Crímenes desde Somoza hasta Ortega “olvidados bajo el tapete”

Reportaje - 08.01.2023
LIBRO-23

Nicaragua ha pasado cada ciclo de violencia sin justicia que repare en alguna medida los daños. La impunidad y, en ocasiones, la venganza disfrazada de justicia, han sido la norma.

Por Lucila Campbell

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Era el 11 de septiembre de 1978, alrededor de las cuatro de la tarde, durante la “Operación limpieza” en la ciudad de Masaya, la ciudadana identificada solamente como Gloria María, decidió acercarse a observar que todo estuviera en orden por temor a que su propiedad, una finca, fuera ocupada por la Guardia Nacional.

La Operación limpieza era un método de represión y tortura que se desenvolvía durante una ciudad era “recuperada” por la Guardia luego de haber sido tomada por las guerrillas del Frente Sandinista durante la época de la dictadura Somocista.

Gloría María tenía mayor ansiedad por llegar a su finca porque en ella se encontraba su esposo e hijo. Acercándose al potrero de su casa fue baleada en la rodilla derecha por un miembro de la Escuela Entrenamiento Básico de Infantería (EEBI); Gloria no pudo evitar desplomarse pidiendo clemencia a Dios y al Guardia.

—Déjenme ir donde mi esposo —rogaba Gloria mientras veía correr a su esposo desesperado en su dirección.

—Donde Pedro Joaquín te voy a enviar —le dijeron mientras se escuchan tres detonaciones.

La habitante de la ciudad de Masaya fue asesinada a sangre fría de tres disparos; uno en su seno derecho, otro a la altura del esternón y el tercero en el ombligo. Su cuerpo fue enviado a la morgue. Al día siguiente, cuando sus seres queridos quisieron darle cristiana sepultura, fueron obstaculizados por la Guardia.

Oficiales de la GN patrullan las calles de Nicaragua/ Archivo

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Estos y otros tantos testimonios forman parte del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre las diversas violaciones a los derechos humanos que se habían cometido en Nicaragua bajo la dictadura de Somocista.

Asimismo este informe que narra los agravios ocurridos luego de la ofensiva guerrillera de septiembre de 1978 conocida como “el inicio del fin de la dictadura” . Se cuenta la historia de una matagalpina que se ocultó cerca de un día en un basurero para poder salvaguardar su vida de los soldados somocistas.

En la ciudad de Matagalpa, la guardia había interrumpido una casa conocida como “Hotel Soza” en busca de guerrilleros sandinistas. Confundieron a quienes se encontraban ahí y los asesinaron. La sobreviviente presenció como a su madre le abrieron el abdomen con una bayoneta y a su cuñado le cortaron los genitales para ponérselos en la boca.

“Los jodimos de pura choña”, dijo un guardia luego de haber saqueado la casa y no haber encontrado ni armas ni guerrilleros del Frente.

La especialista en Derechos Humanos, Vilma Nuñez explicó a la revista Envío en 2014, que la dictadura somocista tiene un expediente de violaciones “constantes, sistemáticas, que han quedado en total impunidad”.

En aquel tiempo, aquellos años, el régimen somocista inicia juicios y consejos de guerra para condenar algunos hechos, los cuales concluían en decretos de auto amnistía. Núñez los definió como “simulacros”, con el fin de exculpar a los victimarios. Posteriormente la represión se profundizaba. “Después de muchos intentos y luchas, no le quedó al pueblo de Nicaragua otro camino que derrocar a aquella dictadura por la vía de las armas”, comentó la especialista.

La dictadura somocista también arremetía contra los que consideraba traidores. Julia Espinoza relató a Magazine el asesinato de su padre en 1978, un exguardia nacional que había entablado amistad con un simpatizante sandinista.

