Los sandinistas, dirigidos por nueve comandantes, entre ellos el actual dictador Daniel Ortega, lo primero que hicieron al llegar al poder fue acabar con la familia Somoza y sus bienes, ya que los acusaron de enriquecimiento ilícito.

Los primeros tres decretos que firmó la Junta de Gobierno se enfilaron con ese rumbo. El primero, ordenaba solicitar la extradición de toda la familia Somoza; el segundo, prohibía cualquier forma de homenajear a los Somoza, ya fuera a través de estatuas, nombres de calles o edificios, los cuales debían ser sustituidos con nombres de héroes o mártires sandinistas muertos en la lucha contra la dictadura somocista.

El tercero, promulgado ese 20 de julio de 1979, era el que más incomodó a Somoza. Ordenaba la inmediata confiscación de todos los bienes de la familia Somoza y sus funcionarios que hubieran abandonado el país a partir de diciembre de 1977.

Casi un mes después, el 24 de agosto de 1979, los sandinistas informaron que hasta ese momento habían expropiado a la familia Somoza 168 empresas industriales, comerciales, de servicio y medios de comunicación, además de casas, vehículos, cuentas bancarias, y otros 13 diferentes tipos de bienes que no especificaron.

Según se comprobó después, fueron los sandinistas quienes mandaron a matar a Somoza Debayle hasta la capital de Paraguay, en septiembre de 1980, y el dictador no pudo cumplir su deseo de recuperar sus bienes. Pero, quedaron vivos sus hijos, su hermana, sus sobrinos, y hasta su madre, Salvadora Debayle Sacasa, aunque esta última falleció en 1984.

Diez años después, en 1990, los sandinistas tuvieron que entregar el poder, mediante elecciones, a doña Violeta Barrios de Chamorro, quien, en mayo de ese año, creó mediante decreto una comisión para revisar los casos de confiscaciones consideradas “injustas” que habían realizado los sandinistas desde 1979.

Bajo el amparo de ese decreto, los familiares de Somoza llegaron a Nicaragua a partir de julio de 1990 para reclamar sus propiedades. Durante toda esa década realizaron varios intentos. “Somozas reclaman media Nicaragua”, tituló el extinto El Nuevo Diario, en marzo de 1995, luego que Lillian Somoza y sus hijos reclamaran los terrenos donde está la nueva catedral de Managua, Metrocentro, la Escuela de Danza, entre otros, así como la Cementera Nacional.

Los reclamos incluían todas las 168 empresas que los sandinistas habían dado como confiscadas en agosto de 1979, muchas de ellas grandes haciendas en diferentes partes del país. Eran 340 propiedades en total.

Hasta este año 2023, miembros de la familia Somoza aseguran que el Estado de Nicaragua no les ha regresado una sola propiedad de las que les confiscaron en 1979. Lo que han hecho es obtener dinero de aquellas personas o empresas que compran propiedades que una pertenecieron a los Somoza, pero ha sido a través de arreglos directos.

Álvaro Somoza Urcuyo, sobrino de Somoza Debayle, hijo de su hermano Luis, afirma: “Vamos a seguir reclamando. Tenemos todo en orden. Mis tataranietos pueden reclamar”.

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La idea que los sandinistas vendieron, para confiscar a los Somoza, fue que esa familia se había enriquecido de manera ilegal y abusiva, a través de la represión de las armas, y que era “una de las principales reivindicaciones del pueblo nicaragüense y uno de los logros más inmediatos de la revolución sandinista”.

La familia Somoza la iniciaron Anastasio Somoza Reyes y Julia García Chavarría, el primero un rico hacendado caficultor y la segunda también era hacendada. Somoza Reyes murió en enero de 1926, pero dejó en herencia a su esposa cuatro fincas de café: El Porvenir, de 124 manzanas; El Llano, de 40 manzanas; La Pita, de 121 manzanas y El Bosque, de 92 manzanas.

Eran unas fincas tan modestas que entre las cuatro no sobrepasaban el valor de los dos mil córdobas de aquella época, afirmó la historiadora española María Dolores Ferrero Blanco, en su libro La Nicaragua de los Somoza.

