Un grupo de “chivos expiatorios” recibió condenas de hasta 133 años de prisión por un crimen que el Ministerio Público no pudo probar que cometieron y que la Policía resolvió “en tiempo récord”. Nueve de los acusados permanecen en prisión hasta la fecha.
Por Hans Lawrence Ramírez
Sábado. 19 de julio. 9.30 de la noche. Dos buses repletos de simpatizantes del Frente Sandinista van de regreso a San Juan de Limay y sus pasajeros van con el pesar de no haber podido entrar a la Plaza de la Fe que estaba desbordada por seguidores del partido que llegaron para celebrar el aniversario número 35 de la Revolución Sandinista.
Los buses van avanzando en la oscuridad de la carretera por la comarca Las Calabazas, antes de llegar a Ciudad Darío. Van escuchando el discurso de Daniel Ortega que están repitiendo por la radio, coreando canciones del partido y gritando vivas al “comandante”, a Carlos Fonseca, a la Revolución y a todos los héroes y mártires que cayeron en la lucha contra la dinastía somocista.
De repente, toda la algarabía es interrumpida por una ráfaga de disparos. En cuestión de segundos, los pasajeros pasaron del festejo al horror de estar siendo acribillados, con los asientos y pisos llenos de sangre de 22 personas. Cuatro de ellas muertas.
Los que perdieron la vida en ese ataque fueron Vilma Gómez Benavidez de 48 años, Esther Nidia Gómez Barrera de 28 años, Germán Martínez Méndez de 24 años, y Jader Francisco Sáenz Potoy de 22 años.
Tres horas después, a las 12:25 de la madrugada del domingo 20 de julio, a unos 50 kilómetros de Las Calabazas, otro bus con simpatizantes sandinistas avanza por la comarca Wabule, en el municipio de San Ramón. Su destino final es la comarca El Jobo, en Matiguás, pero antes de llegar, la escena vivida en Las Calabazas se repite.
–¡Agáchense! – gritó el conductor Félix Martínez
El conductor no quiso detenerse y más bien aceleró lo más que pudo hasta llegar a una zona poblada en donde buscaron ayuda. Ahí se dieron cuenta que, entre los heridos, había un joven muerto. Su nombre era Yelsin Talavera Galeano, de 22 años. Murió de hemorragia masiva, y con los pulmones y el corazón lacerados.
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Con los años, la masacre ocurrida la noche del 19 de julio de 2014 y el polémico proceso judicial que le siguió habían ido quedando en el olvido, pero con el estallido de las protestas de abril de 2018 y la ola de presos políticos con los que Daniel Ortega ha llenado las cárceles del país, el caso ha tomado mayor relevancia.
Cinco personas murieron esa noche y más de veinte resultaron heridas. Doce fueron los condenados por el crimen, y nueve de ellos permanecen en la cárcel hasta la fecha, pagando condenas de hasta 133 años, insistiendo en su inocencia y declarándose como presos políticos.
Sus nombres son: Wilfredo Balmaceda, Walter Balmaceda, Zacarías Cano, José Ricardo Cortez, Eddy Gutiérrez, Rosendo Huerta, José Olivar Meza, Jairo Obando y Leonel Poveda
“A partir de un trabajo de documentación del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Mas, se reconoció el carácter político de 10 personas, que se conocen como presos políticos previos al contexto abril 2018 en Nicaragua”, detalla el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Nueve de esas personas están detenidas por el caso del 19 de julio, y el otro, es Marvin Vargas, un ex recluta del Servicio Militar, preso desde 2011.
Estos detenidos no fueron excarcelados el pasado 9 de febrero, cuando Daniel Ortega desterró a 222 presos políticos y mandó a Estados Unidos, si no que todos permanecen en las celdas de máxima seguridad del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, “La Modelo”.
“Las personas recluidas en este régimen se encuentran en mayor aislamiento, con visitas familiares menos frecuentes y solamente a través de un vidrio que les separa al momento de hablar. Tampoco suelen tener acceso a cocina ni salidas regulares a patio sol”, detalla el Mecanismo.
