cayeron dramáticamente después de la superinflación que vivió el país. Según el periódico La Jornada, varios dirigentes compraron casas a 100 y 300 dólares. “De esta manera adquirieron barrios enteros de casas de lujo”, cita el artículo.

El comandante Daniel Ortega pagó por el conjunto de casas en El Carmen, donde vive, menos de 42 mil dólares. La inscripción de las siete propiedades la hizo 24 horas antes de entregar el poder a Barrios de Chamorro. De todas, la más conocida es la de Jaime Morales Carazo y su esposa Amparo Vásquez, porque durante 26 años reclamaron esta propiedad sin éxito. A partir de que Morales Carazo se convirtió en su vicepresidente en 2007, este dijo que había llegado “a un acuerdo muy satisfactorio, muy caballeroso, y todo finiquitado”. Sin embargo, el mandatario nunca ha hablado del tema.

En una de las pocas veces que habló sobre la Piñata, Sergio Ramírez, quien fue vicepresidente de Nicaragua en ese período, dijo a LA PRENSA en el año 2000 que las leyes que se aprobaron en esos dos meses “no fue lo más grave”, sino que para que el partido Frente Sandinista pudiera sobrevivir, una vez fuera del poder, “se organizó esta transferencia de propiedades supuestamente que iban a pasar a manos del partido y que se fueron quedando en el camino y que de aquí surgieron fortunas muy importantes en el país, muchas más importantes que las que pudieran dar la transferencia de una finca o la transferencia de una casa… Eso me parece, para mí, constituye el golpe ético más rotundo”.

Aunque nunca se ha hecho una investigación para extraer una cifra exacta, se calcula que entre 500 y 600 líderes políticos sandinistas y oficiales militares reclamaron los títulos de lujosas residencias, casas de veraneo y vehículos de todo tipo. Transfirieron empresas, fincas, haciendas de ganado, fincas arroceras y de café.

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La derrota electoral del 25 de febrero de 1990 tomó por sorpresa a los nueve comandantes sandinistas. Y a casi todo mundo, población nicaragüense y comunidad internacional.

Los sandinistas, que habían llegado al poder en julio de 1979, tras la caída de Anastasio Somoza Debayle, desde el mismo día que tomaron las riendas del país comenzaron a apropiarse de propiedades que eran propiedad de la familia Somoza, sus allegados y miembros de la Guardia Nacional.

Esas propiedades las confiscaron con decretos como el 3, el 38 y después el 760, llamado de los “ausentes” porque le quitaba viviendas y tierras a los nicaragüenses que tenían seis meses o más de haber salido de Nicaragua y no habían regresado.

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Uno de los que fue miembro de la Junta de Gobierno inicial, Moisés Hassan, explica que los nuevos dirigentes del país argumentaron que se instalaban en esas propiedades porque no tenían donde vivir, eran seguras y necesitaban buenas residencias para atender a las visitas oficiales.

Posteriormente, el gobierno sandinista asignó propiedades a miembros del ejército sandinista, funcionarios de gobierno, miembros del partido FSLN, personas de escasos recursos y, con la Reforma Agraria, le dieron tierra también a campesinos, alegando que se trataba de justicia, de debida repartición de la riqueza en el país, ya que habían encontrado que el somocismo se había apropiado injustamente de tierras y viviendas. Algunas empresas y fábricas se las habían asignado a los trabajadores.

Algunos dirigentes sandinistas explicaban que esas propiedades no eran de ellos, que solo las utilizaban porque el Estado se las había asignado y que, cuando dejaran de ser servidores públicos, las iban a regresar.

La derrota electoral sacó a relucir el verdadero propósito de los sandinistas.

Entre el 25 de febrero de 1990 y el día que Daniel Ortega entregó el poder a doña Violeta Barrios de Chamorro, la Dirección Nacional del FSLN y el vicepresidente Sergio Ramírez, apoyados en abogados que trabajaban para la Presidencia, el partido y la Asamblea Nacional, idearon las leyes 85, 86 y 88 para legalizar todas las propiedades que habían sido adquiridas a través de los decretos confiscatorios.