En 1929, junto a sus hijos y unas hermanas de su difunto esposo, Julia García creó la Sociedad Agrícola Somoza, que se disolvió pasados los 10 años en que se había pactado. Para ese momento, su hijo, Anastasio Somoza García ya era presidente de Nicaragua, cargo que asumió en enero de 1937, y se había convertido en un hombre muy rico, aunque todavía no era el más acaudalado de Nicaragua. Diferentes historiadores, citados por Ferrero Blanco, calculaban la fortuna de Somoza García en ese momento entre tres y cinco millones de córdobas de la época, cuando el córdoba estaba a la par del dólar.

Con ese capital, se creó lo que se llamó la Sucesión Somoza García, un conglomerado de bienes, propiedades y empresas de la familia de Somoza que después de la muerte del fundador de la dinastía serían repartidas entre su esposa Salvadora Debayle y sus hijos Lillian, Luis y Anastasio Somoza Debayle.

Al morir Luis Somoza, en 1967, su parte la heredaron su esposa Isabel Urcuyo y los siete hijos que engendraron.

Somoza García tenía un cuarto hijo, que no era de su esposa Salvadora, José Somoza Reyes, a quien se le conoció en las filas de la Guardia Nacional como “Papá Chepe”. Álvaro Somoza Urcuyo, el hijo de Luis Somoza, afirma que su tío José quedó fuera de la Sucesión Somoza García, pero sí le dieron dinero, fincas y otros bienes.

Sin embargo, la fortuna de Somoza García fue mal vista por el pueblo nicaragüense, porque la obtuvo por medios no lícitos. Por ejemplo, se le acusa de haberle declarado la guerra a Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial, para quedar bien con Estados Unidos, pero, además, para expropiar a los ciudadanos alemanes que vivían en Nicaragua y que eran muy prósperos y así quedarse con sus bienes.

Por ejemplo, los terrenos que ahora la familia Somoza reclama como suyos en Metrocentro, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), y toda esa zona, pertenecieron en su momento a una familia alemana que fue confiscada durante la Segunda Guerra Mundial.

Según la historiadora Ferrero Blanco, para 1944 Somoza García ya era dueño de un complejo azucarero con varios centros de refinado, entre los que destaca Montelimar, una playa en las cosas del Pacífico nicaragüense. Y, según W. Khrem, tenía 51 haciendas de ganado y 46 haciendas cafetaleras, que lo convertían en el mayor propietario de café del país.

También le señalan haber adquirido muchas propiedades a través de “ventas forzadas”. O de que la mayoría de quienes le vendían eran mujeres, viudas o solteras que no podían mantener sus propiedades.

Para 1940, la familia Somoza aún no se encontraba entre las más acaudaladas de Nicaragua, pero fue aumentando su poderío económico, tanto que para 1974 se le calculaban 400 millones de dólares de patrimonio, afirma en un ensayo el historiador colombiano Roberto González Arana.

Ferrero Blanco afirma que, para 1951, el inventario de la familia Somoza incluía entre 140 y 150 propiedades, según un documento que hasta hace poco estaba en el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA), en la recién confiscada Universidad Centroamericana (UCA), a manos de Daniel Ortega.

Tras la muerte de Anastasio Somoza García, en 1957, sus cuatro herederos (su esposa Salvadora y sus hijos Lillian, Luis y Anastasio) constituyeron cuatro sociedades anónimas: la Compañía Agropecuaria Santa Julia, que administraba cuatro fincas cafetaleras; para administrar fincas en la isla Ometepe y donde prácticamente eran dueños del volcán Maderas; la Sociedad Anónima Agropecuaria Ometepe, la Sociedad Anónima Compañía Pecuaria El Tamarindo, que administraba varias haciendas ganaderas y la Sociedad Agropecuaria El Porvenir, con la que administraban fincas cafetaleras en San Marcos, Jinotepe y Santa Teresa, según indica un reportaje del periodista Eduardo Marenco.

