-- Diga su nombre completo – ordena el juez 

-- Francisco Omar Zapata Mercado 

-- ¿Cómo se declara? 

-- ¿Me declaro de qué?  

El abogado defensor interviene: 

--El esbirro aquí presente se declara inocente de los cargos imputados 

“Yo estaba sorprendido de que la persona que estaba a cargo de mi defensa me catalogara de esa manera (esbirro)”, recuerda Zapata 43 años después de aquel episodio. Esa frase fue la única que pronunció en su defensa el abogado durante el juicio que duró unos 30 minutos. 

Zapata y los demás exguardias que hacían fila para entrar a ese lugar estaban siendo juzgados por un Tribunal Especial de Emergencia, creado por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional en noviembre de 1979 para juzgar a todos los funcionarios, guardias, miembros del partido oficialista y allegados a Somoza. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), catalogó en 1981, que estos tribunales funcionaron como una instancia de revanchismo y sin probar verdaderamente los crímenes que se les atribuían a los acusados. 

A inicios de los ochenta, la CIDH estimaba que había unos 8,500 reos políticos sometidos a juicios sin ningún tipo de garantías legales y encarcelados bajo tortura, tratos denigrantes e inhumanos y en algunos casos, hubo ejecuciones extrajudiciales. 

El abogado especialista en derechos humanos, Uriel Pineda, explica que estos tribunales fueron una “réplica” de los procesos ocurridos en Cuba en 1959 después de la Revolución Cubana cuando se juzgaron a los allegados a la dictadura de Fulgencio Batista y donde, más que justicia, hubo venganza. 

“Simplemente, Nicaragua se dedicó a replicar estos procesos”, dice Pineda y agrega que lo que se debió hacer era establecer procesos por crímenes de guerra en contra de los miembros de la Guardia Nacional que hubieran incurrido en este tipo de delitos. 

Las acusaciones, en su mayoría, eran por asociación ilícita para delinquir, pero según Pineda, este no era aplicable, pero sí se podía atribuir crímenes de guerra como el bombardeo de ciudades. “Era legítimo para la Guardia Nacional atacar a guerrilleros sandinistas, pero no era legítimo atacar a la población civil”, resalta. 

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Los Tribunales Especiales de Emergencia (TEE) se crearon con el decreto 184 de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y su principal tarea era “conocer los delitos tipificados en el Código Penal vigente, cometidos por militares, funcionarios y empleados civiles del régimen anterior, y cualquier otra persona que amparada por sus relaciones con ellos, hubiera participado en la comisión de los mismos, ya sea como autores, cómplices o encubridores, y que se encuentren detenidas, o fueran habidas durante la vigencia de estos Tribunales”, según decía el artículo 1. 

Estos tribunales funcionaron con ese nombre hasta el 3 de febrero de 1981, pero el 11 de febrero de 1983 se crearon los Tribunales Populares Antisomocistas (TPA) con el decreto 1233, que eran la continuación de los TEE, y que tenían la misma finalidad: encarcelar a personas por venganza política y confiscar sus propiedades. 

Las víctimas de estos tribunales, además de los exfuncionarios somocistas y exguardias, fueron miles de nicaragüenses entre campesinos, empresarios, opositores o militares que se negaban a acatar órdenes. También hubo detenidos por denuncias falsas, pues bastaba con caerle mal a una persona para que esta lo denunciara como somocista ante el Comité de Defensa Sandinista (CDS) del barrio, y luego ser encarcelada y juzgada por los TPA. 

La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) estimó en 1990 que al menos 35,000 personas habían sido detenidas, perseguidas, procesadas y condenadas por razones políticas entre 1979 y 1989. La persecución se basaba tanto en los operativos de la Seguridad del Estado como en las labores de espionaje que hacían los CDS. 

Solamente los TEE procesaron a 6,310 personas, de las cuales 1,760 fueron liberadas por indultos o sobreseimientos de las causas. Unos 229 fueron absueltos, y 4,331 sentenciados. 