Lo hicieron a espaldas de los acuerdos de transición con el nuevo gobierno, explicó el exministro de la Presidencia en tiempos de doña Violeta Barrios de Chamorro, Antonio Lacayo. Y también le mintieron a la militancia sandinista que no estaba de acuerdo con actos de rapiña, indicaron exmiembros de ese partido que se refugian en el anonimato.

La militancia sandinista, que en ese momento era reducida, exclusiva, estuvo de acuerdo con las leyes denominadas como de la Piñata porque las vieron justas, pues se suponía que iban a favor de los campesinos, los trabajadores, los más pobres.

Después, una parte de la militancia sandinista se dio cuenta de que el objetivo era el robo de las propiedades que eran propiedad del Estado pero que en realidad habían sido confiscadas, en muchos de los casos de manera injusta.

“Usaron esas leyes y, sin ser sujetos de Reforma Agraria, se apropiaron de tierras, empresas y costosos bienes inmuebles. Eran funcionarios urbanos y se quedaron con grandes fincas”, explica una fuente que era alto miembro del FSLN en esa época.

Según el expresidente Sergio Ramírez, “se dio una transferencia apresurada y caótica de edificios, empresas, haciendas, participación de acciones, a manos de terceros que quedaban en custodia de esos bienes para pasarlos luego al FSLN, que terminó recibiendo casi nada. Muchas nuevas y grandes fortunas, muchas de ellas tan odiosas como las que por rechazo inspiraron el código de conducta de las catacumbas, nacieron de todo lo que se quedó en el camino”, escribió en su libro Adiós muchachos.

Para justificar que las leyes de la Piñata no se hicieron ese fin, Ramírez señaló a La Prensa: “(La Piñata) es un acto indebido. No lo que proviene de las leyes 84, 85 y 86 (85, 86 y 88), porque vuelvo a hacer la diferencia... creo que si te concentrás en irte sobre las leyes éstas, que fueron públicas, que se debatieron, que las aprobó la Asamblea y no te fijás en la verdadera Piñata, de los que verdaderamente se hicieron ricos, no por una mansión o una casa que le hayan dado, se hicieron ricos porque les quedaron fincas, les quedaron haciendas, les quedaron fábricas y después se volvieron a beneficiar con el Gobierno de doña Violeta con las reprivatizaciones que se hicieron. A eso se refiere Ernesto Cardenal y eso yo estoy de acuerdo, que se trató de actos indebidos, ilícitos, robos, como le querrás llamar. Eso para mí es la verdadera gruesa Piñata”.

Un hecho importante es que los comandantes sandinistas habían explicado que el partido también necesitaba recursos para funcionar como tal, y algunas propiedades fueron puestas a nombres de testaferros pero en realidad eran del partido. El problema fue que dichas propiedades después pasaron a nombres de personas particulares que se quedaron con ellas.

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Mediante las leyes de la Piñata, 85, 86 y 88, se legalizaron unas 20 mil viviendas que habían sido entregadas por los sandinistas a igual número de familias, que de una u otra forma apoyaron al régimen.

Otros 125 mil lotes de tierras fueron entregados a otro tanto de personas que durante los años 80 y los últimos días de la revolución se tomaron decenas de predios baldíos en la capital y otros departamentos; y con la Ley 88 se emitieron 10,200 títulos de Reforma Agraria para cooperativas sandinistas.

Otros 16 mil títulos de Reforma Agraria fueron emitidos en el llamado período de transición, entre el 25 de febrero y el 25 de abril de 1990, firmados, en casi todos los casos, con un facsímil que tenía la rúbrica del comandante Jaime Wheelook Román, entonces ministro de Reforma Agraria.

