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Ministerio de Gobernación. Archivo/LA PRENSA

Rector de Universidad Paulo Freire: “No sentimos ni creemos que haya algún tipo de hostilidad contra nosotros”

El Departamento de Registro de Asociaciones del Migob citó a esa universidad para que en un plazo de 15 días presente todos sus estados financieros de 2020

La Universidad Paulo Freire informó este martes a través de un comunicado, colgado en redes sociales, que el Departamento de Registro de Asociaciones del Ministerio de Gobernación (Migob) la citó para el pasado 13 de enero, para que en un plazo de 15 días presente todos sus estados financieros de 2020 y para responder a “notas aclaratorias” relacionadas con sus estados financieros de 2017 a 2019.

El rector de esa universidad, Adrián Mesa, manifestó en conversación telefónica con LA PRENSA que no creen que esa citatoria se deba a que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tenga algo en su contra.

“No sentimos ni creemos que haya algún tipo de hostilidad contra nosotros. Nosotros nos vamos a presentar. Creemos más bien que el Ministerio de Gobernación está equivocado. No es que nosotros no presentamos los estados financieros, sino que el funcionario, que ya no recuerdo cómo es su nombre, no los recibió”, dijo Mesa, asegurando que, más bien, las relaciones con las entidades que rigen al sector universitario y la universidad son muy cordiales.

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Según el comunicado de la UPF, el 27 de febrero de 2021 intentó entregar sus reportes financieros de 2020, pero el Migob se negó a recibirlos. En esa comunicación celebra que “finalmente” la Dirección de Registro de Asociaciones del Migob haya decidido citarlos para cumplir con la entrega de esos reportes.

Explicó que nunca han recibido comentarios u observaciones sobre los estados financieros de 2017 a 2019.

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Comunicado de la Universidad Paulo Freire. Tomada de su cuenta oficial de Facebook.

Antecedentes

El régimen Ortega Murillo ordenó cancelar la personería jurídica a la Universidad Hispanoamericana (Uhispam) el pasado 13 de diciembre.

El Ministerio de Gobernación sustentó la petición de despojar a esa universidad de su personería jurídica alegando que su junta directiva estaba acéfala desde 2021, y también que desde el 2020 no había presentado ante esa instancia reguladora sus estados financieros, con sus desgloses detallados y beneficiarios finales.

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