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CONTENIDO EXCLUSIVO.El régimen de Daniel Ortega fue por segunda vez condenado con 26 votos la semana pasada en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), una cantidad de votos que a simple vista parecen suficientes para suspender a Nicaragua en noviembre próximo, tras los fallidos comicios y las violaciones de derechos humanos que la dictadura ha agravado a medida que se acerca el día de la votación.
Para suspender a Nicaragua se requiere el respaldo de 24, de los 34 Estados miembros, que de concretarse empeoraría no solo el aislamiento internacional del que ya es objeto la dictadura orteguista, sino que también su fuente de financiamiento a través de las multilaterales que aún le ayudan se pondría en riesgo.
Pero aunque los Estados miembros parecen haberle elevado la parada a Ortega, puesto que por primera vez ningún país votó en contra de una resolución de las tantas que ha adoptado el organismo desde el 2018, los analistas admiten que pese a esos 26 votos aún no es seguro que a Nicaragua se le aplique el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana (CDI).
Lo que sí estaría casi asegurado es que los gobiernos desconozcan los resultados de las elecciones presidenciales del próximo 7 de noviembre, lo declararía ilegítimo a Ortega, pero eso no dejaría a Nicaragua fuera de la organización, dijeron fuentes consultadas por LA PRENSA.
En la resolución, que fue avalada por 26 países y 7 se abstuvieron, los países miembros acordaron analizar los resultados de las elecciones durante la 51 Asamblea General, que se celebrará en Guatemala entre el 10 y 13 de noviembre. Ahí es donde se confirmará si finalmente el organismo dará el paso que más han reclamado los opositores en Nicaragua: suspender al país de la OEA.
Esta es la segunda vez que una resolución de la OEA alcanza 26 votos a favor. La primera fue el 15 de junio de este año, pero esa vez hubo tres votos en contra, por lo que la actual resolución abre más las posibilidades de que el organismo emplee otras acciones de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana.
“Las dos últimas resoluciones del Consejo Permanente han logrado una alta votación. Fue prácticamente una resolución aprobada por consenso, pero estas dos resoluciones no han tocado el tema de la suspensión de Nicaragua o aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática. Sobre ese tema no sabemos si existen los votos necesarios. El tema de la suspensión es posible que no llegue a plantearse y que la próxima Asamblea General se centre en el tema de la falta de credibilidad de los resultados de las votaciones del 7 de noviembre“, consideró un analista político y especialista en diplomacia bajo condición de anonimato, ante la persecución de la dictadura contra estas fuentes.
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De acuerdo con el especialista, para abordar el tema de la suspensión de Nicaragua de la OEA, el Consejo debió haber convocado a una Asamblea General extraordinaria donde nuevamente se analice la situación del país. “Lo que habrá en Guatemala a partir del próximo 10 de noviembre será una Asamblea General ordinaria, y de conformidad a los términos de la resolución aprobada lo que habrá será una valoración de las votaciones del 7 de noviembre. Lo que sí habrá es un pronunciamiento sobre esas votaciones”, reiteró.
¿Qué detiene el proceso de suspensión?
La última resolución de la OEA sobre Nicaragua señala, entre otros puntos, «adoptar, si es necesario, otras acciones en conformidad con la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, incluida una valoración de las elecciones del 7 de noviembre durante la 51 Asamblea General».
Para la analista política y cientista social, Haydée Castillo, los 26 votos de esa resolución también pueden ser para declarar ilegítimo al gobierno de Daniel Ortega —como fue en el caso de Venezuela— y además aplicar el artículo 19 de la Carta Democrática, que sería una separación temporal del Estado de Nicaragua del organismo y no el artículo 21.
A criterio de Castillo, puede haber obstáculos existentes para aplicar el artículo 21, entre ellos que son los mismos gobiernos los que votan y algunos pueden tener un compromiso más genuino con los derechos humanos, la democracia y la justicia, pero a otros “les mueve el interés meramente económico y político que algunas veces está por encima del compromiso con la democracia y los derechos humanos”.
Otro factor que impide el avance del proceso, según Castillo, es que hay países que se abstuvieron y actualmente se encuentran sumamente cuestionados y conflictuados internamente por la falta de democracia y transparencia, así como su criminalización a defensores de derechos humanos y en aspectos parecidos con el comportamiento absolutista de Ortega.
Los países que se abstuvieron de votar fueron: Barbados, Bolivia, Honduras, Argentina, México, Guatemala y San Vicente y las Granadinas. Cabe destacar que México y Argentina han condenado la situación de Nicaragua, como la detención de los líderes opositores y la violación de los derechos humanos, pero rechazan intervenir en asuntos internos del país.
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Al respecto, el especialista en diplomacia ejemplificó que la posición de México y Argentina “es cada día más insostenible”. “La justificación de México por haberse abstenido en la votación de la última resolución es incoherente y hasta ridícula, una vergüenza para la diplomacia mexicana. Pero además esas posiciones se ven muy comprometidas por el rechazo que han merecido de parte del gobierno de Ortega. Mantenerlas tiene un costo político cada día más elevado a lo interno de los dos países”, manifestó la fuente.
