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Setenta años atrás, las 24 manzanas que hoy suman el barrio El Carmen eran sólo los potreros de una finca de Constantino Pereira, un hombre que en los años cuarenta del siglo pasado se convirtió en el primero en iniciar, justo en esas tierras, la construcción de una urbanización fuera del centro de la vieja capital, devastada por el terremoto de 1972.

Los linderos de aquella finca eran desde el actual centro comercial Plaza El Carmen hasta el estadio
Cranshaw, antes sólo conocido como “fields” o “campo”.

Las primeras cuatro casas que construyó Constantino Pereira fueron exactamente frente a ese predio, donde hoy funcionan una clínica provisional que ahora han convertido en una filial del Hospital Roberto Huembes, la Casa del Libro y otra pequeña librería. Para esa época las posibilidades de su proyecto eran pocas. El propio Anastasio Somoza García, padre de la dinastía que gobernó Nicaragua durante 46 años, opinó que la obra de Pereira era descabellada, según una anécdota que recuerdan los vecinos del callejón Pereira, que es lo único que ahora queda de la colonia original.

—¿Quién será el loco que está construyendo casas en este potrero? –cuentan que preguntó Somoza
García un día que pasó por la prolongación de la Calle Colón, mientras un grupo de albañiles construía las nuevas viviendas. Uno de los militares que le acompañaba respondió:

—Son casas que va a vender Constantino Pereira.

—Hombré –reaccionó el dictador– yo he escuchado hablar de Constantino como un hombre emprendedor, pero no creo que esto le funcione.

Pero el dictador se equivocó. Y recién concluidas las cuatro viviendas ahí se instalaron varias embajadas. Constantino Pereira, ajeno a la poca fe de Somoza, continuó su obra y cedió al Distrito Municipal (hoy Alcaldía de Managua) las áreas para la construcción de calles y avenidas y un amplio terreno para la construcción del parque, que tomó su nombre –igual que todo el barrio de la iglesia El Carmen, edificada más tarde. Hasta entonces la zona era conocida como Colonia Pereira o Bosques de Bolonia, como todavía figura en los mapas de la capital.

El amplio parque que entonces medía una manzana y media, y no sólo media manzana como ahora, fue lo que atrajo ahí a muchas familias. Una de ellas fue la del empresario nicaragüense Jaime Morales Carazo y la mexicana Amparo Vázquez, quienes junto a sus hijos Jaime, Lorena y Héctor, instalaron años más tarde su residencia frente al costado suroeste del parque.

Probablemente ahora ésa sea la casa más famosa de todo el barrio, aunque en esa particularidad poco tiene que ver el parque y otros son sus ocupantes, desde que algunas semanas después del triunfo de la revolución que derrocó a Somoza, el 19 de julio de 1979, el entonces coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, Daniel Ortega, y su compañera de vida Rosario Murillo, se trasladaron ahí con los tres hijos que criaban juntos: Rafael, Zoilamérica y Carlos Enrique, a quien la mayoría conoce como Tino.

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Zoilamérica Nárvaez Murillo probablemente nunca olvidará sus primeros días en la casa de Jaime Morales Carazo. Según la hija mayor de Rosario Murillo, que en 1998 acusó por abuso sexual a su padrastro Daniel Ortega, llegar a vivir ahí fue para ella como protagonizar un cuento de hadas.

“En la casa de don Jaime Morales yo me sentía como en el cuento de la Ricitos de Oro y los Tres Ositos. Dio la casualidad que don Jaime tenía dos hijos varones y una mujer. Llegamos a la casa y el cuarto de la muchacha (Lorena Morales Vázquez), que pasó a ser mi cuarto, estaba tal y como ella lo había dejado, con un tocador lindísimo. Era un cuarto alfombrado, con un clóset enorme, una sobrecama linda de cuadritos celestes, el clóset lleno de ropa, blue jeans de marca, abría las gavetas y estaban los cosméticos, las pulseras, los relojes, todo”, relató Zoilamérica 19 años después de aquel episodio, en una entrevista que concedió a la escritora Gioconda Belli, en la cual reveló los detalles del abuso sexual que sufrió de parte de Ortega y cuya demanda abandonó en el 2004, cuando un 8 de marzo se reconcilió públicamente con su madre.

El cuarto de Lorena no era lo único intacto en aquella casa. Cuando la familia Morales Vázquez salió unas semanas antes del triunfo de la revolución hacia México, en su casa de Nicaragua todo quedó en su sitio. El amplio escritorio de madera con el escudo de la familia tallado, el pesado juego de mecedoras de madera preciosa, las pinturas y obras de arte, y las sábanas, toallas y batas de baño con las iniciales de cada uno de sus dueños bordadas a una orilla, como con la que Amparo Vázquez encontró envuelta a Rosario Murillo cuando logró entrar por única vez a su casa, desde que en ella se instalaron sus nuevos ocupantes.