Quien administró los bienes de la familia, tras la muerte de su padre, fue Luis Somoza Debayle, quien fue presidente de Nicaragua entre el final de 1956 y 1963. Un cablegrama de la embajada de Estados Unidos en ese entonces, reveló que los Somoza tenían control o participación en una amplia variedad de bienes económicos en el país, por un valor aproximad, de 38.8 millones de dólares, así como bienes en el exterior por 20 millones de dólares más.

Los norteamericanos suponían que para ese año 1963, los Somoza eran dueños del 10 por ciento de la riqueza total de Nicaragua.

Esa fortuna aumentó después de 1972, porque el tercero de los Somoza, Anastasio Somoza Debayle, cuenta la historiadora Ferrero Blanco, también se tornó codicioso y aprovechó el terremoto en Managua de 1972, que le brindó posibilidades de enriquecerse. A este Somoza lo acusaron de malversar la ayuda que llegó y también apropiarse de terrenos durante la reconfiguración de la capital.

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Cuando Luis Somoza Debayle asumió la administración de la Sucesión Somoza García, ya estaba casado con Isabel Urcuyo y ya había adquirido otras propiedades por su propia cuenta, asegura su hijo Álvaro Somoza Urcuyo, que aceptó hablar con la Revista MAGAZINE para este artículo.

Por ejemplo, menciona Somoza Urcuyo, habían comprado el Ingenio Dolores, en Rivas.

Luis Somoza falleció en 1967, tres años después de haber abandonado la presidencia de la República y su viuda heredó sus bienes. Sin embargo, aproximadamente poco antes del terremoto de 1972, a ella no le gustaban algunas cosas que estaban ocurriendo en el país y quiso vender su parte de la Sucesión Somoza García, afirma su hijo.

El argumento que les daba a sus familiares políticos es que necesitaba dinero para asegurar la educación de sus siete hijos. Finalmente, Anastasio Somoza Debayle le compró a su cuñada porque fue advertido de que si no lo hacía iba a quedar como accionista minoritario frente a su madre Salvadora y su hermana Lillian en la Sucesión Somoza García.

Ese es uno de los principales argumentos de los hijos de Luis Somoza para reclamar que no debieron ser confiscados por los sandinistas en 1979. Que sus bienes no tenían nada que ver con la Sucesión Somoza García, que su padre murió 12 años antes que los sandinistas llegaran el poder y que su madre en realidad no era miembro de la familia Somoza. Además, Isabel Urcuyo se fue del país poco después del terremoto. Murió en agosto de 2014, en Estados Unidos.

Otras propiedades que, según Somoza Urcuyo, le fueron confiscadas a su mamá, pero no eran de la Sucesión Somoza García, son la finca arrocera Altamira, en Granada, comprada por Isabel a su hermano Vicente Urcuyo; una camaronera de nombre Alimentos Interamericanos SA (Alinsa); y la finca Nahualapa, de 200 manzanas en las costas del lago de Granada, que Urcuyo le compró a su tío Francisco Urcuyo Maliaños, el último presidente de la era somocista.

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Tras confiscar a los Somoza, los sandinistas dijeron que todas las propiedades estaban en una especie de abandono, con tractores y vehículos en mal estado y, además, tenían empleados a varios trabajadores, pero las arcas de las mismas estaban vacías de dinero.

Algunas de estas propiedades, muy famosas, fueron: la Cementera Nacional, la Central de Ingenios, la Marina Mercante Nicaragüense S. A. (Mamenic), Pescanica, Televisión de Nicaragua (Canales 6 y 8), la aerolínea La Nica, Carnic, la Nicalit, la Plywood, Corporación Plaza España, Plastinic, La Hielera, la radio Estación X y la Mayco, entre muchas otras.

Todas esas propiedades fueron confiscadas con el Decreto 3, con el que eran confiscables la familia Somoza y sus allegados. Luego, los sandinistas emitieron otros decretos, para confiscar también a quienes habían abandonado el país y no habían regresado, una norma que fue llamada ley de los ausentes. Al final, los sandinistas confiscaron a todos los Somoza, a sus allegados y a los que fueron miembros de la Guardia Nacional y sus familiares. Todavía en 1989, un año antes de perder el poder, estaban realizando confiscaciones.