Entre estas propiedades destacan, por su valor, su gran extensión y el lujo, casas en Las Colinas y Los Robles, empresas comerciales, restaurantes, haciendas ganaderas y cafetaleras, ingenios de azúcar, fincas bananeras, empresas radiales, empresas comercializadoras de carne y de banano y empresas financieras.

En casi todos los casos se usaron testaferros. Un ejemplo fue Luz Danelia Talavera Valenzuela, quien, según investigaciones periodísticas, el comandante Tomás Borge le ocupó el nombre para comprar varios terrenos que luego fueron vendidos en casi 700 mil dólares y hoy funciona ahí un moderno centro comercial.

Borge también habría utilizado el nombre de Talavera para comprar 1,700 manzanas de tierra en las faldas del Mombacho, investigó La Prensa.

Por medio de investigaciones periodísticas se ha ido conociendo que la mayoría de los beneficiados con las propiedades de la Piñata de 1990 han sido los comandantes Daniel Ortega, Humberto Ortega, Tomás Borge —ya fallecido—, Bayardo Arce y Jaime Wheelock. Además de grandes exfuncionarios de la Revolución sandinista. Igualmente, altos exjefes del ejército sandinista fueron altamente beneficiados.

Daniel Ortega compró a precios irrisorios su casa en el reparto El Carmen, que era de Jaime Morales Carazo, así como viviendas en el exclusivo residencial Las Colinas. También es propietario de fincas en El Crucero.

Bayardo Arce es propietario de una fastuosa mansión que tendría un valor superior al medio millón de dólares. Arce también tiene, producto de la Piñata, una casa que ocupa como oficina en reparto El Carmen, además de su casa en Los Robles.

Humberto Ortega es ahora un empresario que tiene acciones en diferentes empresas. Su vida empresarial se divide entre Costa Rica y Nicaragua. Moisés Hassan, uno de los exmiembros de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, considera que Humberto Ortega es el más rico de todos.

Los beneficios de la Piñata, para los sandinistas, se evidencian también en empresas radiales, como La Nueva Radio Ya, que está en manos de la familia Ortega Murillo.

El ya fallecido expresidente Virgilio Godoy, según el diario El País de España, afirmaba que Jaime Wheelock, exministro de Agricultura con los sandinistas, se apoderó de la hacienda San Martín, antes propiedad del somocista Cornelio Hüeck. Wheelock vive en una opulenta mansión confiscada al exmagnate de la minería Donald Spencer.

Los menos beneficiados con la Piñata fueron los pobres, asegura el exprocurador general de la República, Alberto Novoa.

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Antes del triunfo de los sandinistas en 1979, las tierras estaban concentradas por unos pocos terratenientes. La llamada “burguesía agraria” estaba distribuida de la siguiente forma: de las ocho millones de tierras productivas que había en el país, el 36 por ciento eran propiedades gigantescas de 500 manzanas. Esto se explicaba porque durante la dictadura somocista los préstamos con destino agrícolas en su 90 por ciento estaban siendo absorbidos por grandes exportadores.

Esta fue una de las razones por las cuales los líderes sandinistas decidieron impulsar la Reforma Agraria como uno de los principales objetivos de la revolución. Fue así que desde la toma del poder, comenzaron las masivas confiscaciones de tierras. Al final de la década, de las 8 millones de manzanas productivas, 48 por ciento ya estaba dentro de la reforma. Las propiedades de más de 500 manzanas pasaron a significar apenas el 6.4 por ciento.

Sin embargo, la estrategia con el campesinado y los sin tierras fue darles acceso, crédito y abastecimiento, pero no los títulos de propiedad. En esos años las cooperativas y las Unidades de Producción Estatal (UPE) se convirtieron en formas de propiedad con elevada absorción de tierras. Cerca del 14 % quedaron en manos de las cooperativas: 11.4 % para las de propiedad colectiva (Cooperativas Agrícolas Sandinistas) y 1.7 % para las de Crédito y Servicios (CCS). “Fue un giro sin precedentes en los patrones de propiedad agraria. Casi la cuarta parte de las tierras pasó a ser explotada de forma colectiva. Era el paradigma impulsado por la revolución”, dijo el investigador José Luis Rocha.