“Algún otro guardia lo vendió, de eso estaba segura mi mamá porque el venía diciéndole que sentía miradas extrañas y oía cuchicheos extraños. Eso no tardó un par de días cuando en medio de una noche llegó varios guardias en sus típicas camionetas, tiraron la puerta de la casa, levantaron a mi papá de la cama donde dormía con mi mamá. Lo sacaron a la calle en calzoncillos, una camiseta, sus calcetines de dormir, mi abuela cuenta que lo arrodillaron frente a la puerta de la casa y luego solo oyeron una explosión, le habían disparado en la cabeza”, repitió una vez más Julia la historia que pocas veces había escuchado de la boca de su abuela.

La familia Espinoza nunca pensaron que podían obtener justicia porque creían que los Somoza iban a perdurar en el poder, y tampoco vieron oportunidad con el triunfo del Frente Sandinista, no creían en las promesas que le hicieron al pueblo.

La Guardia Nacional recrudeció la represión en los últimos años de la dictadura./ BILL GENTILE

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El escenario post triunfo tampoco fue alentador para el resarcimiento de las víctimas de la dictadura somocista y del conflicto violento que se desarrolló durante la revolución sandinista.

Vilma Nuñez siguió relatando a la revista Envío que hubo diversos actos que demuestran que las guerrillas sandinistas violentaron los derechos de las fuerzas militares de la dictadura que habían derrotado. Recuerda los hechos porque en ese momento era vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia. “Tuvimos que hacer gestiones y tomar decisiones tratando de que se respetara el Principio de Legalidad y las leyes que la misma Revolución seguía manteniendo vigentes. Uno de los casos más conocidos fue el de las ejecuciones de unas 24 personas en la cárcel de La Pólvora, en Granada. Y no fue sólo allí. Hubo ejecuciones sumarias en otras cárceles y en varias partes del país.”

Núñez comentó a Magazine que inmediatamente luego del triunfo de la Revolución se dio una propagación de cárceles por todos lados. Afirmó que los sandinistas tomaron casas privadas y las convirtieron en cárceles clandestinas. Esta cantidad de penales albergaron somocistas y a quienes no lo fueron.

¿Cómo un gobierno legitimado por su triunfo sobre una dictadura tan sangrienta incurrió en cometer horrores similares a aquellos contra los que había luchado?, cuestionó en ese momento Núñez en el artículo de la revista Envío.

El 20 de julio de 1979, la Junta de Gobierno decretó la Ley para el Mantenimiento del Orden y la Seguridad Pública. Según Núñez, esta ley empezó a implementarse en momentos que la ciudadanía nicaragüense se encontraba en un gran descontrol social en todo el país.

“Eran días en que se mataba por venganzas personales, por rencillas, por cualquier cosa. Había un gran desorden. La ley buscaba controlar aquel descontrol, para eso fue concebida, pero con el tiempo siguió vigente, transformándose en un instrumento legal represivo, pues se aplicaba de manera indiscriminada por los tribunales especiales y por los tribunales populares antisomocistas, dos instancias creadas por la Revolución”, explicó Núñez.

El teniente Baldizón Avilés, luego de desertar de las filas del Frente Sandinista en 1985, relató a la Secretaría de Estado de los Estados Unidos información “privilegiada” a la que tuvo acceso cuando laboró como Investigador del MINT.

Relata la falsa clemencia con que los prisioneros eran tratados en las cárceles sandinistas.

“A mediados de 1981, ocho prisioneros de la penitenciaría de la Zona Franca desarmaron a tres guardias penales y provocaron una insurrección en uno de los edificios de la prisión. Después de varias horas de fuego cruzado entre los guardias y prisioneros, Borge convenció a estos últimos de que entregaran sus armas y se rindieran, prometiéndoles que sus vidas no peligrarían”, citó Baldizón Avilés.

Los ocho prisioneros que habían iniciado el motín fueron ejecutados por el teniente Raúl Castro de la DGSE, ordenado de Tomas Borge. Posteriormente en Ministerio del Interior publicó un comunicado donde informó que los reos habían muerto durante la revuelta, evidenciando la impunidad con la que actuaban estas estructuras de poder.