Al asumir el poder en abril de 1990, tras derrotar a los sandinistas en febrero de ese año, doña Violeta Barrios de Chamorro se comprometió a revisar todas las confiscaciones que los sandinistas habían realizado injustamente, para devolver esas propiedades, pagarlas mediante bonos por indemnización (BPI) o realizar una permuta, es decir, entregar otra a cambio.

El entonces ministro de la Presidencia y también yerno de doña Violeta, Antonio Lacayo Oyanguren, escribió en su libro La difícil transición nicaragüense que la presidenta cumplió esa promesa emitiendo el decreto 11-90, que ordenaba la revisión de las confiscaciones, pero, desde el principio, hubo protestas de los sandinistas, que no querían entregar las propiedades que se habían adjudicado entre febrero de 1990, cuando perdieron el poder en las urnas, y abril, cuando les tocó entregarlo a doña Violeta, en un proceso que se denominó La Piñata, porque fue un festín de los sandinistas apropiándose de todo lo confiscado.

Según Lacayo, la idea del decreto 11-90 era la recuperación del agro a través de arrendar fincas aptas para la agricultura y el ganado, que al momento de la emisión del decreto estuvieran en poder del Estado, a personas que pudieran trabajarlas con sus propios recursos, principalmente antiguos dueños que estaban presionando para su devolución pero que no iban a tener una resolución inmediata

Además, Lacayo escribió que el compromiso del gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro era con los dueños originales que hubiesen sido injustamente expropiados o confiscados, y que los iba a compensar debidamente, de acuerdo con las posibilidades del Estado.

Con las propiedades de la familia Somoza, especialmente las afectadas por el Decreto 3, Lacayo indicó que servirían para entregarlas a la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), a los excontras y a los desmovilizados del ejército sandinista.

Solo devolverían tierras a terceras personas, no de la familia Somoza, que hubiesen sido ilegítimamente confiscados.

El exprocurador Alberto Novoa, quien fungió durante el gobierno de Enrique Bolaños, cuenta que muchos confiscados, a los que se les hizo difícil recuperar sus propiedades, entre ellos miembros de la familia Somoza, se nacionalizaron estadounidenses, lo que llevó a los Estados Unidos a imponer una sanción a Nicaragua mientras no devolvieran las propiedades de esos nicaragüenses nacionalizados como estadounidenses, a los que en Nicaragua se les llamó “gringos caitudos”.

Esa sanción se llamó waiver y cada año el gobierno de Estados Unidos la revisaba, para ver si el gobierno de Nicaragua cumplía con la devolución de propiedades a sus ciudadanos. Novoa afirma que todavía hace poco se seguían pagando esas propiedades y el Estado de Nicaragua terminó desembolsando más de 1,600 millones de dólares por esos pagos.

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Era claro, según lo que escribió Antonio Lacayo Oyanguren, que el decreto 11-90 no fue pensado para devolver las propiedades de los Somoza. Sin embargo, las tres familias herederas (los hijos de Lillian, Luis y Anastasio) de la Sucesión Anastasio Somoza García comenzaron a reclamar todo en 1990, amparados en el mencionado decreto, con el que doña Violeta Barrios de Chamorro creó la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones.

Solo en septiembre de 1997, los Sevilla Somoza, hijos de Lillian, reclamaron 340 propiedades, entre urbanas y rurales. En julio de 1999, Lillian Somoza también reclamó los terrenos donde están la Escuela de Danza, la UNI, la nueva Catedral de Managua, Metrocentro y la Avenida Universitaria, todo con una extensión de 75 hectáreas.

Desde noviembre de 1990, Álvaro Somoza Urcuyo y sus hermanos reclamaron las propiedades de su madre Isabel Urcuyo, pero todo sin éxito. Existe como una orden, explica Somoza Urcuyo, de que a los Somoza no se les devuelve nada. A todos los demás confiscados sí, pero a los Somoza no, reitera, todavía molesto con Antonio Lacayo Oyanguren.