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Desde los primeros días en el poder, el gobierno sandinista promovió las cooperativas para impulsar “el espíritu de solidaridad y cooperación” y superar “las relaciones de competencia y explotación entre los hombres”, explica Rocha. La competencia era percibida como un mal del capitalismo que debía ser suprimido. La solidaridad era el rasgo clave del “hombre nuevo” y para promoverla se emplearon múltiples dispositivos.

El trabajo colectivo era visto como solidaridad. El plan también incluía brindar programas educativos y servicios de salud, vivienda y cultura. En 1988 se llegó incluso a eximir a las cooperativas de producción del pago de impuestos sobre la renta.

El triunfo electoral de Violeta Barrios de Chamorro suponía un cambio brusco de timón. En el gabinete de gobierno había varios funcionarios formados en la ideología neoliberal que amenazaban con revertir la situación de la propiedad que impulsó la revolución. Por esa razón, es que en los escasos dos meses para transferir el poder, la cúpula sandinista ejecutó el traspaso de bienes más rápido de la historia.

A pesar de que lograron transferir varias propiedades, otras quedaron en la mira de los nuevos gobernantes para privatizarlas. Así fue como varios sindicatos del Frente Sandinista se tomaron haciendas por la fuerza. De esta manera es que unos cuantos militantes que manejaban estos sindicatos se hicieron de las mejores fincas productivas.

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El gobierno de Violeta Barrios de Chamorro encontró en abril de 1990 las arcas del Estado vacías. Apenas había tres millones de dólares en las reservas del Banco Central de Nicaragua (BCN) y una deuda externa de 12 mil millones de dólares, revelaría después el secretario de la Presidencia, Antonio Lacayo.

Como no había dinero líquido para indemnizar a los dueños de las propiedades confiscadas por el sandinismo y luego “piñateadas”, se comenzaron a emitir Bonos por Indemnización, mejor conocidos como BPI, que son un título valor, una obligación de pago y un reconocimiento de deuda contraída por el Estado.

Esos BPI, escribiría Lacayo años después en su libro La difícil transición nicaragüense, eran papeles “extendidos por el gobierno del país más endeudado del mundo” en ese momento.

Antes de emitirse esos bonos, se creó la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones (CNRC), que a su vez tenía oficinas de apoyo, como la de Cuantificación de Indemnizaciones (OCI), para valorar y cuantificar los bienes reclamados; la de Ordenamiento Territorial, para revisar las adquisiciones o traspasos de viviendas bajo las leyes 85 y 86, así como de Titulación Urbana (OTU), para apoyar el proceso de legalización de lotes urbanos bajo la Ley 86. Estas oficinas ya no existen y sus funciones fueron asumidas por lo que hoy se conoce como Intendencia de la Propiedad.

Los BPI se comenzaron a emitir en 1993, con un plazo de pago de 15 años y una tasa de interés para los primeros dos años, 4.5 por ciento para los siguientes cinco años y cinco por ciento para los siguientes ocho años. Posteriormente, para estandarizar dichos bonos, se cambiaron por Certificados de Bonos de pago de Indemnización (CBPI).

El pago de esos bonos se convirtió, año con año, en la carga fiscal más pesada que tuvo que asumir el pueblo de Nicaragua para compensar la Piñata sandinista de 1990. Como ejemplo, en el año 2005, hasta marzo, la deuda interna de Nicaragua fue de 1,296 millones de dólares, de los cuales el 97 por ciento correspondía a pago de bonos por indemnización. Mientras que en el 2015 la deuda interna fue de 7,245 millones de córdobas y más de la tercera parte de ese total, 2,517 millones de córdobas, fue para pagar los BPI de la Piñata.