La CIDH, en su informe de 1981 sobre la situación de Nicaragua, contabilizó que el entonces gobierno sandinista procesó en los Tribunales Especiales a 6,310 personas; de los cuales 831 reos fueron condenados a entre 26 y 30 años de cárcel por el delito de asesinato atroz.

Estos Tribunales han sido definidos como espacios de venganza. Asimismo, la Comisión comentó que estos tribunales presentaron ciertas irregularidades que no eran compatibles con la protección a la defensoría de derechos humanos.

“La falta de oportunidad de los reos para hacer valer sus derechos; el largo tiempo que permanecieron los detenidos antes de ser procesados; la integración de esos tribunales especiales; la vaguedad e imprecisión de muchas de las imputaciones o cargos; lo brevísimo de los términos que tuvieron los acusados para preparar su defensa y presentar las pruebas; la falta de motivación de las sentencias; la falta de competencia de los Tribunales de Apelación para poder revisar los hechos establecidos por los tribunales especiales de primera instancia; las campañas organizadas por los medios de comunicación social del Gobierno o del FSLN en contra de ciertos reos, cuando éstos comparecieron a los tribunales especiales, lo que atenta al principio de presumir su inocencia; en fin, la discriminación que se hizo en contra de todos los llamados reos somocistas al negárseles ciertas garantías judiciales mínimas”, mencionó la Comisión.

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216-junio-87. Ejercito Popular Sandinista en Maniobras Militares de la 30 Brigada en las Banderas/ Oscar Navarrete

El exmiembro civil del director de la Fuerza Democrática Nicaragüense, Edgard Chamorro Coronel declaró a la revista Envío en 1985 que le preocupaba la combinación de la mentalidad de los entrenadores con la de los guardias de Somoza por la brutalidad que podía generarse.

“Era práctica corriente de la contra, especialmente durante mi primer año, matar a los prisioneros y colaboradores sandinistas. En conversaciones con oficiales de los campos de la contra a lo largo de la frontera hondureña, escuché a menudo frases como "le corté el pescuezo", lo que era como machucar una cuchara para ellos”, afirmó.

Brindar estos detalles y evidenciar como era “la contrarrevolución por dentro” provocaron que fuera expulsado de las filas de la Contra.

Núñez comentó a Envío que, en este periodo de guerra, como fue la revolución de la luego llamada Resistencia. Este grupo también se volvió un actor que violó los derechos humanos en el país.

“La Contra, el ejército que después aprendimos a llamar la Resistencia, también asesinó campesinos de forma indiscriminada cuando sospechaba que respaldaban a los sandinistas o cuando no querían unirse a sus filas o se negaban a apoyarlos como base social. También violaban sexualmente a las campesinas. En aquellos años, a nuestra población campesina le tocó vivir entre dos fuegos y fue reprimida por ambos bandos”, afirmó.

Luego de la ofensiva militar de mayor intrepidez del Ejército Popular Sandinista, llamada Operación Danto 88, en marzo de 1988 se reunieron en Sapoá los altos mandos del Frente Sandinista y de la Contra. Esta era la posibilidad de que la paz llegará a través de una negociación.

Sin embargo, el Frente Sandinista hasta en su último momento no perdió la oportunidad de seguir actuando como el grupo bélico que es. “Ya acordado Sapoá, se da el esfuerzo militar más grande que hicimos, que fue meterse a Honduras con la Operación Danto para golpear fuertemente a la Contra, pero más que nada para llegar a sentarnos a Sapoá con una victoria en la mano”, explicó el general en retiro Joaquín Cuadra a Domingo en 2019.

Estos acuerdos fueron firmados el 23 de marzo de 1998, en presencia de los testigos cardenal Miguel Obando y Bravo y el entonces secretario general de la OEA, Joao Clemente Baena Soares. Sin embargo, no tenían intención de hacer justicia por los crímenes cometidos durante su enfrentamiento.

