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Lo que sí existe, es una sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, Países Bajos, del 27 de junio de 1986, en la que el alto tribunal condenó a Estados Unidos por agredir a Nicaragua desde 1981 de diferentes maneras, especialmente por ataques a los tanques en Corinto y por entrenar, armar, equipar, financiar y abastecer a las fuerzas de la Contra.

La sentencia estableció que ambos países debían acordar la forma y el monto de una indemnización que Estados Unidos debía pagar, pero este último país se negó a acatar el fallo y el monto nunca fue establecido.

Finalmente, en septiembre de 1991, la Corte anunció que había retirado, a pedido del gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, la demanda presentada por los sandinistas en contra Estados Unidos, país que en ese momento se comprometió a dar asistencia económica a Nicaragua, ya que los sandinistas, que gobernaron en entre 1979 y 1990, lo habían dejado en ruina económica.

De esa forma, el proceso no siguió adelante y la Corte nunca pudo establecer un monto de indemnización y el caso quedó cerrado.

Ortega regresó al poder y en los últimos años comenzó a hablar de la deuda nuevamente. Algunos juristas, como Carlos Argüello y Augusto Zamora, que fueron parte del equipo de Nicaragua en La Haya, indicaron que Ortega podía cobrar la deuda.
Hasta el momento, Ortega no ha pasado de las palabras. No ha acudido a la Corte para activar el cobro.

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La deuda que Ortega le cobra a Estados Unidos tiene su origen en el hecho de que Nicaragua, con la llegada de los sandinistas al poder en julio de 1979, se convirtió en un elemento importante dentro del conflicto que Estados Unidos mantenía con la Unión Soviética, en lo que se conoció como la Guerra Fría.

Jimmy Carter era el presidente de los Estados Unidos cuando los sandinistas asaltaron el poder y trató de mantener relaciones cordiales con ellos. Sin embargo, Carter comenzó a retirarles el apoyo cuando salió a la luz que los sandinistas apoyaban con armas a los guerrilleros de El Salvador agrupados en el Frente Farabundo Martí (FMLN), que trataban de derrocar al gobierno salvadoreño apoyado por los Estados Unidos.

En enero de 1981, llegó a la presidencia Ronald Regan, quien, en su lucha anticomunista contra la Unión Soviética, implementó lo que se llamó la Doctrina Reagan, que consistió en apoyar a grupos guerrilleros para combatir a regímenes prosoviéticos, como era el caso de los sandinistas.

Casi inmediatamente después que triunfaron los sandinistas, algunos exguardias del derrocado dictador Anastasio Somoza Debayle y campesinos comenzaron a armarse en contra de los sandinistas, por los abusos que estos cometieron desde el principio y también porque se habían plegado al comunismo de la Unión Soviética y de Cuba.

Sin embargo, como Carter todavía era amigo de los sandinistas, no recibieron el apoyo de los norteamericanos, sino que sus primeros financiadores y entrenadores fueron militares argentinos, que perseguían a exguerrilleros montoneros ocultos en Nicaragua.

A partir de 1981, Ronald Reagan sí apoyó con todo a los contras, al punto que hasta puso en peligro a su gobierno y a su país cuando estalló después el escándalo Irán-Contras, surgido cuando el Congreso norteamericano no aprobó más ayuda para los contras y se buscó otras vías para obtener recursos para los rebeldes nicaragüenses.

Comandantes de la Contra, como Luis Fley (Jonhson) y Tirso Moreno (Rigoberto) han explicado que ellos combatían en territorio nicaragüense y no tuvieron nada que ver con algunos de otros hechos que después originaron el inicio de la demanda de los sandinistas contra Estados Unidos, como ataques a los puertos Corinto y Sandino y la colocación de minas en aguas nicaragüenses.

Por ejemplo, el 11 de octubre de 1983, un día después del ataque a los tanques del puerto de Corinto, la Central de Inteligencia Americana (CIA) se adjudicó la autoría del atentado. Medios norteamericanos, como el Washington Post y las cadenas de televisión como CBS, NBC y ABC, publicaron que un funcionario de la Casa Blanca, que pidió el anonimato, había confirmado que la CIA había supervisado el ataque, indica una nota de ese momento del diario español El País.

