De los guerrilleros desaliñados y barbudos que la fundaron a los azulceleste que actúan junto con paramilitares encapuchados al margen de la ley, hay un largo y tortuoso camino que ha recorrido el cuerpo policial nicaragüense. Esta es su historia.
Por Raquel Acosta Espinoza
“La primera Policía fue un gran acierto del comandante Tomás Borges”, dice René Vivas Lugo, primer director del cuerpo policial. La responsabilidad la asumió junto con los comandantes guerrilleros Marcos Somarriba García (q.e.p.d.), segundo jefe nacional de la Policía, y David Blanco Núñez con el mismo cargo. “Pero no sabíamos nada. La primera tarea era inventar la Policía”, puntualiza.
Pantalones color verde, camisa en tono caqui y una estrella roja dentro de un círculo negro como insignia fue el primer uniforme que vistió la Policía Revolucionaria Sandinista (PRS), más conocida como Policía Sandinista. Este uniforme perduró hasta los primeros años de los noventa.
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Los primeros oficiales fueron jóvenes que habían participado en la insurrección contra la dinastía somocista. Muchos de los fundadores no tenían estudios o cursaron pocos años de primaria, lo que obligó a la incipiente Policía a crear un sistema de educación.
Los primeros 132 policías se graduaron el 21 de septiembre de 1979, en el centro de instrucción policial Augusto C. Sandino. Y el 3 de octubre de ese mismo año se creó la escuela de instrucción militar básica Walter Mendoza Martínez donde impartían primaria y secundaria acelerada. En diciembre de 1979 egresaron 400 policías, reseña el documento “Memoria 30 años con el mismo compromiso”, 1979-2009, de la Policía Nacional.
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La señalización de las vías y la regulación del tránsito fueron algunas de las primeras actividades que realizaron los nuevos oficiales. Al igual que lograron reducir las cifras de robo: 29 por cada diez mil habitantes, según datos publicados en “Memoria 30 años con el mismo compromiso”, de la Policía.
La Policía Montada fue uno de los experimentos implementados en Granada. “Carlos (Hurtado, ministro de Gobernación) se enamoró de la Policía Montada de España y les pidió ayuda y recursos para crear la Policía Montada de Nicaragua”, recuerda René Vivas. La idea parecía muy útil para enfrentar disturbios callejeros y los españoles accedieron a hacer las donaciones, subraya Vivas, quien fue escéptico con el proyecto que finalmente acabó con la salida de Hurtado de Gobernación, en 1992.
Panamá fue el primer país que prestó apoyo y asesoría a la nueva Policía con especialistas en materia policial, equipos técnicos y unidades de transporte. También Cuba y la Unión Soviética colaboraron en el proceso de formación y desarrollo, preparando a los oficiales.
Reguladores del tránsito en la desaparecida escuela Fiorella Toruño de la Policía.
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Después de que varios policías se especializaron en el exterior la institución abrió el laboratorio de criminalística. Foto de junio de 1982.
La presidencia de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) hizo cambios notables. De Policía Sandinista pasó a ser la Policía Nacional que conocemos y más tarde se vistieron de azul y celeste, como hasta hoy.
El período de transición también fue de desafíos para la institución. En varias zonas del país se replicaron protestas por diferentes exigencias e inconformidades, recuerda René Vivas sobre sus dos últimos años en la dirección policial. “No estábamos preparados para acallar protestas de verdad. Eran tranques, barricadas armadas con mejores armas que las de nosotros”, indica Vivas, para quien doña Violeta jugó un gran papel en el afianzamiento de la paz.
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“Honor, seguridad y servicio” es el lema de la Policía que demoró en tomar fuerza y credibilidad. Sin embargo, rápidamente empezó a deteriorarse tras una serie de hechos violentos cometidos contra la ciudadanía. Edwin Cordero fue uno de los directores polémicos, señalado por corrupción a lo interno de la institución. En su momento, Cordero confirmó que esa institución pagaba a los informantes con parte de la droga recuperada en los operativos policiales, publicó LA PRENSA en la edición del 10 de julio de 2003.
En el 2006, la jefatura policial es asumida por la segunda mujer, Aminta Granera Sacasa. Su carisma y cercanía con la sociedad, además de los golpes que le dio al narcotráfico internacional, devolvió una esperanza de saneamiento y profesionalización en sus filas. Pero su obediencia a Daniel Ortega la minó de parcialidad e ilegalidad. Al límite de su primer período de mandato, en el 2011, los expertos consideraron que los grandes quiebres de droga y su lucha contra el crimen organizado no eran suficientes. La seguridad interna de la ciudadanía tambaleaba. Los opositores al gobierno eran agredidos en las calles y las autoridades policiales no respondían. Su segundo período al frente de la Policía, ordenado por Daniel Ortega, deterioró aún más su imagen.
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El abuso de la fuerza y las violaciones a los derechos humanos se multiplicaron. En El Carrizo, Madriz, militantes sandinistas y funcionarios electorales, apoyados por policías y trasladados en camionetas de la Alcaldía de San José de Cusmapa, acribillan a tres campesinos: don Mercedes Torres y sus dos hijos, Josué y Elmer. Ocho niños quedaron en la orfandad, era el 8 noviembre de 2011.
El 22 de junio de 2013 en Managua, turbas orteguistas, en complicidad de la Alcaldía y oficiales de la Policía, asaltan un campamento de jóvenes que apoyaban a los ancianos que reclamaban una pensión reducida. Siete vehículos, que juntos suman más de 77 mil dólares, son robados frente a los policías.
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En julio de 2015 policías de Managua atacaron a una familia y mataron a dos niños y una joven durante un supuesto operativo contra narcos, en el sector de Las Jagüitas. Por el hecho, nueve oficiales fueron acusados por los delitos de homicidio, lesiones imprudentes, exposición de personas al peligro y daños. Así como estos hay decenas de casos que anteceden y suceden a esta trágica historia y otras tantas que se han cometido bajo el amparo de la Policía. El comisionado Zacarías Salgado, oficial que encabezaba la “operación” y que debería estar preso, fue ascendido y condecorado en septiembre de este año.
En agosto del 2015 cinco policías fueron asesinados en una emboscada en Punta Gorda, Bluefields, cuando trasladaban a un reo que había escapado.
El caso del campesino Juan Lanzas es otro ejemplo vivo de violación a los derechos humanos por parte de la Policía. El 29 de diciembre de 2017, el hombre fue detenido y golpeado brutalmente, en Matagalpa, por un robo que no cometió. En la cárcel durmió desnudo en el piso de un baño donde adquirió una infección y en enero de este año le amputaron los pies.
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El país casi llega al sexto mes de una de las crisis sociopolítica más fuertes en los últimos años y la Policía ha dirigido la represión gubernamental contra el pueblo que ha dejado entre 322 y 512 muertos, incluyendo decenas de menores de edad. La Policía ya no es nacional, ha dicho el defensor de derechos humanos Álvaro Leiva.
