Confiscaron miles de propiedades a personas que consideraron, justa o injustamente, como somocistas. Se las repartieron durante los años de la revolución y, en los dos meses posteriores a la derrota electoral de 1990, las legalizaron a través de tres leyes. El reparto se conoce como la Piñata. Fue un acto de rapiña que aún está pagando el pueblo, unos 2,200 millones de dólares en total

Por Eduardo Cruz y Julián Navarrete

El 25 de abril de 1990, cuando Violeta Barrios de Chamorro entró por primera vez a la oficina de la Presidencia de Nicaragua, todo estaba arrasado. Solo encontró algunas paredes desnudas que “no estaban muy limpias”. Había algunos papeles esparcidos en el piso, tres sillas mecedoras y una pequeña mesa de color violeta. Según publicó el 12 de mayo de ese año el periódico La Jornada, de México, la nueva presidenta no encontró ni siquiera la bandera nacional.

La imagen de la oficina vacía de la presidenta Chamorro era similar a la de otros edificios gubernamentales y empresas estatales de toda Nicaragua, a finales de abril de 1990, cuando el Frente Sandinista entregó el poder al nuevo gobierno, después de mandar en el país desde 1979. De casi todas las instituciones del Estado se desaparecieron los escritorios, sillas, máquinas de escribir, archivos, pinturas e incluso las toallas de baño. De la oficina presidencial, por ejemplo, desaparecieron las cámaras de televisión, cintas de videos y los archivos de la antigua administración.

El saqueo a las oficinas estatales apenas simboliza la rapacidad con la que los miembros del Frente Sandinista actuaron en los dos meses previos a entregar el poder, entre el 25 de febrero y el 25 de abril de 1990, para apropiarse de propiedades urbanas y rurales, además de cientos de empresas que habían estatizado. En esos dos meses se aprobaron tres leyes (85, 86 y 88) para legalizar las propiedades confiscadas.