En principio, ningún gobierno debería matar a nadie para mantenerse en el poder, ni nadie debería matar al o los gobernantes para que pueda existir un cambio en el poder. Cuando sucede alguna de estas dos premisas, estamos ante una relación enferma entre la sociedad y el poder.

En abril 1954, un grupo de nicaragüenses pretendió acabar con la dictadura encabezada por Anastasio Somoza García, matándolo.
Somoza García, o Tacho, como se le conoce, llegó al poder en 1936 por la fuerza de las armas, cuando ejecutó un golpe de Estado contra Juan Bautista Sacasa. Luego, mediante simulacros electorales, y gobiernos títeres, gobernó dos periodos más.

El plan de abril 1954 consistía en asesinar a Somoza, y simultáneamente tomar el control de cuarteles e instituciones claves para hacerse con el poder. El plan fracasó, como veremos en el reportaje que publicamos en esta edición. Pero, dos años más tarde, cuando el dictador se disponía a iniciar su tercer periodo presidencial, otro grupo de nicaragüenses intentó algo parecido. En esa ocasión sí mataron a Somoza García, pero no lograron ningún cambio en el poder. Más bien la dictadura se prolongó por 23 años más.
Fue bajo la dictadura de Somoza García que se popularizó el término “Ley Fuga” para nombrar la ejecución extrajudicial de algún prisionero incómodo, cuya muerte se justificaba “porque quiso escapar”. Muchos de los ejecutados de esta forma fueron presos políticos.

Y volvemos a esa relación perniciosa entre muerte y poder. Los unos tratando de matar al gobernante para tomar control del poder y los otros matando opositores para mantenerse en el poder.

Algo parecido ocurrió recientemente, en 2018. El régimen de Daniel Ortega utilizó a la Policía y a un ejército paramilitar para sofocar una rebelión ciudadana que pedía un cambio. La ola represiva dejó al menos 325 muertos, según los registros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Nadie debió haber muerto de ninguno de los lados, si a la demanda ciudadana, legítima por demás, el Gobierno ha respondido con las herramientas que la Constitución dispone para estos casos: plebiscito, adelanto de elecciones o negociación sincera, entre otras más.