De Ortega a Ortega: Crónica de cómo se desbarató un país

Reportaje - 02.01.2022
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Daniel Ortega recibió en 2007 un país que se venía construyendo desde 1990 cuando él mismo salió de la presidencia y no pudo sacarlo adelante. ¿Cómo ha cambiado Nicaragua del 10 de enero del 2007 al 10 de enero de 2022?

Por Hans Lawrence Ramírez

--¿Prometéis solemnemente en nombre de nuestra patria cumplir y hacer cumplir la Constitución Política, las leyes de la República, resguardar el orden jurídico, conservar la paz, y cumplir fielmente con los deberes del cargo para el que habéis sido designado? -- preguntó el presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez, a Daniel Ortega el 10 de enero de 2007

--Sí, prometo --respondió Ortega.

Y lo mismo prometió dos veces más. En 2012 y 2017. Y lo volverá a prometer en 2022, cuando asuma su cuarto mandato consecutivo, porque es una cuestión protocolaria, y no porque tenga las intenciones de cumplir.

Aquel 10 de enero de 2007, Daniel Ortega estaba recibiendo un país con una democracia adolescente de 16 años, una institucionalidad que podríamos llamar frágil, las arcas del Estado con poco dinero, pero suficiente para mantener al país a flote y en números negros. Los empresarios podían hacer sus negocios sin temor a perder su capital o sus propiedades.

Había en Nicaragua una variedad de partidos políticos con ideologías diferentes a los que no se les perseguía por ser de oposición o por pensar distinto. Tampoco se les ilegalizaba. No había presos políticos, pero sí, de vez en cuando había protestas sociales o “asonadas” impulsadas por el Frente Sandinista.

Por el 6% universitario, por el costo del pasaje del bus, por la tarifa energética o la de agua, huelgas de transportistas, de universitarios, de comerciantes. En fin, se podía protestar por todo y la Policía reprimía hasta donde la ley lo permitía. Y el Ejército, se mantenía en su rol de fuerza no deliberante.

No era una Nicaragua perfecta, pero era una Nicaragua mejor después de la dinastía somocista y la dictadura sandinista de los ochenta que mantuvo al país bajo regímenes totalitarios por casi todo el siglo pasado.

Daniel Ortega cuando perdió el poder contra Violeta Barrios de Chamorro en 1990.  CORTESÍA IHNCA

Fue el 25 de febrero de 1990 que el país tuvo su primera elección democrática en muchísimo tiempo. Violeta Barrios de Chamorro asumía la presidencia ese año y se comenzaría a trabajar en la pacificación de Nicaragua y la reconciliación de los ciudadanos. Un proceso complejo, pero necesario.

Hubo dos elecciones más que fueron democráticas. En 1996 y 2001. La Constitución reformada en 1995 prohibía la reelección de un mandatario, así que nadie podía optar a un segundo periodo, de manera que había alternancia en el poder.

Había “condiciones de paz social y paz política y en un ambiente de expectativas favorables, tanto internas como externas, con una economía que había restaurado los equilibrios macroeconómicos claves y que se proyectaba en franco crecimiento”, señala el economista Enrique Sáenz.

Existían medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil que podían trabajar protegidos por la ley y sin temor a ser perseguidos.

Y en medio de los escándalos de corrupción, los pactos y artimañas políticas, el Estado funcionaba como un Estado. Ese fue el país que recibió Daniel Ortega en 2007. Quince años más tarde, no es posible vaticinar cuál será el país que entregue una vez que deje el poder o si habrá que recoger los pedazos del mismo.

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El acto empezó una hora y veintisiete minutos después. En la toma de posesión de Daniel Ortega no podía faltar el invitado especial, Hugo Chávez, quien horas antes de llegar a Managua, él mismo había participado en su propia toma de posesión en Caracas como el nuevo presidente de Venezuela.

“Hizo un esfuerzo extraordinario porque él tomó posesión el día de hoy. Somos gemelos. Estamos naciendo el 10 de enero”, lo excusó Ortega, seguido de un cálido abrazo “revolucionario”.

