Con miras a un eventual retorno de la democracia en Nicaragua, el centro de investigación Expediente Abierto propuso este lunes una “hoja de ruta” que consiste en nueve pasos encaminados a restituir una justicia eficaz en Nicaragua desde la Fiscalía.
El consultor internacional en reforma legal y fortalecimiento de los sistemas de justicia en América Latina, Alexander Rodríguez Campos, fue uno de los colaboradores en la elaboración de la propuesta denominada “Un Ministerio Público para la democracia: ideas para el mejoramiento en Nicaragua”.
En el pasado, Rodríguez fue uno de los especialistas en derecho penal que participó como asesor en el proceso de reforma de justicia penal de Nicaragua, por eso en este evento se resaltó su colaboración en la elaboración de la propuesta de los nueve pasos.
“Creo que el aporte más importante va a ser como alguien que conoce Nicaragua, que entiende lo que ha sucedido y que realmente compara lo que ha sucedido con lo que se hizo, y está completamente convencido que es necesario otro ciclo de reformas”, manifestó el moderador del evento y director de Expediente Abierto, Javier Meléndez.
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En el evento virtual, Rodríguez destacó la gran necesidad de que el Ministerio Público no responda a intereses políticos ni económicos.
En ese sentido, manifestó que “cuando un Ministerio Público se dedica a complacer a la clase política y a la clase económica o empresarial corrupta, el Ministerio Público es un órgano desestabilizador de la democracia”.
También participaron como comentaristas de la propuesta la doctora en derecho, de origen nicaragüense, María Asunción Moreno, y la también abogada peruana, Úrsula Indacochea.
El régimen de Daniel Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo, usa el sistema judicial como instrumento de represión contra sus adversarios políticos, de ahí la necesidad de reformarlo, según los expertos.
Particularmente a través del Ministerio Público de Nicaragua, el régimen Ortega-Murillo acusó a decenas de opositores de diversos crímenes, para luego pedir apertura de procesos judiciales que los mantuvieron en la cárcel hasta su condena.
Aunque los especialistas en derecho penal reconocen que el proceso de reformas que modernizó el marco penal en Nicaragua hace al menos 10 años fue satisfactorio, sin embargo, en los últimos tres años el régimen de Ortega lo ha modificado a su conveniencia para penalizar las acciones de los opositores.
Pasos que contiene la propuesta: “Un Ministerio Público para la democracia: ideas para el mejoramiento en Nicaragua”.
Primer paso
“Modificar el nombramiento de fiscal general y fiscal general adjunto”. Es el primer paso propuesto, bajo el cuestionamiento de los nombramientos político-partidarios de los fiscales, que es una práctica que ocurre en el país de manera formal desde hace más de 20 años, como resultado de los acuerdos políticos entre el expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, y el círculo de poder sandinista encabezado por Daniel Ortega, en aquel entonces en la oposición.
La propuesta plantea que “el nombramiento de estos jerarcas por la Asamblea Nacional en Nicaragua compromete su independencia y objetividad y la de todos los fiscales”.
“Para eliminar o disminuir esta influencia negativa es útil considerar la reforma constitucional para conformar un Consejo de la Judicatura que sea el órgano rector que nombra y remueve a los magistrados de la Corte Suprema y el fiscal general y el fiscal general adjunto. Este Consejo propuesto es muy distinto, es distinto al existente en el Consejo de Administración de la Carrera Judicial, a cargo
del poder judicial, que preside un magistrado. Actualmente ese Consejo está politizado y se
usa para girar instrucciones en casos”.
“En todo caso, debe prohibirse la reelección de los magistrados y jerarcas del Ministerio Público”.
Segundo paso
“Un proceso de depuración institucional”. Esta propuesta plantea que “para un sistema judicial es imposible e inviable hacer un proceso de depuración total”, “no obstante, debe ser prioridad iniciar procesos de remoción de los fiscales y demás funcionarios que planificaron, aconsejaron, ejecutaron actos de persecución jurídica en contra de opositores políticos, ciudadanos o periodistas, sobre todo a partir de abril de 2018”. “También deben removerse del cargo y prohibirse a futuro la incorporación como fiscales de exmiembros de la Policía Nacional, el Ejército o el poder ejecutivo o legislativo”.
“De igual manera, debe revisarse la situación laboral de los fiscales que fueron nombrados sin seguir el trámite de concurso que prevé la ley de carrera del Ministerio Público”.
“Al mismo tiempo, debe convocarse a un proceso público para incorporar a nuevos fiscales, sin dejar de lado que debe retomarse la experiencia e integridad de fiscales que fueron despedidos o
acosados para renunciar al negarse a cumplir órdenes ilegales de la Fiscalía”.
“En el mismo orden, todas las jerarquías de la fiscalías deben cambiarse por falta de confianza técnica”.
Tercer paso
“La creación de jurisdicción transicional”. Se plantea como una “necesidad política de primer orden”, para “el esclarecimiento de los delitos cometidos por funcionarios y de particulares que actuaron en contubernio y/o tolerancia de las autoridades”.