Según la CIDH, las penas se repartieron de la siguiente manera: 1,648 fueron condenados a 5 años de prisión o menos; 283 de 6 a 10 años; 898 de 11 a 15 años; 277 de 16 a 20 años; 394 de 21 a 25 años; y 831 de 26 a 30 años. 

En el caso de Zapata, fue acusado de los delitos de asociación ilícita para delinquir, del asesinato del profesor Miguel Bonilla y de haber participado en una masacre en la colonia Salvadorita. “Todo eso era falso”, dice.  

Después que el abogado dijera que él se declaraba inocente, el juez dijo que la resolución del caso se emitiría en tres días y a Zapata lo sacaron de la sala, lo montaron en un camión y lo llevaron de regreso a La Modelo. Cuando Zapata estaba saliendo, el juez ordenó: “El que sigue”. Y así hasta que todos los que estaban en la fila pasaron. 

Él no fue llevado a la lectura de su sentencia, si no que una secretaria que trabajaba con los interrogadores le hizo saber semanas después que lo habían declarado culpable y su condena era de 11 años. 

Antes de que lo sacaran de la sala, alcanzó a preguntarle al abogado defensor que porqué lo había llamada esbirro. “Es una referencia a todos los acusados aquí”, le respondió. 

Zapata considera que estos tribunales estaban diseñados para vengarse de los guardias, pues no les dieron ningún tipo de garantía. “Quisieron demostrarle al mundo que supuestamente estaban impartiendo justicia, pero lo que había era una venganza a diestra y siniestra”, comenta. 

“Esos tribunales no analizaban los crímenes de los que se acusaban a las personas” dice, y ejemplifica con su caso pues dice que él no estuvo asociado para delinquir, sino que era miembro de la Guardia Nacional, la cual era una institución legalmente constituida. “Nosotros no nos juntábamos para cometer crímenes”, insiste. 

De igual manera, dice que él no cometió asesinatos. “Hay ciertas circunstancias y acciones en combate en las que uno tiene que defender su vida, atacar y seguir las órdenes, y entre las cuales van a haber bajas de ambos lados”. 

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Los TPA estaban compuestos por tres miembros propietarios con sus respectivos suplentes, todos designados por la Junta de Gobierno, según el artículo tres del decreto. Para ser miembro de estos, se debía ser nicaragüense, tener 21 años de edad y estar en ejercicio de sus derechos ciudadanos. El presidente del tribunal debía ser abogado.  

El artículo 1 del decreto 1233 decía que la creación de los TPA sería “para el conocimiento de los delitos contemplados en los Artículos 1 y 2 del decreto No. 1074”, el cual fue publicado el 17 de julio de 1982 bajo el nombre de Ley sobre el Mantenimiento del Orden y la Seguridad Pública. 

Ese decreto de 1982 establecía las siguientes acciones como delitos contra la seguridad pública:

A) Los que realicen actos dirigidos a someter total o parcialmente la nación al dominio extranjero o a menoscabar su independencia e integridad 

B) Los que revelaren secretos políticos o de seguridad concernientes a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación, o secretos cuya revelación perjudique la seguridad económica del país

C) Los que dañaren instalaciones, vías, puentes, obras u objetos necesarios para la defensa, con el propósito de perjudicar el esfuerzo defensivo de la Nación

D) Los que tomaren las armas a fin de atacar al Gobierno Nacional, sus órganos o integrantes, así como los que realizaren actos o gestiones para tomarlas con el mismo fin

E) Los que intentaren deponer a alguna o algunas de las autoridades locales o impedir que tomen posesión del destino las legítimamente nombradas o elegidas

F) Los que impidieren o trataren de impedir que las autoridades desempeñen libremente sus funciones en el cumplimiento de sus providencias administrativas o judiciales

G) Los autores de conspiración, proposición o aceptación de ésta, para cometer cualquiera de los delitos a que se refiere esta disposición y los cómplices y encubridores de los mismos delitos.

El decreto también establecía las penas para las personas que fueran acusadas por estos delitos. “Los reos comprendidos en los acápites a), b), c) y d), de este artículo serán penados con prisión de cinco a treinta años y los comprendidos en los demás acápites con prisión de tres a quince años”, detallaba. 