También estuvo Evo Morales en aquella investidura de 2007, al igual que otros mandatarios de la región y aliados internacionales como Irán. En su discurso, el primero como presidente, Daniel Ortega dejó entrever cómo sería su administración.

Habló de proyectos asistencialistas, prometió reducir los megasalarios a funcionarios del Estado, dijo que lucharía contra la corrupción y adoptó el discurso del “socialismo del siglo XXI” que había iniciado Chávez en Venezuela.

Al día siguiente, en su primer día como gobernante, Ortega integró a Nicaragua en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), un tratado de libre comercio impulsado por Venezuela y Cuba. “Es una alianza política, económica y social en defensa de la independencia, la autodeterminación y la identidad de los pueblos que la integran”, dice su acta constitutiva.

El ALBA se convirtió, “sin duda, en la mayor oportunidad económica que ha tenido el país en su historia: la cooperación petrolera venezolana”, indica Sáenz.

Entre el 2008 y 2016 los créditos concesionales asociados a la cooperación petrolera ascendieron aproximadamente a 3,750 millones de dólares, según datos del Banco Central de Nicaragua, y Venezuela se convertiría en el segundo socio comercial. A la fecha de hoy, se calcula que la cooperación venezolana anduvo por los 5,000 millones de dólares

Lo más llamativo de estos fondos es que se ocuparon al margen del presupuesto general de la República y sin ningún tipo de rendición de cuentas. “Esta modalidad le permitió al caudillo sandinista disponer de una suma líquida de unos 550 millones de dólares anuales durante varios años, sin escrutinio público ni rendición de cuentas. La significación de esos fondos adquiere más relieve si se considera que la economía nicaragüense, cuando se iniciaron los flujos, tenía un producto interno bruto que no superaba los diez mil millones de dólares”, explica Sáenz.

Con estos fondos Ortega financió proyectos asistencialistas y dieron sustento a su discurso populista. Para aquellos años también nació otra alianza importante que fue clave durante la mayor parte del gobierno de Ortega, el modelo de “diálogo y consenso” con la empresa privada.

Cuando Ortega ganó las elecciones en 2006, muchos temían que la época de los ochenta regresara. Es decir, las confiscaciones, el embargo económico, la guerra, entre otras cosas. Los primeros en tener miedo eran los empresarios.

Pero Ortega les demostró que estaba de su lado. El modelo de diálogo y consenso consistía en que los empresarios dejaran gobernar a Ortega a su gusto y antojo sin representar oposición para él, a cambio de dejarlos expandir sus negocios e influir en la política económica del país.

José Adán Aguerri, expresidente del COSEP junto a Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial antes de 2018. Hoy, Aguerri es preso político de Ortega. ARCHIVO

El modelo trajo crecimiento económico al país, pero el costo fue la destrucción de la institucionalidad. Para estos primeros años de mandato fue que Ortega consolidó su control sobre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral. En 2008, llegaría el primer fraude electoral en los comicios municipales.

Para esas elecciones, se canceló la personalidad jurídica del Partido Conservador y el Movimiento Renovador Sandinista. El primero pudo recuperarla años después, pero el segundo más bien ha sido criminalizado hasta la fecha y sus dirigentes convertidos en presos políticos.

El FSLN se quedó con 105 alcaldías de las 153 que estaban en disputa y el Centro Carter calificó los comicios como “un fraude”.

Como parte del control que ejercía en el Poder Judicial, Daniel Ortega decidió en 2010 prorrogar la permanencia en sus cargos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pese a que a estos ya se les había vencido el periodo conforme a la ley. De esta manera, evitaba discutir con las otras fuerzas políticas acerca de quién iba a ocupar estos cargos y terminaba de afianzar su control en la CSJ.

Estos magistrados, fieles a Ortega, fueron los que aprobaron en 2009 la sentencia que declaraba inaplicable el artículo 147 de la Constitución, el que prohibía la reelección presidencial. Así fue como Ortega ocupó al Poder Judicial para presentarse como candidato en las elecciones de 2011.

