El régimen carcelario de excepción tiende a desaparecer en países, a medida que evoluciona el derecho administrativo y se tiene un enfoque de derechos humanos. En este tipo de cárceles se encuentra la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como el Chipote, que por razones históricas y el papel que juega la Policía en el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se ha fortalecido.
En el Chipote actualmente se encuentran presos políticos que tienen entre 410 y 40 días detenidos. Los familiares de quienes se encuentran en estas celdas han denunciado maltratos, torturas y solicitado su liberación, así como la entrada de Cruz Roja Internacional y organizaciones de derechos humanos internacionales para evaluar el estado en que se encuentran los detenidos.
Uriel Pineda, especialista en derechos humanos, explicó a LA PRENSA que el Chipote es un “régimen carcelario de excepción” y que este tipo de sistemas penitenciarios entraron en un debate constitucional en Estados Unidos desde hace casi cien años y la tendencia es la eliminación de estas cárceles, poniendo como ejemplo el cierre de la cárcel de Alcatraz.
“Lo que pasa en Nicaragua es que nos hemos venido matando de guerra en guerra y no nos hemos preocupado por actualizarnos desde una perspectiva del derecho administrativo. En otros países funciona diferente y así está diseñado todo el tema del derecho internacional de los derechos humanos en materia de los privados de libertad, y es que debe haber una instancia especializada en el tratamiento de las personas privadas de libertad y ahí te vas a encontrar la regla de separación aplicada a los procesados y los condenados”, detalló Pineda.
Consideró que es “inaceptable y arcaico” que en Nicaragua hasta la fecha existan celdas en manos de la Policía.
“Qué ocurre en cualquier país: cuando hay una detención, existe esa detención y esa persona es trasladada tal vez por algunas horas a una estación policial por faltas administrativas o delitos menores, pero cuando el tema es más grave ya son sujetos de tratamiento en un centro penal especializado y existe por ejemplo protocolos de recepción de personas privadas de libertad. Una vez que un agente de policía lleva a una persona privada de su libertad por mandato judicial hay un examen físico que se hace para descartar la tortura o malos tratos por la autoridad judicial”, ejemplificó el especialista.
Añadió que en los países más desarrollados, incluso los de América Latina, este concepto de “celdas provisionales” en manos de la policía o no existen o existen con fines “administrativos”, para detener por algunas horas a personas que cometieron delitos menores, por ejemplo: una persona que fue encontrada conduciendo en estado de ebriedad o que tuvo un accidente de tránsito.
“En Nicaragua y desde hace mucho tiempo, incluso antes de Ortega, me remonto más allá. La Guardia Nacional tenía esa función de prisión. Lo que ha pasado es que el derecho administrativo y particularmente estos temas de privación de libertad han evolucionado y nosotros seguimos en el debate de cómo establecer una democracia y salir de las dictaduras”, recordó Pineda.
Explicó que estos regímenes de excepción han sido prohibidos, mencionando por ejemplo que la Corte Suprema de Estados Unidos emitió una sentencia sobre este tema hace 80 años, pero en Nicaragua se sigue usando este tipo de sistemas “porque simplemente no hemos tenido una actualización del catálogo de derechos humanos por así decirlo, pero ya implementado en un sentido sustantivo, más allá de una enunciación que se haga en la Carta Magna, en la Constitución Política”.
Consideró que la causa puede ser razones históricas que han sido reforzadas. “Recordemos que la Policía Nacional es el principal apoyo del régimen (Ortega-Murillo). No solo reprime sino que es también quien tiene cautivos a los presos políticos. Es una extensión de esa represión, pero al mismo tiempo es una falta de actualización y de construcción de un Estado de derecho y una falta de visión con enfoque de derechos humanos en el tratamiento de las personas privadas de libertad”, finalizó el especialista.