El diario LA PRENSA reportó el 12 de mayo de 1983 que la Junta de Gobierno nombró como presidente de los TPA a Marvin Aguilar García, y como miembros propietarios a Domingo Matute Rappaccioli y Luis Pérez Duarte. Los suplentes fueron Sebastián Canda y María Argentina López. Todos ellos serían los miembros del tribunal de Primera Instancia. 

Para el de Segunda Instancia, que sería el de apelaciones, se nombró como presidenta a Ligia Molina de Campos; como miembros propietarios a Roberto Solís Quiroz y Josefina Villanueva Espinoza; y como suplentes a Marvin Ortega y Julián Álfaro Mora. 

Posteriormente sería nombrado como presidente de los TPA, Reynaldo Monterrey, que era un abogado oriundo de Bluefields y según reportó el diario español El País en 1986, “se le atribuyen aficiones represivas contra los indios miskitos”. 

En algunos casos, la sentencia en contra de los acusados era dictada en sesión secreta y el caso se decidía según las pruebas y testimonios en contra del acusado y las pruebas que presentaba la defensa. 

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De acuerdo a un informe de la CIDH, los juicios de los ochenta en contra de las personas acusadas de ser somocistas y en contra de los exguardias “fueron sumamente sumarios, casi todos eran orales, con excepción de la acusación y la sentencia y, como excepción, ciertas formalidades que se consideraban imprescindibles”. 

La CIDH dijo que el simple hecho de pertenecer a la Guardia Nacional fue suficiente para que los detenidos fueran acusados de los delitos de asociación ilícita para delinquir, delitos contra el orden internacional, homicidio, homicidio agravado y asesinato. 

“Las acusaciones contra miembros de la Guardia Nacional fueron muy a menudo similares. Esencialmente, la acusación decía que el acusado era un exmiembro de la Guardia y que se había alistado por su propia voluntad. Luego hacía un breve recuento de su historial militar, calificando la casi totalidad de sus méritos, distinciones y ascensos como deméritos y prueba de su absoluta obediencia y lealtad a Somoza y su camarilla, y como premio por haber desempeñado un papel protagónico en la perpetración de masacres brutales”, señala el informe. 

Ese informe expone el caso del teniente coronel de la Guardia, Byron Pineda Galo, quien trabajaba en la oficina de abastecimiento y sus funciones eran la compra de ropa, útiles de oficina, artículos de limpieza, repuestos para vehículos y demás, pero su acusación decía que: “su condición de individuo a cargo de los suministros de la Fuerza Aérea le dio la oportunidad de demostrar su inquebrantable obediencia y lealtad a Somoza y su camarilla, lanzando bombas de 1,500 libras sobre la población civil y ametrallándola masivamente”. 

Sin embargo, en el expediente de Pineda Galo no había prueba de que él sabía pilotar una aeronave. “La acusación decía que arrojó bombas de 1,500 libras, pero no explicó cómo pudo hacerlo desde detrás de su escritorio. Lo acusó, además, de ser el autor de ametrallamientos masivos de personas, sin que exista prueba alguna ni testigo alguno que lo acuse de tales acciones”, señaló el organismo.

Lo mismo sucedió en el caso de Juan Antonio Gutiérrez García y Armengol Silva Rodríguez, que fueron choferes de la Guardia Nacional y que en los TPA fueron acusados, sin pruebas. “Como miembros conscientes y dispuestos de las filas de la Oficina de Seguridad Nacional, la Guardia Nacional y el Primer Batallón Blindado, avalaron, dieron su consentimiento y participaron en la comisión de todos los delitos cometidos por esas organizaciones”, decía la acusación. 

Otra de las irregularidades encontradas en estos juicios es que algunos miembros no tenían formación jurídica y por tanto valoraban los casos según sus pasiones políticas y consideraban las pruebas “conforme a su conciencia”, decía la CIDH. “La Comisión encontró numerosas pruebas que no se referían a los hechos, sino que eran juicios de valor sobre las personas o los hechos investigados”, detalló. 