Organizaciones civiles y opositoras comenzaron con una campaña de protestas ante las intenciones de Ortega de reelegirse, pero fueron apagadas con procesos judiciales contra algunas como el Movimiento Autónomo de Mujeres o el Centro de Investigaciones sobre la Comunicación.

La Juventud Sandinista ya empezaba a ser ocupada como fuerzas de choque desde el fraude electoral de 2008 y operaba bajo el amparo de la Policía. Esta represión logró sofocar el movimiento social y pasaba desapercibida para la comunidad internacional.

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Para 2011, el expresidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas ya era una reconocida ficha de Ortega. Hasta se le veía en actos partidarios, cantando canciones y consignas del Frente Sandinista.

Las elecciones de ese año las volvió a ganar Daniel Ortega, pero ahora con un increíble 60% de los votos que le daba al Frente Sandinista un total de 62 escaños en la Asamblea Nacional. Lo necesario para dominarla.

Antes de esas elecciones, lo más que había logrado Daniel Ortega en una elección fue en 2001 cuando consiguió un total del 42% de los votos, pero la elección la ganó Enrique Bolaños con el 56%.

“El fraude en las elecciones municipales de 2008, una cuestionable decisión de la Corte Suprema de Justicia de octubre de 2009 que permitió la candidatura del actual presidente Daniel Ortega, así como un decreto presidencial emitido en enero de 2010 con el que se amplió el nombramiento de los Magistrados del Consejo Supremo Electoral tras su vencimiento, establecen el contexto de un proceso electoral profundamente viciado”, valoró el Centro Carter en 2011, sin embargo, toda la comunidad internacional lo reconoció y Ortega siguió mandando en Nicaragua.

Para aquel entonces, la publicidad partidaria ya abarrotaba las entidades estatales, la mora limpia ya amenizaba los discursos de Ortega en actos oficiales con la bandera rojinegra y todo el que no mostrara un aval político no podía trabajar en una institución del Estado. Mientras tanto, Ortega y los empresarios continuaban haciendo negocios con su modelo de “diálogo y consenso”.

Daniel Ortega regresando al poder el 10 de Enero 2007. Foto La PRENSA/Guillermo Flores

En 2012, Ortega asumió su segundo mandato y también le concedió al chino Wang Jin, una gran parte del territorio nacional para que construyera un Canal Interoceánico del que hasta la fecha no se ha abierto ni una zanja.

En ese territorio que Ortega concedió al chino están las propiedades de miles de campesinos que lo perderían prácticamente todo si se concreta la obra. Movidos por el deseo de defender sus tierras, nació el Movimiento Campesino, una organización de hombres y mujeres del campo que se opone a la construcción del Canal y que también fue brutalmente perseguida y reprimida.

Con el control que tenía Daniel Ortega en la Asamblea, pudo reformar la Constitución en 2014 sin necesidad de ponerse de acuerdo con los demás partidos. Armó el Estado que quiso con reelección indefinida, se dio el poder de dictar decretos ejecutivos “de aplicación general” con el que puede ordenar sin importar la jerarquía de las leyes, se estableció como Jefe Supremo del Ejército y Policía, eliminando la mediación de los ministerios de Defensa y Gobernación, institucionalizó el modelo de diálogo y consenso con la empresa privada, y legalizó muchas acciones ilegales que ya había hecho su gobierno.

En Managua y otras ciudades del país, Daniel Ortega y Rosario Murillo daban la bienvenida a los viajeros a través de grandes rótulos. También empezó la instalación de los árboles de la vida, que eran estructuras metálicas y de colores en forma de un árbol que la población bautizó como “chayopalos”.

En este punto, ya no era posible identificar qué era el Estado, qué era el partido y qué era la familia Ortega Murillo.

Ante los desmanes de Ortega, iniciaron los “Miércoles de Protesta” en enero de 2015. Era una estrategia de la oposición que salía a las calles en el sector de Metrocentro, cerca del Consejo Supremo Electoral para exigir elecciones libres y reformas a la Ley Electoral.

