En el contexto del cuarto año consecutivo de represión y violación de derechos humanos en el que se encuentra Nicaragua, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, calificó de gravísima la crisis en el país y advirtió que se sigue profundizando a la vez que se han identificado las tácticas represivas que sostiene el régimen de Daniel Ortega.
El organismo internacional, presentó este lunes 15 de febrero, el informe “Silencio a cualquier costo. Tácticas del Estado para para profundizar la represión en Nicaragua”, el cual representa una continuidad del trabajo que la organización ha emprendido desde hace varios años en Nicaragua, documentando graves violaciones a los derechos humanos. Así como las violaciones a los derechos civiles y políticos, que se han experimentado en los últimos años, particularmente desde abril de 2018.
En el informe , se identifican tres tácticas centrales de la represión para ahogar la denuncia pública de violaciones de derechos humanos en Nicaragua:
Primera táctica: Detenciones arbitrarias, cargos falsos y cárcel
El organismos internacional, indica que las autoridades de Nicaragua están librando una batalla contra quienes critican sus políticas. El Poder Judicial parece ser una de sus armas favoritas.
Desde el inicio de las protestas masivas en abril de 2018, las autoridades han llevado a cabo cientos de detenciones arbitrarias, donde las fuerzas de seguridad ignoraron garantías básicas. En algunos casos, presuntos miembros de aparatos parapoliciales, vestidos de civil, han sido acusados de realizar las detenciones y luego poner a las víctimas a disposición de las autoridades policiales.
Entre las garantías que son violadas más frecuentemente, basándose en documentación realizada por organizaciones locales, explican que se encuentran: el respeto a la presunción de inocencia, la existencia de una orden judicial, el derecho a ser juzgado ante un juez independiente e imparcial, el acceso a información detallada sobre la acusación que se formula, el derecho a la defensa legal y a la comunicación libre y privada con un abogado o abogada de su elección.
Tras ser detenidas, la mayor parte de las personas identificadas como opositoras al gobierno son acusadas de cargos fabricados y llevadas a centros de detención, donde denuncian abusos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó que, entre abril de 2018 y octubre de 2020, 1.614 personas fueron encarceladas arbitrariamente por su participación en las manifestaciones. Sin embargo, a pesar que en marzo de 2019 el gobierno se comprometió a poner en libertad a todas las personas detenidas en el contexto de las protestas, organizaciones opositoras reportaron hasta noviembre de 2020, que más de 100 opositores permanecían en prisión.
Organismos internacionales, incluyendo la CIDH y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, señalan que continúan recibiendo denuncias sobre detenciones arbitrarias de personas que han participado en protestas públicas o de quienes critican las políticas del gobierno.
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Segunda táctica: Aprobar leyes para acallar las críticas y el disenso
El organismo señala que en Nicaragua, el recrudecimiento de la campaña de represión se ha visto reflejado en la utilización de nuevas estrategias, en colaboración con los poderes legislativo y judicial, para generar un ambiente de hostigamiento y violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones.
Una de las tácticas empleadas ha sido la cancelación de la personería jurídica de organizaciones de derechos humanos, el allanamiento de sus instalaciones y la incautación de sus bienes. Entre noviembre y diciembre de 2018, las autoridades estatales cancelaron el registro legal de al menos nueve organizaciones, entre ellas, el Cenidh.
El Poder Legislativo, cuya Asamblea Nacional está controlada por el partido de Daniel Ortega, también ha aprobado leyes que buscan coartar el trabajo de personas y organizaciones consideradas críticas del gobierno, como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, mejor conocida como “Ley Putin” y la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “Ley mordaza”.
Tercer táctica: La “muerte” civil
En junio de 2019 la dictadura de Daniel Ortega aprobó una Ley de Amnistía. El informe explica que en el contexto de su aprobación fueron excarceladas 104 personas detenidas por su activismo político. Sin embargo, muchas de ellas todavía no gozan enteramente de su libertad, a pesar de estar fuera de la cárcel.
“Tanto ellas como sus familias sufren actos de agresión, intimidación y hostigamiento por parte de la policía, de las fuerzas parapoliciales o de redes de control local vinculadas con el gobierno. El recrudecimiento del hostigamiento contra personas excarceladas constituye una de las tácticas que han caracterizado la represión estatal”, manifiesta el informe.
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Añade que las expresiones de acoso han incluido controles excesivos por parte de autoridades migratorias y policiales en las fronteras con países vecinos, asedio policial en actos religiosos, vigilancia continua en sus viviendas a manos de agentes policiales, detenciones, agresiones físicas, amenazas verbales directas de agentes policiales, pintas en sus casas con amenazas o calificativos de “golpistas” y ataques o daños a sus patrimonios y fuentes de ingreso.
Adicionalmente señala que la puesta en práctica de la criticada y cuestionada Ley de Amnistía ha revelado una serie de problemas. La Ley contiene la peligrosa cláusula de “no repetición” según la cual las personas excarceladas “deben abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas generadoras de los delitos aquí contemplados. La inobservancia del principio de No Repetición trae como consecuencia
la revocación del beneficio establecido por esta Ley”.