En 2005, mediante una investigación del diario La Prensa, se conoció que un informe de los pagos de indemnización de la Tesorería General de la República indica que el Estado emitió, entre 1993 y 2004, 1,104 millones de dólares en “bonos de indemnización” para resolver el problema de la propiedad generado por la Piñata sandinista.

Además, otros 500 millones de dólares, financiados con el Presupuesto General de la República y préstamos de la comunidad internacional, se utilizaron para sufragar los gastos del aparato burocrático que intentaba resolver el problema de los miles de reclamos de confiscados por los sandinistas. Y, encima, se calculaba que aún se adeudaban otros mil millones de dólares.

El exprocurador general de la República, Alberto Novoa, comenta que originalmente la deuda interna del Estado de Nicaragua, a causa de la Piñata sandinista, rondaba los 1,500 millones de dólares en total. Pero, con el paso del tiempo, más la depreciación del dólar, el costo total de la Piñata sandinista le estaría costando a los nicaragüenses unos 2,200 millones de dólares. Aún no se termina de pagar esa deuda interna. Según archivos de La Prensa, el gerente general del Puesto de Bolsa Invercasa, Emiliano Maranhão, dijo que de acuerdo con la programación de pagos, los bonos por indemnización se terminarán de pagar hasta en el año 2023.

El waiver

Un gran número de nicaragüenses, que desde antes de 1979 habían salido de Nicaragua huyendo del sandinismo cuando vieron que era inminente la caída del somocismo, regresaron a partir de 1990 al país a reclamar sus propiedades que les habían sido confiscadas con los decretos 3, 38 y 760. La mayoría de esos nicaragüenses se habían nacionalizado estadounidenses y el gobierno de los Estados Unidos posteriormente iba a presionar a Nicaragua para que se le resolvieran sus reclamos a los “gringos caitudos”, como se le comenzó a denominar a todo nicaragüense nacionalizado estadounidense.

A partir de 1994, Estados Unidos iba a imponer a Nicaragua un “waiver” o dispensa si el Estado nicaragüense deseaba obtener préstamos de los organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial. Es decir, cada año el Estado de Nicaragua debía de resolver satisfactoriamente cierto número de reclamos de propiedades por parte de los ciudadanos norteamericanos.

Durante 21 años Nicaragua pasó pagando indemnizaciones a los ciudadanos norteamericanos, cumpliendo siempre con los requerimientos del waiver. El 5 de agosto de 2015, el gobierno de Estados Unidos anunció que levantaba esas restricciones a Nicaragua. De acuerdo con la revista Envío, entre 1994 y 2012 el Estado nicaragüense pagó 1,279 millones de dólares en indemnizaciones.

Según cifras oficiales, fueron 3,166 casos de reclamos los que recibió el Estado de Nicaragua de parte de ciudadanos norteamericanos confiscados por el sandinismo mediante los decretos 3, 38 y 760.

En los últimos años del waiver, había 34 casos que eran los más difíciles de resolver. Según fuentes de la Procuraduría General de la República, que pidieron el anonimato, se trataba de enormes fincas que quedaron en manos del Ejército.

Las leyes de la Piñata

Entre el día que perdieron el poder en las elecciones, el 25 de febrero de 1990, y el día que lo entregaron, el 25 de abril del mismo año, los sandinistas aprobaron tres leyes que les permitieron legalizar todas las viviendas, lotes de terrenos, empresas, fincas que cayeron en poder de ellos durante la Revolución sandinista, entre julio de 1979 y febrero de 1990.

