Al menos un mes podrían estar congeladas las sesiones ordinarias del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), según las valoraciones de analistas políticos nicaragüenses.
El politólogo José Antonio Peraza dijo que el avance en el trabajo ordinario de la OEA será más lento, porque en este momento la prioridad es seguir las medidas de prevención para evitar el contagio del nuevo coronavirus (Covid-19), lo que implica no hacer reuniones con gran cantidad de personas. Los representantes o embajadores de los Estados miembros son 34 (son 35 con Cuba, pero este Estado no está activo) más sus delegaciones y otros funcionarios del Sistema Interamericano.
“Hay que esperar por lo menos un mes”, dijo Peraza, para ver si se normalizan las actividades y el trabajo en la OEA.
Sin embargo, Peraza consideró que si el Consejo Permanente se ve obligado a llamar a una sesión extraordinaria, lo hará pese a la pandemia, como ocurrió con la elección del Secretario General el pasado 20 de marzo.
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Por su parte, el analista político José Pallais Arana valoró que los Estados miembros de la OEA “están involucrados en su propio manejo de la pandemia” en este momento, así que mientras no haya un tema más urgente que el Covid-19, no es factible que se continúen con las reuniones ordinarias, “solo extraordinarias ante una real urgencia o un acontecimiento de gravedad en la región”.
En la última reunión extraordinaria, para elegir al Secretario General de la OEA, se recomendó a los embajadores de los 34 Estados miembros, participar con el mínimo de personal en sus delegaciones, para evitar la aglomeración de personas en un mismo lugar.
La OEA tiene abierto el proceso de aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática contra el Estado Nicaragua, por la “alteración del régimen constitucional que deteriora seriamente el orden democrático”, debido a la serie de violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, lo que fue confirmado por una Comisión de Alto nivel diplomático de la OEA.
Ante esta situación, el siguiente paso que establece la Carta Democrática, es la convocatoria de una Asamblea General de cancilleres, que “constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro” y que tome la decisión de “suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros”, que implica 24 votos. Los analistas aseguraron que ese proceso tendrá que esperar.
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