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Entre 1983 y 1984, hubo varios ataques contra objetivos económicos para minar la economía del gobierno sandinista de la época. Como los sandinistas vieron que Reagan buscaban más dinero en el Congreso de Estados Unidos para ayudar a los contras, decidieron demandarlos en La Haya.

La demanda fue presentada por Nicaragua el 9 de abril de 1984 y en noviembre de ese mismo año la Corte decidió que sí tenía jurisdicción para conocer del caso. Después de fracasar en que la Corte se declarara competente, los Estados Unidos manifestaron que no participarían más en el proceso.

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En un inicio, lo que los sandinistas pedían como indemnización a Estados Unidos eran 370, 200,000 dólares, el mínimo con el cual se habían valorados los daños causados y las muertes de nicaragüenses provocadas en la guerra civil con los contras.

Fueron dos años los que demoró el proceso. Nicaragua se apoyó en juristas extranjeros como Ian Browlie, Abraham Chayes y Allan Pelet. También se destacó el abogado Paul Reichler, quien fue fundamental para la parte nicaragüense.

Reichler fue contratado nuevamente por Ortega para el conflicto limítrofe con Colombia, el que Nicaragua ganó en 2012. Sin embargo, Reichler le renunció a Ortega después de la masacre que el dictador realizó contra el pueblo nicaragüense durante las protestas cívicas de 2018. Reichler no solo le renunció, sino que también le recriminó los crímenes a Ortega.

Mientras Estados Unidos desconocía la competencia de la Corte en la demanda de los sandinistas, alegando que su política de apoyo a los contras era coherente con el derecho internacional, el proceso siguió adelante.

Finalmente, el 27 de junio de 1986, en la madrugada de Nicaragua, el tribunal de La Haya condenó a Estados Unidos por sus actividades militares contra Nicaragua. La sentencia se produjo en un momento en que el Congreso norteamericano se debatía la ayuda de 110 millones de dólares para los contras nicaragüenses.

La Corte no le dio la razón en todo a los sandinistas, pero sí en la mayoría de sus peticiones. Por ejemplo, aceptó condenar a Estados Unidos por atacar territorio nicaragüense entre 1983 y 1984, cuando se produjeron ataques en Puerto Sandino, el 13 de septiembre y el 14 de octubre de 1983; en Corinto, el 10 de octubre de 1983; y el ataque contra la base naval de Potosí, el 4 y el 5 de enero de 1984.

Además, un ataque a San Juan del Sur el 7 de marzo de 1984; ataques contra lanchas patrulleras en Puerto Sandino, el 28 y 30 de marzo de 1984, así como un ataque contra San Juan del Norte, el 9 de abril de 1984.

La condena también incluyó que Estados Unidos autorizó y dirigió sobrevuelos en territorio nicaragüense y que colocó minas en aguas nicaragüenses durante los primeros meses de 1984 y, luego, no dijo dónde habían sido puestas.

Otra mala maniobra de los Estados Unidos, según la sentencia, fue elaborar un manual titulado “Operaciones psicológicas en guerra de guerrillas” y haberlo distribuido entre los contras, porque con ello alentaron la ejecución de actos contrarios al derecho humanitario, aunque no encontraron motivos para señalar que el país norteamericano habría cometido los mismos.

Por último, la Corte penalizó el embargo general sobre el comercio con Nicaragua que los Estados Unidos impusieron el primero de mayo de 1985.

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Por todo ello, la Corte indicó que los Estados Unidos estaban en la obligación de indemnizar a Nicaragua por todos los daños causados. Sin embargo, el alto tribunal no estableció un monto de indemnización, sino que ordenó que ambos países debían acordar sobre la forma y monto de la indemnización.

Solamente si no llegaban a un acuerdo, la Corte iba a resolver ese asunto, pero en un procedimiento subsiguiente.

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Los Estados Unidos decidieron desde el primer momento no acatar el fallo de La Haya y por tanto no hubo negociaciones para determinar el monto de indemnización. Nicaragua, ni la Corte, tenían medios para obligar a Estados Unidos a cumplir con el fallo, aparte de su estatus de superpotencia mundial y miembro del Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas (ONU), a la cual está adscrita la Corte.