Se congregaban todos los miércoles a las 10 de la mañana con pancartas que anunciaban sus demandas y su rechazo al totalitarismo de Ortega, que respondía a las manifestaciones con represión policial. Las turbas del Frente Sandinista ya estaban consolidadas y su trabajo era golpear y asaltar a opositores y periodistas.

Para aquellos días había una conformidad general por parte de la población que no reaccionaba abiertamente a los atropellos de Ortega. Eran pocos los que se atrevían a manifestarse y demandar libertades civiles y políticas, y los sectores económicos se hacían de la vista gorda.

Fueron más de 70 miércoles de protestas en total. Poco a poco se fueron sumando jóvenes universitarios, ambientalistas, campesinos y pobladores, pero las protestas fueron apagadas con más represión.

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Con la Constitución reformada y las nuevas reglas, las de Ortega, se celebraron elecciones presidenciales en 2016. Ortega fue nuevamente el candidato del Frente Sandinista, y la sorpresa fue que su fórmula presidencial era su esposa, Rosario Murillo.

Para aquellas elecciones, Ortega volvió a utilizar a los poderes del Estado como su arma bajo la manga. La CSJ le quitó la representación legal del Partido Liberal Independiente (PLI) a Eduardo Montealegre y se la dio a un desconocido llamado Pedro Reyes, tan solo meses antes de las elecciones.

La fórmula del PLI conformada por Luis Callejas y la hoy presa política Violeta Granera, eran la principal fuerza de oposición que iba a disputarle el poder en las urnas a Daniel Ortega, pero tras el fallo de la Corte, se quedaron sin casilla y Ortega compitió en la elección contra otros candidatos poco conocidos.

La molestia popular empezaba a manifestarse con la notoria abstención que hubo en aquellas elecciones y que solo consta en registros independientes.

Ortega se reeligió con el 72% de los votos según los datos oficiales y reafirmaba así su control por mayoría en la Asamblea Nacional, y ahora con su esposa como vicepresidenta. En 2017, se puso la banda presidencial por tercera vez consecutiva.

Rosario Murillo y Daniel Ortega gobiernan Nicaragua con mano dura. AFP

Para ese año, la cooperación venezolana empezó a mermar. Ortega ya no contaba con la misma cantidad de petrodólares que cuando inició el gobierno, pero aún tenía el modelo de diálogo y consenso con la empresa privada, que a pesar de todo el desmantelamiento del Estado de Derecho que Ortega había hecho, seguían siendo parte del matrimonio.

El modelo de diálogo y consenso se acabaría un año más tarde, con el estallido de la crisis política y la represión brutal de Daniel Ortega a las protestas sociales. Para aquellos días fue en que Ortega sacó su lado más malvado.

De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la represión dejó un saldo de más de 320 personas asesinadas por la Policía y grupos paramilitares, y más de 1,000 presos políticos, de los cuales 168 continúan en las cárceles.

También mantiene una cifra de más de 100,000 mil nicaragüenses exiliados y una de las peores crisis económicas que ha sufrido el país en los últimos 20 años, además de la polarización de los nicaragüenses y la división de las familias por razones políticas.

Los empresarios ya no regresaron al matrimonio con Ortega y más bien, algunos fueron encarcelados por quien en algún momento fue su socio.

En este contexto, Ortega llegó a reelegirse por cuarta vez en 2021 y su fórmula siguió siendo su esposa, Rosario Murillo. Esta vez, también descabezó partidos políticos y por si fuera poco, encarceló a quienes se atrevieron a nombrarse como precandidatos presidenciales.

El 10 de enero de 2022, Daniel Ortega volverá a prometer lo que ya prometió, pero es muy probable que siga sin cumplir. Ahora tiene 76 años de edad. Ya no gobierna, dicta. Y a diferencia de las otras tres ocasiones en que se reeligió, se enfrenta a un panorama internacional que mantiene los ojos sobre Nicaragua, sobre los presos políticos, y ha dejado en entredicho su legitimidad para este, que será cuarto periodo consecutivo.

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Reportaje