Para aquellos días, el diario oficial del Frente Sandinista, Barricada, publicaba en sus páginas fotografías de los acusados con un anuncio solicitándole a la población que los identificara y denunciara por sus acciones contrarrevolucionarias. Muchos de ellos ya eran tratados como culpables a pesar de que los tribunales todavía no habían dictado sentencia en su contra. 

En el caso de Pineda Galo, Barricada publicó una foto de él con el titular “Más esbirros ante los tribunales” y un anuncio que decía: “El pueblo tiene la oportunidad de hacer justicia. Desenmascarar a estos criminales somocistas. Nuestro pueblo debe acudir a los Tribunales Especiales y declarar sobre las masacres perpetradas por estas hordas”.  

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La condena de Zapata fue de 11 años, pero una amnistía le permitió ser liberado en 1982, de manera que estuvo tres años en prisión. Recuerda que estuvo recibiendo tortura psicológica, sufrió hambre y malos tratos. 

El jefe de la prisión en aquel entonces era Raúl Venerio y según Zapata, a cada rato pasaba por las celdas de los exguardias detenidos y les gritaba: “Ustedes llegaban a las casas y se cogían a las mujeres. Ahora nosotros nos estamos cogiendo a sus madres, sus hermanas y sus novias”. 

También llegaba Edén Pastora, para darles discursos en donde los llamaba “gusanos”, “derrotados”, y les decía que jamás iban a salir de la cárcel. 

Zapata se había unido a la Guardia en 1978 cuando estudiaba en la UNAN. De hecho, el Frente Sandinista quiso reclutarlo para que formara parte de la guerrilla, pero él se negó porque venía de una familia con tradición somocista y su padre era comandante de la Guardia en San Juan del Sur. 

Cuando se enroló en la Guardia, tenía 19 años y su número era el 25744. Entró a la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería (EBBI), y a los tres meses ya salía a patrullar con la Brigadas Especial Contra Atentados Terroristas (BECAT). 

El 19 de julio de 1979, por la mañana, Zapata escuchó por la radio que Somoza había huido y el Frente Sandinista les pedía a los guardias que se rindieran. Él abandonó la colonia en donde vivía junto con su madre y su hermano menor. Se fueron al aeropuerto para salir del país, pero ya no había aviones, de manera que se fueron para la Zona Franca. 

Ahí había cientos de guardias con sus familias, desesperados y queriendo salir del país. En medio de la gente, se encontraron con su padre, Omar Zapata, y se anotaron en una lista que tenía la Cruz Roja de todos lo que quería salir de Nicaragua. 

Zapata cuenta que los de la Cruz Roja les habían dicho que esperaran ahí por los aviones que gestionarían para sacarlos después, pero días después fueron “entregados” a los sandinistas para llevarlos a La Modelo. 

Su madre y su hermano menor fueron liberados, pero él y su padre fueron encarcelados y juzgados por los tribunales sandinistas. A su padre, lo condenaron a 30 años de cárcel y una amnistía en 1987 hizo pudiera salir libre. 

Tiempo después, su madre, Gladys Mercado también fue acusada de conspirar contra la Revolución y fue encarcelada por un año en el Chipote. Según Zapata, Sergio Ramírez Mercado era primo en segundo grado de su madre, y “ni por eso hizo nada para sacarla, o a mí o a mi padre”. 

De acuerdo con el abogado Uriel Pineda, la manera en que se llevaron a cabo estos juicios puede ser penalizada en la actualidad porque constituyen crímenes de lesa humanidad, los cuales no prescriben. “Una vez que salgamos de Daniel Ortega, es sano que Nicaragua entre en un proceso de rendición de cuentas. No tanto para encarcelar a esta gente, si no para que haya reconciliación. 

Por otro lado, Pineda advierte que existe el riesgo de que en un futuro se lleven a cabo este tipo de juicios en contra de los miembros de la Policía, funcionarios de la actual dictadura de Ortega, simpatizantes sandinistas o familiares de estos, lo cual no sería lo adecuado.  

Para evitarlo, es necesario que haya “un mecanismo de transición democrática participativa y de justicia transicional que cuente con legitimidad”, dice Pineda, pues “solo conociendo la verdad vamos a lograr ese proceso de reconciliación nicaragüense”.