Fueron conocidas como las leyes de la Piñata y son la 85, 86 y 88:

Ley 85. Ley de Transmisión de la Propiedad de Viviendas y Otros Inmuebles Pertenecientes al Estado y sus instituciones. Fue aprobada el 29 de marzo de 1990 y publicada en La Gaceta al día siguiente, 30. Esta ley se dictó porque durante los años de la Revolución sandinista el Estado había asignado casas a diferentes personas pero no las habían legalizado. Con la ley se garantizó el derecho a la vivienda a toda persona que, al 25 de febrero de 1990, tuviera asignada por el Estado una casa. Igualmente, garantizaba una indemnización para la persona que hubiese sido expropiada. Si la propiedad tenía una extensión menor a los 100 metros cuadrados de construcción, el beneficiado la recibía gratuita. Si estaba entre los 100 y los 200 metros cuadrados de construcción, el beneficiado debía pagar 500 mil córdobas por metro cuadrado de construcción. Si era mayor de 200 metros cuadrados, debía pagar un millón de córdobas por metro cuadrado de construcción. El plazo a pagar fue de 20 años.

Ley 86. Ley Especial de Legalización de Viviendas y Terrenos. Aprobada el 29 de marzo de 1990 y publicada en La Gaceta el 3 de abril de ese mismo año. Esta ley protegía a las personas que estaban en posesión, asignados por el Estado, de terrenos o viviendas en barrios, urbanizaciones y repartos pero no estaban legalizados. El beneficiado recibía la propiedad gratuitamente.

Ley 88. Ley de Protección a la Propiedad Agraria. Aprobada el 2 de abril de 1990 y publicada en La Gaceta el 5 de ese mismo mes. Esta ley garantiza los derechos adquiridos sobre la propiedad de la tierra al campesinado, productores individuales, cooperativas, comunidades indígenas y de la Costa Atlántica (hoy Costa Caribe).

Los decretos de las confiscaciones

Las propiedades que después fueron “piñateadas” por los sandinistas, provenían principalmente de los Somoza, sus familiares o allegados, así como de miembros de la Guardia Nacional. Todos ellos fueron expropiados principalmente a través de los siguientes decretos.

Decreto 3. Aprobado el 20 de julio de 1979 y publicado en La Gaceta el 22 de agosto de ese mismo año. Se faculta al Procurador General de Justicia para que intervenga, requise y confisque todos los bienes de la familia Somoza, militares y funcionarios que hubiesen abandonado Nicaragua a partir de diciembre de 1977.

Decreto 38. Aprobado el 8 de agosto de 1979 y publicado en La Gaceta el 3 de septiembre de ese mismo año. Aclara y le añade al decreto 3. El procurador también congelará o intervendrá cualquier transacción, bien o empresa de personas allegadas al somocismo que hayan sido denunciadas como tales.

Decreto 760. Aprobado el 19 de julio de 1981 y publicado en La Gaceta el 22 del mismo mes. Consideraba abandonadas y pasaban a propiedad del Estado todos los bienes muebles o inmuebles de propietarios nicaragüenses que se ausentaran de Nicaragua y no hubiesen regresado después de seis meses.

Decreto 782. Ley de Reforma Agraria. Aprobado el 19 de julio de 1981 y publicado en La Gaceta el 21 de agosto de ese mismo año. Declaraba afectadas por la Reforma Agraria las tierras ociosas o mal explotadas por propietarios con más de 500 manzanas de tierra en la zona A y más de 1,000 manzanas en la zona B. Las tierras en arriendo o cedidas bajo cualquier otra modalidad. O tierras que no estaban siendo trabajadas por sus propios dueños. También las tierras en abandono.

Otras piñatas

La Piñata de 1990 no es la única. También existe la piñata que se hizo con las privatizaciones de las empresas estatales.

Durante la Revolución sandinista, en los años ochenta, el régimen optó por nacionalizar las empresas, pero no fue un modelo eficiente. La mayoría de esas empresas eran ineficientes.

El gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro decidió crear mediante el decreto ley 7-90, del 2 de mayo de 1990, la Junta General de Corporaciones Nacionales del Sector Público (Cornap), para administrar estas empresas y para hacer las recomendaciones a la Presidencia de la República relativas a la privatización de estas empresas, explicó en su momento Antonio Lacayo.