—¿Ustedes saben lo que es una comisión de la verdad? —dice Cuadra que le preguntó a militares contras una vez lograron separarlos de los políticos.

—Claro. Una comisión que determine todos los asesinatos.

—¿Pero los asesinatos de quién?

—Los de ustedes.

—No, los de todos —respondió Cuadra—. Eso quiere decir que van a ir a ver la operación que en el mes tal y la ofensiva que hicieron ustedes en el pueblo tal, donde hubo tantos milicianos muertos y esos se los van a echar a ustedes. Yo les propongo que no hay Comisión de la Verdad. Entierren y lloren a sus muertos y nosotros a los nuestros y veamos para adelante. Si no aquí nosotros somos los que vamos a terminar presos en el banquillo de los acusados y no los que están en el otro cuarto. Esos nunca van a terminar presos, son políticos, hombre. Los que nos matamos fuimos nosotros.

—Tenés razón.

De esta forma se sepultó una de las más destacadas demandas que llevaban los contras: el establecimiento de una Comisión de la Verdad para la investigación de los crímenes de guerra. Los principales arreglos de ese acuerdo fueron:

  • Cesar las operaciones militares ofensivas por un período de 60 días a partir del 1 de abril con vistas a un cese del fuego definitivo.
  • Establecer zonas de enclaves para los contras.
  • Amnistía General para los presos políticos, incluyendo guardias del ejército de Somoza
  • Gestión de ayuda humanitaria para los contras.
  • Libertad de expresión irrestricta.
  • Diálogo Nacional. En el Diálogo Nacional se abordaría, entre otros temas, el Servicio Militar.
  • Regreso de los exiliados políticos.
  • Iglesia y OEA establecerían una comisión verificadora para el cumplimiento de los acordado.

 

  • Managua, 30-Agosto-1987. Funerales de Matias Cerna, sonisita de la UMAV y muerto en un ataque Contra/Oscar Navarrete.

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Los Acuerdos de Sapoá, sin embargo, no fueron cumplidos fielmente. Cuando se decretó un indulto para la liberación de reos calificados como somocistas, se excluyeron a 39 exguardias que fueron calificados como criminales de peligrosa conducta que no podían ser “reeducados” por la revolución.

El grupo formado por estas 39 exguardias había sido vinculado con los asesinatos a Carlos Fonseca, Luis Velásquez, Pedro Aráuz Palacios, Manuel Olivares Rodríguez, José Benito Escobar y otros destacados guerrilleros sandinistas.

Fueron condenados a un año más de cárcel y liberados a inicios de 1990. Estos son los 39 hombres considerados como los últimos prisioneros políticos del Frente Sandinista de los años 80.

  1. Luis Alberto Abea Pérez
  2. Erick Wayner Aguilar Downs
  3. Francisco Rubén Almanza Jiménez
  4. Domingo Napoleón Alonso Rivas
  5. José Ignacio Alvarenga Ramos
  6. José Ignacio Alvarenga López
  7. Juan Ignacio Arias Álvarez
  8. Luis Bautista Cajina Castro
  9. Sergio David Caldera Avilés
  10. Miguel Ángel Cordero Gómez
  11. Marvin Antonio Corrales Irías
  12. Isaías Cuadra Espinoza
  13. Migdonio Adolfo Escobar Blandón
  14. Ronaldo Espinoza Arcia
  15. Denis Ramón Espinoza Martínez
  16. Eduardo Flores Salazar
  17. Santiago Marín González Parrales
  18. José Vicente Hernández Guillén
  19. Juan Hernández Velásquez
  20. Orlando Felipe Hislop Mercado
  21. Efraín Antonio Lanuza Rodríguez
  22. José Agenor Largaespada Villavicencio
  23. José Martínez Pérez
  24. Luis Alberto Martínez Rojas
  25. Silvio José Mayorga Castillo
  26. Juan Antonio Mejía Viscay
  27. Gregorio Méndez Pérez
  28. José Enrique Munguía Berríos
  29. Álvaro Alberto Niño Paiz
  30. Guadalupe Ramón Pineda Galo
  31. José Francisco Pizzi Pérez
  32. Óscar Roberto Porras Medrano
  33. Félix Hernán Ramírez Sánchez
  34. Eddy Francisco Roa Mendoza
  35. Juan José Romero Baltodano
  36. Roberto de Jesús Solórzano Sandoval
  37. Hugo Julián Torres Llanes
  38. Carlos Alberto Vargas Solís
  39. Róger Antonio Vega Morales
Parte de los 39 exguardias nacionales que quedaron en las cárceles sandinistas hasta febrero de 1990. Aquí están en La Modelo. FOTO/ CORTESÍA/ NICOLÁS LÓPEZ MALTEZ

