Confiscaron miles de propiedades a personas que consideraron, justa o injustamente, como somocistas. Se las repartieron durante los años de la revolución y, en los dos meses posteriores a la derrota electoral de 1990, las legalizaron a través de tres leyes. El reparto se conoce como la Piñata. Fue un acto de rapiña que aún está pagando el pueblo, unos 2,200 millones de dólares en total