Sin embargo, no solo fue el gobierno de doña Violeta el que se negó a devolver propiedades a los Somoza, sino también el de Arnoldo Alemán Lacayo y el de Enrique Bolaños. Y ni pensar que lo iba a hacer Daniel Ortega, quien regresó al poder en enero de 2007 y no se ha bajado del mismo desde entonces.

Arnoldo Alemán prometió desde su campaña electoral que no iba a regresar nada a los Somoza y Bolaños se negó incluso a acatar un fallo judicial que ordenaba desconfiscar las acciones que la viuda de Luis Somoza, Isabel Urcuyo, tenía en la Cementera Nacional.

Su hijo, Álvaro Somoza Urcuyo, explica que su madre había vendido su parte de la Sucesión Somoza García a su cuñado Anastasio Somoza Debayle, pero conservó las acciones en la Cementera.

A finales del gobierno de Arnoldo Alemán, la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones “desconfiscó” las acciones de Isabel Urcuyo en la Cementera e instruyó que debían ser devueltas.

Ya en el gobierno de Enrique Bolaños, Isabel Urcuyo acudió ante un juez de Managua, que validó la resolución de la Comisión, pero el gobierno no entregó la Cementera, que para entonces fue arrendada por la empresa mexicana Cemex.

Según Somoza Urcuyo, cada año los mexicanos le pagan dos millones de dólares al Estado de Nicaragua por el arriendo y esa sería la razón por la que el gobierno de Bolaños no quiso cumplir la sentencia judicial.

El exprocurador en tiempos de Bolaños, Alberto Novoa, recuerda que hubo varios intentos de los Somoza por recuperar su fortuna en el tiempo en que él dirigió la Procuraduría General de la República, pero él no podía hacer algo, porque todo estaba en manos del presidente Bolaños.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dijo que era nulo todo lo actuado en el reclamo de Isabel Urcuyo por sus acciones en la Cementera Nacional, pero los entonces magistrados Rafael Solís y Francisco Rosales explicaron que solo se habían referido al proceso de reclamo, no a si la Cementera debía ser devuelta o no. Lo que pasó es que ni el gobierno de Alemán se personó en el proceso en la Comisión Nacional de Revisión de Confiscación ni el de Bolaños en el proceso judicial posterior.

Por el momento, la Cementera sigue arrendada por el Estado a favor de la mexicana Cemex.

La negativa del Estado de Nicaragua a devolver los bienes de Somoza llevó, en agosto de 1994, a Lillian Somoza a recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando que se le habían violentado sus derechos. Sin embargo, la causa no prosperó y la CIDH archivó la denuncia porque Lillian Somoza no volvió a impulsarla.

Todavía en 2020, sin resultado positivo, los herederos de los Somoza han impulsado juicios en los tribunales nicaragüenses para que se les devuelvan sus bienes, según consta en el sistema en línea de los juzgados de Managua.

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Solo ha habido una manera para que la familia Somoza recupere algo de lo que le confiscaron en 1979, afirma Álvaro Somoza Urcuyo: mediar con las personas o empresas que compran propiedades que fueron confiscadas a los Somoza y que fueron adquiridas por “piñateros”, dice el hijo de Luis Somoza.

Ese fue el caso de los terrenos que hoy ocupa la Casa Pellas, cerca de Plaza España, indica Somoza Urcuyo, quien cuenta que la Casa Pellas les pagó por sus derechos, para que en un futuro los Somoza no reclamen los terrenos comprados por esa empresa y que estaban en manos de un “piñatero”, insiste Somoza Urcuyo.

El exprocurador Alberto Novoa cuenta que igualmente hicieron los hijos de Lillian Somoza, cuando la empresa salvadoreña Poma adquirió los terrenos donde hoy es Metrocentro.

“Los de la familia Poma establecieron conversaciones con la familia Somoza (hijos de Lillian Somoza), para que se comprometieran a no establecer acciones legales en el futuro. Pero, sí, le pagaron sus derechos a la familia Somoza”, explicó Novoa.

Somoza Urcuyo explica que así han hecho con varias propiedades, en las que los compradores les han pagado entre el 10 y el 50 por ciento del valor de la propiedad adquirida.