El principal argumento para considerar a estas personas como presos políticos es que ni la Policía, ni la Fiscalía pudieron demostrar con pruebas contundentes que ellos estuvieron relacionados al ataque, además de las denuncias que ellos mismos hicieron sobre torturas y malos tratos en la prisión, entre otras irregularidades durante el juicio.
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La primera comisionada Aminta Granera fue la que presentó el esclarecimiento de los hechos 17 días después de la masacre. “Tiempo récord”, calificó ella misma al dar inicio a una extensa conferencia de prensa.
La Policía presentó un video en donde Wilfredo Balmaceda, Leonel Poveda y José Ricardo Cortez, narraban y hasta dramatizaban en el lugar de los hechos, cómo fue que supuestamente llevaron a cabo la acción en contra de los buses de la caravana sandinista.
“Este es el sitio al que vine el 16 de julio aproximadamente a las 2 de la tarde a dejar a Eddy (Gutiérrez), a Leonel y a Yalí (Pablo Martínez, aún prófugo de la justicia), que ellos iban a hacer un recorrido y exploración para ubicar el lugar y la ruta de salida y para hacer un hostigamiento a las caravanas del 19 de julio”, dijo Balmaceda en el video.
Le siguió Poveda, quien describió: “Este es el lugar que se ha escogido porque es el indicado para la emboscada”, mientras Cortez detalló cómo fueron las reuniones previas a la masacre en donde se definió quién iba a hacer qué el día del ataque.
La Policía decía que entre el 20 junio y el 10 julio de 2014, los imputados se reunieron varias veces en las casas de Leonel Poveda y Eddy Gutiérrez, para planificar la masacre, y que Gutiérrez, junto a Pablo Martínez y Jairo Obando serían quienes dispararon a la caravana que iba por Las Calabazas.
La versión policíal también detallaba que Walter Balmaceda contrató por 500 córdobas a los hermanos Juan José y Gregorio Torrez, y Erick Salgado para que le tiraran piedras a la caravana y hacer que disminuyera su velocidad. La acusación policial indicaba que Balmaceda, quien conducía uno de los buses de la caravana, pasó dejando a los tres jóvenes “tirapiedras” por el sitio.
Los “tirapiedras” fueron los primeros tres detenidos del caso y resultaron ser simpatizantes sandinistas. Eran originarios de la comunidad La Pilas y fueron detenidos por la Policía horas después de que llegaron de celebrar el 35 aniversario de la Revolución en Managua.
La Policía explicó que supuestamente fueron encontrados con la técnica canina. Los perros habrían seguido el rastro de los tres jóvenes desde el lugar donde fueron encontrados los casquillos de AK47 y escopetas, hasta la comunidad donde ellos viven.
Durante la presentación que hizo la Policía de los “tirapiedras”, ellos dijeron a los medios de comunicación oficialistas que eran inocentes. “Nosotros no participamos. Nosotros venimos de la caravana y nos detienen a nosotros en la entrada de Terrabona. Ahí es la comunidad de nosotros. Estábamos esperando un camión para irnos al raid a la comunidad”, dijo Juan Torres
Según la Policía, Torres y su hermano se reunieron el 16 de julio con Balmaceda en su comunidad, y posteriormente el 17 en Tipitapa para planear el atentado.
Los tres fueron presentados 96 horas después de su captura, y no a las 48 horas como establecía la ley. Posteriormente hubo varios detenidos que fueron liberados porque la Policía no pudo vincularlos con el caso. Varios de esos detenidos denunciaron ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) que fueron golpeados, desnudados y amenazados con ser fusilados.
En cuanto a Rosendo Huerta y Zacarías Cano, fueron señalados de ser los que dispararon al otro bus en Wabule.
El juez del caso fue Edgard Altamirano, el mismo que ha condenado a varios presos políticos tras las protestas de 2018. Durante el juicio, los acusados desmintieron lo que dijeron en el video y denunciaron que habían sido grabados bajo amenazas, torturas y sin la presencia de un abogado.
“Si yo les hubiera dado una entrevista de mi libre y espontánea voluntad, aceptando los cargos que me señalan, yo al inicio de este juicio me hubiera declarado culpable, señor juez”, sostuvo Balmaceda.