Nicaragua le reclamaba a Estados Unidos que debía cumplir porque ambos países suscribieron la Carta de San Francisco y además tenían la condición de miembros originarios de Naciones Unidas. Estados Unidos aceptó la jurisdicción obligatoria de la Corte el 14 de agosto de 1946, mientras que Nicaragua había aceptado la jurisdicción obligatoria ante la Corte Permanente de Justicia Internacional el 24 de septiembre de 1929, aceptación que mantuvo ante la Corte Internacional de Justicia.

No hubo manera de que Estados Unidos cumpliera el fallo.

Dos años después de la sentencia, el 29 de marzo de 1988, Nicaragua presentó ante la Corte una memoria de compensación en la que se detallaron los daños y perjuicios ocasionados, fijándose al mismo tiempo el monto de la indemnización reclamada, escribió Vanessa Ballesteros Moya, en su libro Actores no estatales y responsabilidad internacional del Estado.

Sin embargo, la Corte no pudo pronunciarse sobre la cantidad exigida por los sandinistas, que esta vez fue de algo más de 12 mil millones de dólares.

Esos 12 mil millones de dólares los sandinistas los convirtieron después en 17 mil millones de dólares, en su petición, debido a que Estados Unidos no dejó de financiar a la contra y consideraron el monto de la indemnización debía aumentar porque hubo nuevos perjuicios. Por eso es que hoy Daniel Ortega habla de que la deuda es por ese monto.

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Después de que los sandinistas perdieron el poder en las elecciones de febrero de 1990, pero antes de entregarlo en abril de ese mismo año, aprobaron la Ley 92 en la que establecieron que se debía defender el cumplimiento del fallo de la Corte en el que se establecía que Estados Unidos debía indemnizar a Nicaragua por los daños causados por la guerra.

El ya fallecido exministro de la Presidencia y yerno de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, Antonio Lacayo Oyanguren, escribió en su libro La difícil transición nicaragüense que por todos era conocido que los sandinistas habían demandado en 1984 a los Estados Unidos para incidir en las votaciones del Congreso norteamericano, a fin de que no se autorizara más ayuda a la Contra.

Al ganar doña Violeta las elecciones, terminada la guerra y desmovilizados los contras, mantener vigente la demanda carecía de todo sentido, escribió Lacayo. Además, el propio Daniel Ortega había aceptado en marzo de 1990 una suerte de arreglo extracorte por medio del cual, en lugar de indemnización, el nuevo gobierno de doña Violeta lograra que los Estados Unidos liberara a Nicaragua de la deuda con ese país norteamericano y asegurara una ayuda anual a Nicaragua.

Según Lacayo, la situación económica en Nicaragua era insostenible, porque los sandinistas habían dejado saqueado el Estado.

El 5 de junio de 1990, ya con doña Violeta en el poder, se derogó la Ley 92 en medio de la protesta de los diputados sandinistas que acusaron al nuevo gobierno de vender la soberanía.

El 12 de septiembre de 1991, el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro comunicó al tribunal de La Haya su intención de renunciar a su derecho y no continuar con el procedimiento de establecer el monto de la indemnización que debía pagar Estados Unidos a Nicaragua

El 26 de ese mismo mes, la CIJ dictó una orden declarando el desistimiento de Nicaragua y ordenando el sobreseimiento del asunto.

Casi inmediatamente, Estados Unidos anunció oficialmente que condonaba a Nicaragua una deuda de 259 millones de dólares que el gobierno sandinista de los ochenta había dejado sin pagar. En total, los sandinistas habían dejado una deuda externa de 12 mil millones de dólares.

De esa forma, nunca se llegó a establecer un monto de indemnización y los 17 mil millones de dólares de los que habla Ortega son los que los sandinistas pidieron en 1988, pero no fue aprobado en el proceso.

Por el momento, el régimen de Daniel Ortega solo ha hablado de revivir la deuda, la cual para Estados Unidos es un caso cerrado, pero Ortega no ha hecho algo ante la Corte de La Haya para concretar el cobro.