Zoilamérica dice que ella usó y jugó con las pertenencias de Lorena “hasta que a los quince días llegaron de parte de don Jaime a llevárselas”. Pero la salida de esos objetos personales ocurrió después de una discusión entre Rosario y Amparo, según se supo unos años más tarde.

En el breve intercambio, Murillo le ordenó a Vázquez que abandonara su casa, y la segunda le exigió a la primera que entregara los objetos personales y utensilios domésticos a las dos empleadas que la familia Morales-Vázquez tenía, porque prefería que los tuvieran ellas, antes de que otros los usaran.

Desde la fecha hasta un arreglo secreto en noviembre del 2005, el matrimonio Morales Vázquez mantuvo un litigio y reclamo público desde México y Nicaragua contra la pareja Ortega-Murillo, quienes, sin embargo, encontraron la manera de quedarse con la residencia y otras propiedades aledañas a ella.

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Un día después del triunfo de la revolución, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional promulgó su tercer decreto en el que ordenó la confiscación de los bienes de la familia Somoza y de militares y funcionarios somocistas que abandonaron el país a partir de diciembre de 1977.

Jaime Morales Carazo y su esposa Amparo Vásquez no estaban en ninguna de esas categorías, pero las fotos de una recepción que ofrecieron en esa casa en ocasión de la inauguración del Teatro Nacional Rubén Darío, y a la que asistió Anastasio Somoza Debayle junto a su esposa Hope Portocarrero, presidenta de la Junta Directiva del nuevo Teatro, demostraron lo contrario para Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Hurgando en la casa en la que se había instalado, la pareja dio con las fotos en un mueble del salón de juegos de la residencia del matrimonio Morales-Vázquez.

En las fotos tomadas el 6 de diciembre de 1969, el matrimonio nicaragüense-mexicano aparecía con el cantante azteca Demetrio González y también con la pareja presidencial de la época. La nueva pareja argumentó entonces que los habitantes de la residencia eran somocistas, porque tenían fotos con Somoza.

Además del salón de juegos, la casa disponía de una biblioteca y en general lucía como un museo, con varios juegos de muebles antiguos, pinturas y esculturas de gran valor y una colección de armas antiguas. Toda una mansión que el matrimonio confiscado calculó en un millón de dólares. Pero por la que al final de su gobierno Ortega pagó menos de 42 mil dólares, según el monto de venta del conjunto de propiedades que inscribió menos de 24 horas antes de entregar el poder a Violeta Barrios de Chamorro.

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A las 8:00 de la mañana del 24 de abril de 1990, el abogado Francis Guerrero Delgado inscribió a nombre de Daniel Ortega un conjunto de propiedades ubicadas en el parque El Carmen. Según consta en el tomo 738, folio 263, asiento cuatro del Registro Público de la Propiedad Inmueble Managua. Ortega compró el conjunto al Banco de la Vivienda de Nicaragua (Bavinic) a un precio de 2,236 millones 650 mil córdobas, que al cambio oficial de la época eran 41,573 dólares.

Antes de ese día, Ortega no tenía ninguna otra propiedad inscrita a su nombre, pues el conjunto que logró fue al amparo de la ley de transmisión de la propiedad de viviendas (Ley 85) o “piñata”.

El primer artículo de esa ley estableció que el Estado debía garantizar el derecho de propiedad de todo nicaragüense que al 25 de febrero de 1990 ocupara por “asignación, posesión, arriendo o cualquier otra forma de tenencia” una casa de habitación propiedad del Estado y sus instituciones, como el Sistema Financiero Nacional, el Bavinic, entes autónomos, organismos descentralizados, empresas propiedad del Estado y gobiernos municipales.

En la venta, el Bavinic fue representado por el contador público Silvio Román Barrios Cruz. El mismo que también vendió otras propiedades, bajo las mismas condiciones de ley, a los comandantes Tomás Borge y Bayardo Arce.

Un mes antes de que Ortega inscribiera la propiedad bajo el número 49,963 ésa había sido donada al Bavinic por el Procurador General de Justicia, Omar Cortés Ruiz.

En octubre de 1993, Amparo Vázquez elevó el reclamo por su vivienda al ámbito internacional, cuando logró que el diario mexicano El Excélsior publicara un artículo en el cual se refirió a Ortega como un “mentiroso y oportunista”. Vázquez incluso acusó a Ortega de utilizar el tráfico de influencias, el estelionato y peculado, para quedarse con la residencia que aseguró estaba inscrita a nombre de una sociedad integrada por ella y sus tres hijos, entonces menores de edad.