“Algunos países resienten que se haya reelecto Almagro (secretario general de la OEA) y por ello no se suman al consenso que se propone, otros tienen un claro compromiso con el Alba y el chavismo y reciben beneficios económicos vinculados al petróleo”, agregó Castillo.
Seguir el mismo camino que con Somoza
El especialista en diplomacia analizó que el principal obstáculo del proceso de suspensión de Nicaragua ha sido la falta de convencimiento de algunos Estados de que esta decisión sea el camino más apropiado para lograr la democracia y el respeto a los derechos humanos en el país.
En 1979, cuando la OEA se pronunció contra la dictadura de Somoza, condenando y pidiendo un relevo inmediato, los Estados miembros estaban de acuerdo que se necesitaba ponerle fin a ese régimen, pero no lograron consensuar rápidamente una resolución definitiva. Según el especialista, para este tiempo no existía la Carta Democrática Interamericana y “los esfuerzos diplomáticos fracasaron uno tras otro”.
“Las circunstancias fueron diferentes. Lo que había en Nicaragua era una lucha armada contra la dictadura de los Somoza. Los esfuerzos diplomáticos también fracasaron uno tras otro (y) no fue sino hasta última hora que la famosa Reunión de Consulta aprobó una resolución exigiendo la renuncia de Somoza, cuando la dictadura en el terreno militar y político estaba ya perdida de forma irreversible. La diplomacia ayuda y presiona para buscar soluciones pacíficas, pero casi siempre va detrás de los hechos”, declaró la fuente.
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Castillo señaló que su organización Nicaragüenses en el Mundo (NEEM) envió una carta a la OEA desde el 27 de mayo de 2020, con base en su estrategia de la Ruta del Volcán, donde proponía que se siguiera el mismo proceso aplicado a Somoza. En el documento solicitaron que se invocara el artículo 61 de la carta de la OEA (no de la CDI), que establece que “la reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores deberá celebrarse con el fin de considerar problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados Americanos y para servir de órgano consultivo”, y el artículo 62, que expresa que “cualquier Estado Miembro puede pedir al Consejo Permanente que se convoque a la Reunión de Consulta”, cuya convocatoria se decide por mayoría absoluta.
“Dado que la Asamblea General de la OEA de octubre de 2020 reconoció que en Nicaragua hubo un rompimiento del orden constitucional, y basados en la última resolución de la OEA de este 20 de octubre de 2021, ya no hay excusa para que la OEA no actúe declarándose ilegítimo y separándolo temporalmente de la OEA. Además, pueden recurrir perfectamente a la Carta de la OEA, al arto 61 y 62, que fue lo que hicieron con Somoza, ya que, ante la ausencia de un gobierno constitucional a partir del 7 de noviembre, forzosamente se debe conducir a un proceso de transición democrática en el país”, expuso Castillo.
La experiencia con Maduro
En el 2019 la OEA no reconoció la legitimidad del período del régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, además de aceptar como representante permanente al “designado” por el Parlamento de Venezuela, presidido por el líder opositor, Juan Guaidó.
“Algo que también ha incidido en este tratamiento diferenciado es que en Venezuela quedaba aún un resquicio pequeñito de separación de poderes con la Asamblea Nacional, que —a diferencia de Nicaragua— sí era plural y tenía mayoría opositora, mientras que en Nicaragua este poder del Estado está subordinado y bajo el mando de la pareja Ortega Murillo”, declaró Castillo.
“El caso de Nicaragua es peor por así decirlo y requiere un tratamiento particular, y lo he dicho en múltiples ocasiones que para que la comunidad internacional y el pueblo de Nicaragua confíe en la oposición y no tema a un vacío de poder ante tanta competencia, dispersión y desarticulación de los actores que propugnan por la restauración democrática en el país, requiere de una urgente concertación entre tantos grupos y liderazgos, que sin exclusión se abran a una conversación urgente para unificar una estrategia, una propuesta y una vocería colectiva que goce de legitimidad, tanto dentro de Nicaragua como afuera, atendiendo a la voluntad del pueblo de Nicaragua y sin sustituirlo”, añadió.
Nicaragua celebrará elecciones el próximo 7 de noviembre, luego que el régimen de Ortega diseñara el proceso a su medida desde el año pasado, cuando comenzó a aprobar un paquete de leyes que le permitieron apresar a todos los aspirantes presidenciales opositores, críticos independientes, líderes estudiantiles, líderes campesinos, profesionales y hasta líderes del sector empresarial. La dictadura pretende completar 20 años en el poder y mantener el control de todos los poderes del Estado.
En el proceso no participará la observación internacional y además el régimen expulsó a todos los partidos opositores y solamente permitió que cinco aliados formen parte del proceso, para intentar dar un grado de legitimidad a las elecciones, lo que no ha convencido a la comunidad internacional.