⭕En Vivo| Lanzamiento del informe SILENCIO A CUALQUIER COSTO: Tácticas del Estado para Profundizar la represión en #Nicaragua
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Amnistía Internacional ha documentado desde abril de 2018, una serie de violaciones a los derechos humanos, de personas que ejerciendo sus legítimo derecho a la libertad de expresión a la asamblea pacífica y exigencia la rendición de cuenta del Gobierno de Daniel Ortega han tenido que enfrentar una serie de violaciones a los derechos humanos que han generado una trágica crisis de derechos humanos alimentada por la impunidad.
En el contexto de represión violenta dejó al menos 328 personas asesinadas, dos mil heridas; 1,624 personas privadas de libertad arbitrariamente y que hasta la fecha se encuentran más de 100 detenidos; unos 150 estudiante expulsados de las universidades estatales; más de 400 profesionales de la salud despedidos y más de 100 mil personas se vieron forzadas a exiliarse, entre ellos, 90 periodistas y comunicadores.
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En la presentación del informe “Silencio a cualquier costo. Tácticas del Estado para para profundizar la represión en Nicaragua”, participaron como panelistas, la jurista chilena, Antonia Urrejola, relatora especial para Nicaragua de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CIDH); Vilma Núñez de Escorcia, directora y fundadora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh); Astrid Valencia, investigadora para Nicaragua de Aministía Internacional y la periodista de la cadena Univisión, Tifani Roberts de nacionalidad nicaragüense.
En Nicaragua nada está normal
Por su parte, la relatora para Nicaragua de la CIDH, Antonia Urrejola, expresó las preocupaciones que la Comisión continua teniendo sobre la crisis de Nicaragua.
Para la defensora de derechos humanos, en el país ocurre una paradoja dramática que requiere una atención muy delicada, porque mientras más se agrava la situación de derechos humanos en el país, más señales externas han ido posicionándose como resultado de una evidente acción planificada del Estado, para producir la sensación de disminución de la gravedad de la crisis de derechos humanos, o como se de en Nicaragua para producir esa sensación de que “Todo esta normal”.
“El informe que pública Amnistía Internacional se ocupa de tres patrones centrales de la represión, cuya ocurrencia muestra una imagen muy diferente a lo que pretende promover el discurso oficial, el informe que hoy día se lanza, repite lo mismo que hace permanentemente la sociedad civil nicaragüense, es decir, ‘acá nada está normal’ y así es en Nicaragua nada está normal”, expresó la relatora.
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Quinta etapa de represión
De hecho, señaló que la crisis de derechos humanos arrecia la estrategia de cierre de todos los espacios cívicos en el país “se han intensificado y con ello se ha agravado la crisis, la Comisión ha expresado hace ya casi un año (desde mediados de 2019), que identifica a Nicaragua una quinta etapa de la estrategia represiva estatal en el contexto de la crisis”, alertó.
Una etapa que la Comisión ha caracterizado como “el mantenimiento de un Estado de excepción de hecho, a través de un estado policial que mantiene suspendido o severa limitado los derechos fundamentales como la libertad de expresión y asociación donde no se permite ninguna forma incidencia, el derecho de reunión a la defensa de los derechos humanos, a la protesta social y a participar en la dirección de los asuntos públicos, consolidándose así el más intenso y sistemático ataque a las libertades públicas ocurridas en el país desde el inicio de la crisis'”.
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“Un observador externo, alguien que no ha seguido toda la crisis de derechos humanos en Nicaragua, podría decir que la situación ha mejorado en Nicaragua. Pero quienes seguimos de cerca lo que ocurre sabemos que eso no es así. Tal como lo muestra el informe que pública hoy día Amnistía, se despliega del país una acción estratégica con la finalidad de ahogar cualquier posibilidad de manifestación de libertades públicas y esta acción estratégica es cada vez más intensa”, dijo Urrejola.
Agregó además que no se puede pasar por alto la compleja situación de los crímenes en el campo que aún siguen en la impunidad y que requieren un atención urgente en el sentido de investigar ocurrencia y determinar responsabilidades. “Urgencia que hasta la fecha el Estado no ha tenido”, lamentó.
Seis recomendaciones
Amnistía Internacional, afirma que desde hace años, Nicaragua viene transitado un camino empedrado. Las violaciones a los derechos humanos que el organismo y otras organizaciones nacionales e internacionales han documentado, la falta de justicia, verdad y reparación para las víctimas, y la puesta en marcha de numerosas tácticas para hostigar y castigar a quienes las autoridades tildan de voces críticas han reducido el espacio cívico radicalmente.
Recuerdan que desde el inicio de la crisis de 2018, Amnistía Internacional ha visitado Nicaragua en varias ocasiones y emitido recomendaciones que, hasta la fecha, las autoridades estatales han ignorado. Sin embargo, la organización continúa haciendo un enérgico llamado a las autoridades de este país a respetar los derechos humanos de todas las personas en el país.
En consecuencia, Amnistía Internacional hace algunas recomendaciones al régimen de Ortega: Poner fin al hostigamiento de personas por razones políticas, acabar con las detenciones arbitrarias y liberar a las personas detenidas por ejercer sus derechos, así como el desmantelamiento de los grupos parapoliciales. Justicia, verdad y no repetición. También, adherir prontamente el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y a garantizar el escrutinio internacional.