Además, igual que luego lo hizo su esposo en un artículo publicado en La Prensa en agosto de 1995, Vázquez advirtió que Ortega siempre contradijo sus versiones sobre cómo tomó posesión y adquirió la casa. Vázquez reclamó que Ortega primero aseguró que la vivienda estaba abandonada, luego dijo que a él se la habían prestado, después que él la alquilaba y finalmente que la compró al Bavinic, que había adquirido el título de la residencia porque estaba hipotecada.

“El ex presidente Ortega ha contado cien inverosímiles historias cada vez más contradictorias (y) nunca ha comprobado la supuesta legitimidad ni con el abuso de sus propias leyes piñateras”, sostuvo Morales Carazo en un artículo de dos entregas, publicados en agosto de 1995, en las páginas de Opinión de La Prensa.

El ahora vicepresidente de Ortega respondió al argumento de la hipoteca presentado por Ortega con que la misma se pudo haber pagado con un par de alquileres o “con la venta de una sola pintura u obra de arte que por docenas habían en la casa”. Aunque ahora él prefiere no recordar el tema.

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El 10 de noviembre de 2005, después de veintiséis años de litigio, Morales Carazo anunció a través de un canal de televisión nacional que había alcanzado “un acuerdo de caballeros” con Ortega, con el cual ponía fin a la disputa por la polémica residencia.

“Llegamos a un acuerdo muy satisfactorio, muy caballeroso, y todo finiquitado”, dijo Morales Carazo, quien seis meses más tarde fue presentado y ratificado como el compañero de fórmula del caudillo del partido rojinegro.

Morales aseguró que “la legitimidad de la propiedad fue arreglada satisfactoriamente después de muchos años”, pero optó por no revelar más detalles sobre el acuerdo, que según él sólo puede ser abordado por el mandatario, que desde la fecha nunca se ha referido al asunto.

El ahora Vicepresidente confirmó a magazine que los términos del acuerdo continúan invariables. “No hay ninguna razón para que modifique mi posición. Ésa es una situación que se resolvió satisfactoriamente para las partes hace ya algunos años, cinco o seis. También sostengo que nunca mi familia o yo recibimos bonos de indemnización por la propiedad”, respondió.

Morales Carazo reiteró que “quien puede decir en qué forma se ha hecho (el arreglo) debe ser el presidente Ortega” y que su posición “no tiene vuelta de hoja”.

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La propiedad confiscada a la familia Morales-Vázquez es la que más se conoce, porque durante veintiséis años el país escuchó su reclamo. Pero el total de propiedades que componen la residencia Ortega-Murillo y que fueron inscritas a nombre de Ortega en abril de 1990 son siete.

Zayda Fernández de Ruiz, una antigua tesorera de la Alcaldía de Managua, durante la Administración local de Arturo Cruz Porras y el mandato nacional de René Schick, fue otra de las confiscadas. Un ingeniero diseñador de plantas hidroeléctricas a quien los vecinos del callejón Pereira sólo recuerdan como el ingeniero Vega, el propio padre de Carlos Fonseca, Fausto Amador, y Rina Pataky, hija del poeta y periodista israelita Lazslo Pataky, fueron otros de los habitantes de aquellas residencias que fueron confiscados u obligados a vender a precios irrisorios, cuando la Dirección Nacional del Frente Sandinista, separada de la residencia de Ortega sólo por una calle que él ha cerrado para su uso particular, alegó “razones de seguridad” para la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional.

Algunos vecinos como Gilma Pastora, propietaria de la casa donde funciona, y bastante remodelado, el Canal 4, “tuvieron suerte” y recibieron el monto que pedían, según reveló a magazine un ex colaborador cercano al mandatario. Pero ese tipo de suerte fue para pocos.

Hay también quienes se negaron a vender o ceder a las presiones y aún conservan su vivienda, aunque la tienen abandonada, como es el caso de Alberto y Eva McGregor que aún conservan en la guía telefónica su dirección de la Estatua de Montoya una cuadra al sur, una cuadra al este y 75 varas al sur, y que es a dos casas de uno de los portones que cierran el paso a la calle tomada por Ortega. Pero como la mayoría de quienes ahí vivieron prefieren no hablar del tema.

Las residencias que integran el complejo Ortega-Murillo hoy sirven a los hijos, nueras, yernos y nietos de la pareja presidencial, que viven en ese sitio custodiado a tiempo completo por la seguridad personal de Ortega, siendo mandatario y cuando no lo ha sido. Todo está ahí: casas de habitación, secretaría partidaria y despacho presidencial bien resguardados.