Lacayo indica en su libro La difícil transición nicaragüense que de las 351 empresas que había heredado la Cornap, se devolvieron 46, se habían privatizado 20 y otras 25 estaban en proceso. El gobierno no podía inyectarles recursos a estas empresas. Necesitaban privatizarlas.

Según Sergio Ramírez, para poder privatizar esas empresas el Gobierno tenía que tener consentimiento de la dirigencia del Frente Sandinista y de los sindicatos allegados a ese partido. “(En 1991) se llegó a un acuerdo de que el Frente Sandinista consentía la privatización masiva de esas propiedades siempre que el 30 por ciento de esas empresas pasara a manos de los sindicatos”, dijo Ramírez a La Prensa.

El problema fue que tiempo después esas empresas no le quedaron a los trabajadores, sino que fueron a manos de altos miembros del FSLN.

“Esa es otra piñata, y cuidado es una piñata más grande que las anteriores, porque ahí muchas empresas pasaron a manos de gente que todavía es dueña de esas empresas, cero sindicatos. Había gente que tenía influencia que se quedó con esas propiedades”, añadió Ramírez.

El historiador Alejandro Bolaños Geyer, en su libro La gran piñata vendepatria, da cuenta de otra piñata, la que se hizo con la repartición de la nacionalidad nicaragüense a extranjeros, internacionalistas en su mayoría, que habían apoyado a la Revolución sandinista. Algunos de ellos estaban señalados de terrorismo internacional y pertenecían o habían pertenecido a la banda alemana Baader-Meinhof, a las Brigadas Rojas italianas y la organización Patria Vasca y Libertad (ETA).

Según Bolaños Geyer, entre el 25 de febrero de 1990 y el 25 de abril de ese mismo año el régimen sandinista nacionalizó a 972 personas, cada una pagando 200 mil córdobas de la época. Provenían de Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, entre otros, pero principalmente de El Salvador, con 494 nacionalizados; Cuba, 33; España, 93; Guatemala, 44; Jordania, 55; Honduras, 47; Colombia, 15 y Palestina, 17.

Consecuencias para el FSLN

La Piñata causó discordia y divisiones entre el FSLN, principalmente en el primer congreso del partido después de la derrota electoral, que se celebró en El Crucero en junio de 1990.

Se conformó una comisión de ética para ver el asunto. El padre Fernando Cardenal cuestionó que leyes justas se hubiesen utilizado para encubrir actos de apropiación ilegales.

El padre Ernesto Cardenal escribió en su libro La revolución perdida que “la derrota electoral había sido una victoria moral para la revolución. Pero fue la ‘piñata’ lo que acabó con ella, haciendo que la revolución dejara de ser revolución”.

También el escritor Sergio Ramírez la criticó en su libro Adiós muchachos: “Mil veces peor que la derrota electoral fue la piñata. Esa operación de demolición que hundió, antes que nada, una opción de conducta frente a la vida, aún no ha terminado. Porque quienes lejos de las catacumbas defienden ahora una cuota de poder político dentro del sistema que de nuevo se reconstituye como fue antes, cada vez encuentran más difícil renunciar al poder económico o dejar de multiplicarlo. Ésta ha sido la verdadera pérdida de la santidad”.

Los sandinistas, que habían tenido buena aceptación en una parte de la comunidad internacional, quedaron totalmente desacreditados ante los ojos del mundo entero.

En el periódico izquierdista mexicano La Jornada, Joaquín Ibarz escribió en 1991: “Un año después de dejar el cargo, los sandinistas son los verdaderos nuevos ricos de Nicaragua . Se han convertido en la potencia económica de facto en el país, pero al enorme costo de su honor y la mayor parte de su respaldo político. La flagrante corrupción de los principales comandantes ha desprestigiado al movimiento sandinista, reduciendo constantemente su influencia, su apoyo popular e incluso su unidad interna. Hoy el Frente Sandinista se encuentra en un callejón sin salida, habiendo perdido el activo más preciado de cualquier movimiento revolucionario: su autoridad moral”.

