El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este jueves una lista de funcionarios y exfuncionarios públicos de El Salvador, Honduras y Guatemala, señalados de corrupción y de socavar procesos o instituciones democráticas en sus respectivos países.
La lista, conocida como “Lista Engel”, incluye a 14 personas que han desempeñado funciones públicas en El Salvador, entre estas siete actuales que trabajan bajo la administración del presidente Nayib Bukele.
Dentro de los actuales funcionarios salvadoreños señalados están el asesor legal del presidente Bukele, Conan Tonathiu Castro Ramírez, a quien el Departamento de Estado norteamericano señala de socavar procesos o instituciones democráticas “al ayudar en la destitución inapropiada de cinco magistrados de la Corte Suprema y el Fiscal General”. Estos hechos ocurrieron el 1 de mayo de este año, cuando la Asamblea Legislativa, dominada por diputados afines a Bukele, durante su primera plenaria desintegraron la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con la destitución de sus cinco magistrados propietarios y cuatro suplentes que la integraban, y al fiscal general Raúl Melara.
El documento norteamericano además incluye en la lista al actual ministro de Trabajo, Óscar Rolando Castro, por “obstruir las investigaciones sobre corrupción y socavar los procesos o instituciones democráticas en un esfuerzo por dañar a sus oponentes políticos”; a la jefa de gabinete de Bukele, Martha Carolina Recinos de Bernal, por “hacer mal uso de fondos públicos para beneficio personal”; y al actual magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Luis Guillermo Wellman Carpio, por “provocar serias e innecesarias demoras en los preparativos electorales y tabulación de resultados para su beneficio personal y permitiendo la influencia maligna de China durante las elecciones salvadoreñas”.
También están señalados los actuales funcionarios: Osiris Luna Meza, Viceministro de Seguridad y Director de Prisiones; Carlos Armando Reyes Ramos, actual miembro de la Asamblea Legislativa y Walter René Araujo Morales, ex miembro y presidente del Tribunal Supremo Electoral.
Además los otros exfuncionarios: Othon Sigfrido Reyes Morales, exlegislador del partido FMLN; Rogelio Eduardo Rivas Polanco, exministro de Seguridad y Justicia; Adolfo Salume Artinano; Pablo Salvador Anliker Infante, exministro de Agricultura; José Luis Merino, ex viceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento para el
Desarrollo; Ezequiel Milla Guerra, exalcalde de La Unión y José Aquiles Enrique Rais López.
La lista se redactó a partir de la aprobación de la Ley de participación mejorada del Triángulo Norte, que se aprobó en diciembre de 2020 y fue promovida por el congresista Eliot Engel. Según el documento, todos los señalados no podrán tramitar visas y entrar a Estados Unidos, incluso, si ya la tienen, estas serán revocadas y “se le cancelará cualquier otra visa válida o documentación de entrada”.
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De la administración hondureña
Sobre Honduras, la lista incluye a 21 personas, entre estas el expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), por estar involucrado “en una corrupción significativa mientras era presidente cuando aceptó sobornos de la organización narcotraficante Los Cachiros a cambio de favores políticos”. También está su esposa y exprimera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo, por “fraude y malversación de fondos públicos”.
Durante una entrevista con una radio hondureña Lobo Sosa, reaccionó a su incorporación a la lista afirmando que “no sirve porque no la encabeza el mayor corrupto de la historia de Honduras, que es Juan Orlando Hernández”, actual presidente hondureño.
La Lista Engel además incluye 15 actuales diputados del Congreso de Honduras: Gustavo Alberto Pérez, José Celin Discua Elvir, Rodolfo Irias Navas, Gladys Aurora López, Miguel Edgardo Martínez Pineda, Sara Ismela Medina Galo, Oscar Nájera, Milton Jesus Puerto Oseguera, Audelia Rodríguez Rodrigo, Dennys Antonio Sánchez Fernández, Elvin Ernesto Santo Ordóñez, Juan Carlos Valenzuela Molina, Elden Vasquez, Welsy Milena Vásquez López y Román Villeda Aguilar.
Los legisladores están señalados de “corrupción significativa” a través de la malversación de fondos, apropiación de fondos y de obstrucción de las investigaciones sobre corrupción
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Los funcionarios guatemaltecos
En el caso de Guatemala, la lista incluye a 20 personas, entre estas el expresidente Álvaro Colom (2008-2012), por participar “en un fraude y malversación de un nuevo sistema de autobuses en la Ciudad de Guatemala conocido como Transurbano”.
También el Departamento de Estado incluye a los magistrados de la Corte Suprema, Néster Vásquez y Manuel Duarte Barrera, y de la Corte Constitucional, Mynor Mauricio Moto Morataya. También a los excandidatos presidenciales Mario Estrada y Alejandro Sinibaldi, también exministro.
Todos estos señalados por corrupción significativa, obstrucción de investigaciones de casos de corrupción y malversación de fondos públicos.
Los otros funcionarios o exfuncionarios guatemaltecos dentro de la lista son: Gustavo Adolfo Alejos Cambara, exjefe de gabinete presidencial de Guatemala; Felipe Alejos Lorenzana, exprimer secretario del Congreso de Guatemala; Delia Bac Alvarado, exrepresentante del Congreso; Florencio Carrascoza Gamez, actual alcalde de Joyabaj; Boris Roberto España Cáceres, actual representante del Congreso en el Congreso de Guatemala; Raúl Amilcar Falla Ovalle, un abogado de la ONG Fundación Contra el Terrorismo; Moisés Eduardo Galindo Ruiz, un abogado de la ONG Fundación Contra el Terrorismo; Juan Carlos Godínez Rodríguez, abogado y exmiembro de una comisión del Congreso encargada de seleccionar a los magistrados de la Corte Suprema; Gustavo Adolfo Herrera Castillo, político y empresario; Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdez, el fundador y representante legal de la ONG Fundación Contra el Terrorismo; Guillermo Estuardo de Jesús Sosa Rodríguez, ex viceministro de Comunicaciones; Blanca Aida Stalling Dávila, exjueza de la Corte Suprema de Justicia; Élder de Jesús Súchite Vargas, exministro de Cultura; Jorge Estuardo Vargas Morales, actual representante del Congreso.