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Eta destruyó los barrios costeros de Bilwi, en el Caribe Norte. Iota remató. LA PRENSA/Wilmer López

Líderes indígenas reclaman a Ortega por abandono estatal

Representantes de los territorios miskitus y mayangnas firmaron una proclaman en la que reprochan a Ortega una extensa lista de promesas incumplidas tras su regreso al poder.

Hambre, invasión de colonos, asesinatos, crisis sanitaria, inseguridad, impacto del cambio climático, falta de acceso a la justicia y abandono estatal, es parte de la realidad que viven las comunidades indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua, por lo que representantes de los territorios miskitos y mayangnas firmaron una proclama reprochando al régimen de Daniel Ortega una extensa lista de promesas incumplidas, tras su regreso al poder en 2007, cuando se comprometió a proteger las comunidades indígenas.

A la vez reclamaron por el despojo de algunas alcaldías al partido indígena Yatama durante las elecciones municipales del pasado 6 noviembre. Denunciaron también el otorgamiento de concesiones de pesca a empresarios chinos y colonos sin el consentimiento de las comunidades, así como la protección de colonos por parte de funcionarios del régimen.

La proclama fue firmada por al menos 14 líderes indígenas, el 5 de enero de 2023, luego de sostener un encuentro donde analizaron su situación social, política y económica actual, la que tildaron de “triste”.

Invasión de colonos

Pese a que en las promesas que han recibido destaca “el desarrollo social, cultural y económico” de la zona, señalan que en la práctica “nos han llevado al ocaso”, debido a la invasión de colonos que “nos están llevando al sometimiento y exterminio”.

Indican que a lo largo de su historia, nunca habían observado una invasión de tierra de forma tan masiva y destructiva como en la actualidad, “tanto así que en algunos territorios se han apropiado de hasta el 80 por ciento de nuestras tierras”, denunciaron.

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Expresan que los colonos no solo se han apoderado de sus tierras, también “las desertificaron, destruyeron suelos, aguas, bosques e incluso toda la zoología, nos dejaron sin tierra para nuestros cultivos y el aprovechamiento de oro. Hoy por hoy, nos encontramos sin árboles para construir nuestras casas y sin plantas medicinales, sin pesca. Como consecuencia de las invasiones hay hambruna, empobrecimiento, migración forzada, descomposición social, entre otros”.

Asesinatos e impunidad

Los líderes indígenas denunciaron que “los colonos han asesinado a 64 indios miskitos y mayangnas. Estas muertes han quedado en la impunidad. No hay justicia para las violaciones de derechos humanos de las comunidades indígenas. Sumado a esto los 1,163 indígenas asesinados en la década de los años 80, todos ellos por defensa de la madre tierra”.

Entre las masacres más recientes señalan el asesinato de Salomón López Smith, guardabosque mayangna, el 21 de marzo del 2022, y de Roberto Melgara Gutiérrez y Terlin Gutiérrez Medina, padre e hijo, respectivamente, ambos originarios de la comunidad Sukatpin, el 21 de mayo de 2022.

Tras la invasión de colonos, la población miskita en el Caribe Norte ha estado sometida a una constante violencia, que también afecta a defensores de derechos humanos. LA PRENSA/ARCHIVO

También señalan la masacre ocurrida en el cerro Kiwakumbaih, territorio mayangna Sauni As, el 23 de agosto del 2021, cuando fueron asesinados 13 indígenas, y de José Álvarez, originario de la comunidad Esperanza, río Coco, en el 2015.

“Así como otras masacres perpetradas desde el año 2010 viviendo el peor apocalipsis durante el año 2015. Todos estos hechos han quedado en la impunidad”, afirmaron.

Colonos son portegidos por funcionarios

Los líderes indígenas afirman que al menos 23 territorios que habían sido titulados por el régimen de Ortega están invadidos por colonos y lamentan que no tienen a quién recurrir para exigir sus derechos.

“Todo indica que para los gobiernos de turno somos un desecho racial que hay que botar a la basura y también opinan se requiere de mano dura para lograrlo, en este caso, vía invasiones de los colonos y la represión militar y policial”, señalan.

En el documento recuerdan que el 29 de octubre de 2017, Ortega prometió que no iban a permitir más invasiones de tierra, pero a pesar de ello “las invasiones continúan y son protegidos por funcionarios del Gobierno”.

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“Las tropas guardabosques de distintas comunidades capturan a los invasores, se los entregan a la Policía y la Policía presionada por funcionarios de Gobierno los sueltan a los días y regresen a la montaña a matar indígenas”, acusaron.

Como parte de la complicidad de los funcionarios con los colonos, señalaron que el 7 de diciembre del 2022, la alcaldesa de Waspam, Rose Kunningham Cain, informó al Concejo Municipal “que el Gobierno de Nicaragua ha ordenado el libre acceso de los colonos a través de las comunidades a partir de enero del 2023 y el comunitario que se oponga será arrestado”.

Los representantes de los territorios miskitos y mayangnas pidieron a Ortega “que comience a cumplir con sus compromisos de desalojar la masiva invasión de los colonos invasores y destructores en los territorios indígenas”.

Entre otras demandas

Los indígenas exigen también al régimen:

a) Respetar el marco jurídico nacional e internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

b) Iniciar de forma urgente saneamiento de los territorios considerando las demandas de justicia y de indemnización de las violaciones de derechos humanos y la destrucción del patrimonio cultural de los pueblos indígenas, así como el desalojo de los colonos de sus territorios.

c) Aceptar las elecciones de autoridades comunitarias y territoriales conforme a sus costumbres y tradiciones.

d) Dejar de vigilar, amenazar y limitar el trabajo de liderazgos comunitarios y tradicionales. Y escuchar sus demandas y planteamientos.

e) Regular las afectaciones ambientales y extractivismo perpetrado por los colonos y brindarle el derecho a los comunitarios al uso y goce de sus recursos naturales.

f) Levar a cabo consultas amplias en las comunidades y territorios para cualquier proyecto de Estado que se vaya a implementar o cualquier concesión de aprovechamientos de recursos naturales.

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