Los conflictos internos del FSLN, producto de la Piñata, tuvieron su punto culminante con la división del mismo, cuando en 1994 una gran cantidad de cuadros dejó el partido, entre ellos Sergio Ramírez, Dora María Téllez y Ernesto Cardenal. Aunque no fue la Piñata la causa única y principal, este grupo de disidentes, que formaron el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) en 1995, le reclamaban cuentas claras a Daniel Ortega y compañía sobre la Piñata.

¿Por qué el nombre de Piñata?

Las piñatas son ollas de barro o de cartón decoradas con papel de colores y que se rellenan con caramelos. Las más tradicionales son las de siete picos; sin embargo, hoy en día se pueden encontrar de casi cualquier forma, incluyendo animales, objetos e incluso personajes populares y animados.

Aunque en Nicaragua son igual de famosas que en otros países de Latinoamérica como México, tienen su origen en China, donde eran un elemento común en las celebraciones de año nuevo. Su llegada a Europa se atribuye a Marco Polo; fue él quien importó esta tradición a Italia, donde se adaptó para las festividades de la Cuaresma. De ahí se difundió a España, llegando a México con los misioneros a principios del siglo XVI.

En Nicaragua la palabra “piñata” tuvo una connotación más fuerte en el período de transición, cuando los sandinistas entregaron el poder al nuevo gobierno en 1990 y realizaron una confiscación de propiedades inédita en la historia del país. Según Violeta Barrios de Chamorro en su libro de memorias Sueños del Corazón, el diario La Prensa bajo la dirección de su hija Cristiana, calificó este vandalismo como “la gran piñata”.

“La repartición de bienes entre sandinistas nos recordaba a todos las fiestas en las que los niños se turnan para golpear la piñata con un palo hasta que se rompe y se lanzan a todos sobre el suelo para recoger los confites que lleva por dentro”, escribió Chamorro en su libro.

Piñata sobre piñata

El exprocurador Alberto Novoa señala que, además de la Piñata de los sandinistas, también hubo “piñata” con los Bonos por Indemnización (BPI), específicamente en la oficina de cuantificaciones.

Un ejemplo es el caso de la finca La Garnacha, en Matagalpa, propiedad de la progenitora del exmagistrado electoral Roberto Rivas. Una investigación de La Prensa señala que dicha finca fue indemnizada “como si tuviera seis pisos”, ya que en la indemnización se introdujo una cantidad de ganado que no cabía en el terreno de la propiedad, a menos que fuera seis veces más grande. “La valoración de este ganado (tres mil 655 animales) se efectúa tomando como referencia la ratificación del Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA) (agosto/9/96), la relación cabezas por manzana con el ganado descrito en la ratificación y el área empastada es de 5.80 cabezas por manzana, relación que desde el punto de vista técnico no es posible obtenerla y con mucha mayor razón en la zona de San Ramón (sin riego)”, dice una nota de la OCI sobre la propiedad de Josefa Reyes de Rivas.

En el caso de los BPI, Novoa señala que si un bono era por mil córdobas, la gente lo vendía en 200 córdobas porque necesitaba el dinero lo más pronto posible y el Estado se demoraba en pagar. Había personas que se dedicaban a ese negocio de comprar BPI baratos para después cobrarlos por su valor real.

El mayor problema, según Novoa, es que las indemnizaciones se cuantificaban de manera discrecional, pues no hubo una norma de cómo se iba a cuantificar.

Igualmente, Novoa considera que hubo tráfico de influencias en las indemnizaciones, porque a unos cuantos confiscados se les pagó rápido, en efectivo y a otros con bonos, más lento.