Costosa seguridad

La excesiva seguridad de la que goza el presidente Daniel Ortega ha costado al país más de 9.5 millones de córdobas, desde que él asumió el poder hasta la fecha, según la partida de Seguridad y Vigilancia de la Presidencia de la República, que reporta el Ministerio de Gobernación (Migob) en el Presupuesto General de la República y que aumenta cada año.

La partida está destinada para la seguridad y vigilancia de los edificios cuyo uso depende de la Presidencia, incluido el despacho presidencial que Ortega tiene instalado en su casa de habitación, que también es Secretaría del Frente Sandinista.

En el 2007, el gasto en seguridad y vigilancia de la Presidencia fue de 677 mil córdobas. Pero esa misma partida supera este año los 3.5 millones de córdobas, según el presupuesto. Es decir, que entre el primero y penúltimo año del Gobierno de Ortega el gasto aumentó en 2.8 millones de córdobas.

Todo sin contar con que Ortega dispone de un equipo de seguridad personal paralelo, integrado por ex militares o civiles armados.

¿Y los lisiados?

El 14 de septiembre de 1992, la agencia de noticias Acan-Efe informó que el entonces ex presidente Daniel Ortega estaba “pensando entregar” la residencia que continúa ocupando en el barrio El Carmen a los lisiados de guerra.

“Cuando considere conveniente irme de esta casa, se la voy a dar a los lisiados de guerra que dieron parte de su vida por la revolución nicaragüense”, declaró Ortega. A principios del año 2000 se rumoró que Ortega construía una casa en los alrededores del Colegio Centroamérica, pero él mismo desmintió la versión.

Las propiedades adquiridas por Daniel Ortega e inscritas a su nombre un día antes de entregar el poder, siempre han significado para el Frente Sandinista un símbolo. Que Ortega pudiera haber regresado las casas siempre se temió como un mensaje de desamparo para los otros comandantes y altos funcionarios del Frente Sandinista que obtuvieron propiedades con el mismo tipo de beneficios. Cuando Morales Carazo reclamaba la casa, él también la calificó como un símbolo, pero entonces lo era “de los aberrantes y vergonzosos despojos de la piñata”.

Desde que Ortega y Morales llegaron a un arreglo, el Frente Sandinista ha querido promover la residencia cómo un icono físico de la unidad y reconciliación.

Casas presidenciales

El primer Palacio Presidencial de Managua fue inaugurado por el presidente liberal José María Moncada, en enero de 1931 y estaba ubicado en la Loma de Tiscapa. Dos meses después de la inauguración, el terremoto del 31 de marzo dañó la estructura y Moncada sólo mandó a “maquillar” las fallas, de manera que la estructura colapsó con facilidad en el siguiente terremoto, de 1972, cuando ésa ya la usaba la dinastía somocista, que hizo de la Loma su símbolo de represión.

A la estructura del Palacio, Anastasio Somoza García mandó a añadir en 1934 la residencia del jefe-director de la Guardia Nacional y luego también instaló un casino, el hospital, que aún se conserva, y los sótanos del búnker donde fueron encarcelados los críticos y opositores.

Después del triunfo de la revolución sandinista las instalaciones del casino, el búnker, la residencia de Somoza y las cárceles fueron utilizadas por la Dirección General de la Seguridad del Estado del Frente Sandinista, a cargo de Lenín Cerna.

Violeta Barrios de Chamorro despachó desde las antiguas instalaciones del Banco Nacional y hasta principios del Gobierno de Arnoldo Alemán, el Ejecutivo volvió a contar con una Casa Presidencial, que se levantó cerca de la antigua Catedral, con un costo de 14 millones de dólares, de los cuales el Gobierno de Taiwán donó la mitad.

Sin embargo, Daniel Ortega se rehusó a utilizar el edificio desde el cual despacharon Alemán y Enrique Bolaños, porque lo comparó con un palacete costoso para el erario, aunque también circuló la versión de que su esposa Rosario Murillo percibió una “mala vibra” en el edificio.

Primero Ortega anunció que despacharía desde el Olof Palme, que la Primera Dama mandó a pintar. Pero aún no se había terminado ese trabajo, cuando se confirmó la instalación del despacho en las oficinas de la Secretaría del Frente Sandinista, ubicadas frente a su residencia, en el circuito cerrado que controla en las inmediaciones del parque El Carmen.

Pero lo del ahorro no calza, porque del 2007 al 2010 el presupuesto del despacho presidencial aumentó de 33.6 millones a 54.1 millones de córdobas. Y durante estos cuatro años de gobierno se han aprobado sólo para la partida de “tintas, pinturas y colorantes” más de 7.6 millones de córdobas.