Por su parte, Eddy Gutiérrez, acusó a la Policía de haberlo golpeado y denunció que fue llevado a una casa particular donde, “estaba un señor de apellido Avellán”, en referencia al comisionado Ramón Avellán, a quien acusaron de dirigir la golpiza y tortura en su contra.
Luego habló Jairo Obando “Fui capturado el 3 de agosto a las 1 de la mañana. Me torturaron como si yo fuera un delincuente. Uno, con el perdón de ustedes, me puso el AK en el ano, el otro en las costillas y el otro en la cabeza. Me dijeron aquí vas a hacer lo que digamos hijo de la tal por cual, porque estás en nuestras manos, si no ya sabés, si no tu familia se va a morir y los vamos a decapitar, manos por manos, y pies por pies. Y yo tuve miedo porque, la verdad, mi familia es todo para mí”, dijo el hombre frente al juez.
“A medianoche me tiraban hormigas” – siguió– “y yo sin camisa, solo con pantalón, sin zapatos y sin nada. Me tiraban hormigas. Me tiraban patadas a darme a mí. Me trataban como animal. Después me bajaron y me llevaron como un perro, y me jalaban y me arrastraban como animal. Me dijeron que me iba a bañar porque iba a dar una entrevista. Y yo con miedo y nervios y todo, y me sientan en una mesa y están ocho personas apuntándome con una AK, de civil, pero sí encapuchados para que yo hiciera lo que ellos me iban a decir y si yo me movía o hacía un movimiento en falso, aquí te morís hijueputa”.
Los abogados defensores hicieron todo lo que pudieron frente a las “pruebas” del Ministerio Público que no había logrado probar nada. En la mayoría de los casos, hasta con fotografías, se comprobó que los acusados estaban en lugares diferentes a la hora de la masacre, mientras la entonces fiscal María Oviedo, sostenía que ellos fueron los que jalaron el gatillo contra la caravana sandinista.
Años después, con el estallido de la crisis política, María Oviedo dejó su cargo como fiscal y se fue a trabajar a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) en donde defendió a varios presos políticos, hasta que fue encarcelada y convertida en presa política. El pasado nueve de febrero, Oviedo fue desterrada hacia Estados Unidos y despojada de su nacionalidad.
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El juez Edgard Altamirano pasó por alto las denuncias de abusos y las pruebas de la defensa, y más bien los declaró a todos culpables. A los “tirapiedras” Erick Salgado, y los hermanos Juan José y Gregorio Torrez Espinoza, les dieron dos años de prisión y fueron liberados en agosto de 2016.
MAGAZINE trató de comunicarse con los hermanos Torres Espinoza para este reportaje, pero solamente Gregorio respondió. “No estoy interesado” en brindar una entrevista sobre el caso, dijo.
Walter Balmaceda, aunque el Ministerio Público no pudo probarlo, fue señalado de ser uno de los jefes del grupo y recibió 133 años de condena. Su abogado Carlos Baltodano dijo entonces que la única prueba en su contra fue un oficial de Inteligencia quien detalló en el juicio que habló con un señor de la comarca Las Pilas, cerca del lugar de la masacre, y que le dijo que Balmaceda había contratado a los “tirapiedras”.
Balmaceda no tenía entrenamiento militar y según su abogado, tanto él y los demás acusados fueron “chivos expiatorios” en un caso que la Policía quiso resolver a como diera lugar.
Además de Balmaceda, Leonel Poveda, Zacarías Cano, José Ricardo Cortez y Wilfredo Balmaceda, recibieron 133 años de condena. A Eddy Gutiérrez le dieron 132 años y a Jairo Obando, 113.
En el caso de Rosendo Huerta, su condena fue de 37 años, y a otro ciudadano, José Meza, lo condenaron a 10 años de cárcel por “encubrimiento”.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas detalla que José Ricardo Cortéz se encuentra detenido en la Galería 2 de La Modelo, mientras que Wilfredo Balmaceda permanece en “El Infiernillo” y los demás se encuentran en “la 300”. Hasta la fecha, sus abogados y familiares insisten en que son inocentes.