La propuesta explica que por esa relevancia, este proceso “no puede ser confiado a los mismos órganos y sujetos que contribuyeron a la desestabilización de la democracia”.
“Esto hace necesario una reforma constitucional para crear una Jurisdicción de Justicia Transicional que debe estar integrada por investigadores, fiscales y jueces extranjeros, durante al menos seis años, para sentar esas responsabilidades. Junto a la voluntad política de renovación, la cooperación internacional será indispensable para su éxito”.
La particularidad del caso, por ende, hace especialmente necesario el asesoramiento técnico internacional durante este proceso, señala.
Cuarto paso
“Diseño y aprobación de políticas de priorización de casos”. Este paso plantea que “ninguna fiscalía es capaz de procesar bajo la misma vía todos los casos que llegan a su conocimiento”.
“Un estándar internacional exige que las fiscalías se dediquen a investigar y perseguir y llevar a juicio los delitos más graves”.
“Los delitos menores, por ejemplo, con pena de prisión menor a cuatro años, castigados con pena de multa o días multa, deben ser atendidos por otros mecanismos como la justicia restaurativa”.
“Urge diseñar políticas de persecución o selección de casos basados en criterios de eficiencia y eficacia, con participación e información a la ciudadanía. Esto significará una aplicación
igualitaria de la ley e impedirá la manipulación de las fiscalías con intereses políticos”.
Quinto paso
“Creación de Policía Técnica de Investigación o Policía Judicial”. Se valoró que “en Nicaragua los procesos penales han sido diseñados para que los fiscales realicen la investigación jurídica de los delitos, pero para ello dependen de la coordinación con los órganos operativos de la investigación”.
“Pese a ello, en un sistema en el que la Policía fue fundada y sigue las instrucciones directas de un partido político, los policías dominarán la investigación sobre los fiscales. Así, para poner
las cosas en orden, es indispensable crear una agencia de investigación judicial que sea profesional y responda únicamente a los intereses de la justicia”.
“Esta unidad debe tener amplia independencia operativa respecto de la Fiscalía general”.
“Debe ubicarse estratégicamente en los lugares de mayor incidencia delictiva”.
“Para su conformación, además de la unidad de investigación o detectives, deben sumarse los laboratorios de criminalística de la Policía Nacional y la Dirección de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia, cuyos miembros, equipos e instalaciones pasarán a formar parte de esta nueva institución”.
“A pesar de formar parte del Ministerio Público, esta agencia de investigación debe actuar únicamente bajo criterios profesionales y debe respetar la presunción de inocencia y el derecho de defensa”.
Sexto paso
“Capacitación de fiscales”. Se valoró que “actualmente el Ministerio Público posee una unidad de capacitación sin mayor incidencia en el desempeño institucional y que centra su accionar en el adoctrinamiento político y partidario”.
“La capacitación debe realizarse para mejorar las competencias y habilidades de los funcionarios. Es indispensable diseñar programas de formación básica y de especialización, que tengan como eje el respeto a los derechos humanos y las habilidades de litigación oral ante las cortes”.
Séptimo paso
“Creación de estándares de medición”. Teniendo en cuenta la experiencia comparada de otros ministerios públicos en la región, el Ministerio Público debe desarrollar criterios de evaluación anual de los fiscales, que tome en cuenta no solo criterios cuantitativos, sino también de calidad de las intervenciones de los fiscales en los casos.
“Estos parámetros deben regularse con claridad y deben verificarse anualmente por la supervisión de fiscalías, la que propondrá un plan individual de mejora, de ser el caso, y elaborará recomendaciones generales para capacitar o aplicar políticas institucionales”.
Octavo paso
“Presupuesto institucional”. La propuesta reconoce que “el Ministerio Público cuenta con recursos limitados para llevar a cabo sus labores”.
“Las asignaciones de presupuesto dependen del Ejecutivo, y dependiendo de la buena o mala relación, así podrá ampliarse o limitarse las dotaciones económicas. Un estándar importante es la fijación constitucional de un porcentaje mínimo y fijo para distribuir anualmente (lo mismo debe hacerse con el poder judicial)”.
“El monto debe definirse considerando las necesidades de las fiscalías, así como la incorporación de la policía de investigación, y sin perjuicio de que en el futuro pueda ampliarse con más partidas de presupuesto”.
Noveno paso
“Relación con la ciudadanía”. El Ministerio Público debe orientarse a perseguir los delitos conforme a la ley, sin plegarse a intereses políticos ni a otras presiones externas. Por ello debe mantener una política institucional de comunicación con la ciudadanía y los medios de comunicación para conocer sus expectativas y las necesidades de persecución en lugares o temas”.
“Pero no solo eso, sino que la orientación institucional debe desarrollar una política de rendición de cuentas por propia voluntad de la Fiscalía, pero también con apertura para ser escrutada por organismos como observatorios, universidades, agencias internacionales, etc., dejando en reserva los datos que puedan afectar las investigaciones en curso”.
“Para hacer esto, aunque hoy día no es necesaria la ley de acuerdo con los modelos de justicia abierta, para el caso nicaragüense podría ser conveniente definir los mecanismos de rendición de cuentas en la Ley orgánica del Ministerio Público”.