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Vilma Nuñez comentó a Envío lo difícil que exista una Comisión de la verdad para investigar la época somocista, la revolución y luego la contrarrevolución porque no ha existido intención de hacerla. Elvira Cuadra; socióloga y Roberto Samcam, mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, comparten esa postura. Falta de voluntad política de los diversos gobiernos que ha tenido Nicaragua es lo que ha evitado que exista un proceso de justicia.

“Como llevamos un acumulado de tantos o un rezago en términos de justicia, memoria y verdad, en este caso lo más inmediato sería la situación más cercana en el tiempo, de 2018 para acá. Luego se tomaría en consideración otros momentos como la década de los 80, y la sociedad nicaragüense tendrá que decidir si también se requiere para otros periodos”, explicó la socióloga.

Luego del inicio de las protestas sociales en abril de 2018, el diputado Gustavo Porras anunció la creación de una comisión de la verdad. “Nadie debería sorprenderse si la comisión de la "verdad" de Nicaragua concluye que el Gobierno está exento de toda culpa, y que los verdaderos culpables son los manifestantes” afirmó un artículo del diario El País.

Esta Comisión se caracterizó por normas que tenían como objetivo cumplir una “operación de maquillaje” sobre los crímenes cometidos por la dictadura de Ortega. “Estas normas no incluyen, disposiciones básicas que son indispensables para el trabajo de cualquier organismo de este tipo. Por ejemplo, no aclaran cómo la comisión llevará a cabo su investigación, ni si será obligatoria la cooperación por parte de funcionarios públicos”, sigue relatando el articulo del El País.

Samcam explica que no existe un panorama tan negativo para conseguir justicia a futuro, porque hay un proceso de documentación de los diversos delitos que han ejecutado los brazos represores de la dictadura y sus diversos allegados. “Probablemente el proceso no vaya a ser realizado en el país con un nuevo gobierno, pero si puede ser la justicia universal que se encargue de estos temas”, puntualizó.

Policía Orteguista reprimió con lujo de violencia a un grupo de manifestantes que pretendían marchar contra la dictadura de los Ortega-Murillo, durante el violento suceso arrestaron a mas de 30 personas entre mujeres y ancianos. El Aparato represivo del gobierno redujo con represión a los pocos manifestante que se lograron concentrar en camino de oriente. Oscar Navarrete/ LA PRENSA.

 

La manifestación convocada por familiares de presos políticos, el Movimiento Campesino, médicos, maestros, estudiantes, movimiento sociales y sociedad civil fue atacada por policías antimotines y paramilitares del régimen Ortega-Murillo. El enfrentamiento dejo un saldo de una persona fallecida y varios heridos quienes se refugiaron en una iglesia católica para protegerse de las balas. Oscar Navarrete/ LA PRENSA.

 

Madres de El Chipote esperan más de 24 horas a sus hijos injustamente encarcelados en operativos de limpieza o en las protestas que se realizan desde el 18 de abril contra el régimen dictatorial Ortega-Murillo. Oscar Navarrete / LA PRENSA.

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